El Ejecutivo propuso una reforma a la Ley General de Aeronáutica Civil (595) para quitarle el control de la dirección de aeronáutica al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), la que pasará a responder directamente a la Presidencia.
La propuesta de reforma a la Ley 595 está en proceso de consulta en la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos en la Asamblea Nacional, donde está previsto que se le dé el visto bueno. Esta semana se prevé que las modificaciones sean aprobadas por los diputados.
Se plantea en la iniciativa que la actual Dirección General de Aeronáutica Civil adscrita al MTI pase a integrar al Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), si bien seguiría con autonomía legal; sin embargo, se manda a eliminar a su consejo directivo encargado de establecer la operatividad de la entidad, por lo que su director y subdirector responderán directamente a la Presidencia, es decir, al dictador Daniel Ortega.
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Se manda a crear también la Agencia Nicaragüense de Investigaciones de Accidentes e incidentes, responsable de determinar “las causas probables” de un siniestro aéreo que se suscite en el país.
La agencia también quedará bajo la administración de la Presidencia.
La justificación del régimen para reformar la Ley 595 es que es conforme a las normas internacionales adoptas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La actual Ley 595 fue aprobada en 2006, por lo que debe actualizarse conforme “la OACI para la seguridad operacional de las actividades aéreas”.
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El INAC es el encargado por ley de la regulación, supervisión, control y aplicación de las normas que rigen los servicios de transporte aéreo, y en general, todas las actividades aeronáuticas en el país en su espacio aéreo, terrestre y “en el que envuelve sus aguas jurisdiccionales”.
Expone el manejo político
El exsecretario general del MTI, Eliseo Núñez, consideró pertinente la actualización de las normas sobre la aviación, especialmente que exista una agencia encargada de esclarecer técnicamente las causas de accidentes de aeronaves, pues cada vez son mayores los estándares de seguridad.
Lo cuestionable para Núñez es la centralización de las instituciones en Ortega, y lo considera un síntoma de la ineficiencia en el Estado.
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“Para mí es parte de la paranoia con que se gobierna este país, es la misma concentración que se hizo de la Policía y el Ejército”, dijo Núñez.
En opinión del exfuncionario, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil y la agencia de investigaciones de eventos aéreos deberían seguir adscritos al MTI, pero si el caso es darles plena autonomía en sus funcionamientos siempre deberían dar cuentas a un concejo directivo porque, según Núñez, eso reduce que las normas se apliquen con un “tinte político”.
“Una Presidencia con tantos poderes e instituciones supuestamente autónomas pero que en la práctica son dependientes evidencia la ineficiencia de un modelo rudimentario. El problema no es el funcionamiento del día a día, sino que cuando tengás un conflicto como privado con la administración pública, significa que el caso llegará hasta la Presidencia, donde se expone a que falle con visión política y no técnica”, dijo Núñez.
Todo gasto se carga a empresas
En la propuesta de la reforma a la Ley de Aeronáutica Civil se modifica el artículo 234, referente a que los gastos por las investigaciones, búsqueda, asistencia y rescate de víctimas o bienes en casos de accidentes, se mantiene que serán por cuenta del operador o poseedor de la aeronave. No obstante, lo nuevo es que los gastos se cobrarán de las pólizas de seguros que tengan las aeronaves.
En cuanto al presupuesto de la Agencia Nicaragüense de Investigación de accidentes e incidentes, el régimen plantea que este saldrá del 12 por ciento “de los ingresos netos percibidos en el INAC” por lo que cobra a las aeronaves por “el derecho de uso de la terminal del Aeropuerto Internacional”.