Unidad Azul y Blanco asegura que régimen otorgó casa por cárcel a 112 presos políticos

La Unidad detalló que los presos políticos a los que se les cambió el modelo carcelario son 100 hombres y 12 mujeres. Agregó que al menos 650 manifestantes continúan detenidos

Presos Políticos, NiCARAGUA, PROTESTAS

El proceso de la conciliación de las listas de los reos políticos no ha terminado. LA PRENSA/ Roberto Fonseca

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco informó este miércoles que el régimen de Daniel Ortega otorgó a 112 presos políticos el modelo de convivencia familiar, en medio de las negociaciones para superar la crisis sociopolítica que afecta al país desde el pasado mes de abril.

Del total de manifestantes que fueron enviados a cumplir condenas a sus casas, 100 son varones y 12 mujeres, indicó la Unidad Nacional Azul y Blanco.

 

 

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Entre los reos se encuentran 56 que están siendo procesados por «terrorismo» y otros delitos, 41 que ya fueron condenados, 9 que están presos a pesar de que no enfrentan juicios -sea porque no hay denuncia en su contra o porque permanecían en prisión aunque tenían carta de libertad-, y 6 de los que no se tiene datos, detalló la Unidad.

Adicionalmente la Unidad opositora informó que al menos 650 manifestantes continúan en prisión, a pesar de que protestar no es un delito en Nicaragua, para un total de 762 convictos, una cantidad menor que los 777 que cuenta el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

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«Casa por cárcel no es libertad. Nicaragua exige la liberación de todo los presos políticos», resaltó la Unidad.

Los cambios de modelos carcelarios, oficializados por el Ministerio de Gobernación (Migob), iniciaron el pasado miércoles, el mismo día en que representantes de Ortega iniciaron negociaciones con la también oposita Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para encontrar una salida a la crisis que ha dejado cientos de muertos.

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. Sin embargo, Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos, a los que llama «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».

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Ortega, que lleva doce años seguidos en el poder, no acepta la responsabilidad de la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales y denuncia ser víctima de un intento de «golpe de Estado fallido».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado que el régimen de Nicaragua ha cometido crímenes «de lesa humanidad», mientras que en la OEA está en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

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