Del 22 de febrero a la fecha se han interrumpido al menos 29 audiencias contra autoconvocados en los Juzgados de Managua. Las interrupciones empezaron después que el gobierno anunció que iniciaría el Diálogo Nacional, el 27 de febrero, para buscar solución a la crisis social en que está sumergido el país desde el 18 de abril de 2018.
Una de las condiciones que exigía la mayoría del pueblo antes de iniciar las conversaciones entre gobierno y sociedad civil era la liberación de los presos políticos.
Además, fue una de las recomendaciones de la comisión de diputados europeos que visitó Nicaragua en enero pasado, sin embargo, los miembros de la Alianza Cívica que representan a diversos sectores sociales del país en las negociaciones del Diálogo Nacional han expresado que esas excarcelaciones fue una decisión unilateral del gobierno orteguista y lo ven como gesto de buena voluntad.
En estos siete días hábiles de interrupción de juicios, los policías antimotines se habían ausentados hasta el viernes pasado y ayer que nuevamente se desplegaron en la parte frontal de los juzgados. Aunque esa presencia es mínima para la cantidad que solía mantenerse antes de las suspensiones con el propósito de evitar las manifestaciones frente a los juzgados capitalinos de familiares que piden libertad de sus presos políticos.
Ayer, se suspendió el inicio de juicio contra los autoconvocados de Chontales Lenín Antonio Salablanca y Francisco Antonio Sequeira Sequeira, de 33 años, en el Juzgado tercero Distrito Penal de Juicio de Managua.
“Fue una cosa extraña, porque estábamos citados a una hora y nos mandaron a decir que no habría audiencia porque el sistema penitenciario no había llevado a los reos y que se reprogramaría por fuerza mayor y no dieron fecha de reprogramación ni acta, porque no logramos siquiera constituirnos en la sala de la audiencia”, explicó Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien representa a varios presos políticos.
También fue suspendida una audiencia contra un excarcelado del 27 de febrero en el Tribunal de Apelaciones de Managua.
Por terrorismo
Lenín Antonio Salablanca, de 36 años, está preso desde agosto de 2018. Está siendo procesado por terrorismo, robo, lesiones y tenencia ilegal de armas de fuego, aunque no se le ocupó ninguna arma.
Según la Fiscalía, participó en tranques ubicados a la salida de la carretera Juigalpa-Managua, departamento de Chontales. Estuvo preso en celdas de máxima seguridad por haber cantado el himno nacional en la cárcel.