La Conferencia Episcopal de Nicaragua decidirá este viernes 8 de marzo, en una reunión extraordinaria, si acepta o no participar en el diálogo o negociación del régimen de Daniel Ortega con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que desde el 27 de febrero se está realizando en el Incae.
Los negociadores de la Alianza y del régimen orteguista invitaron al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, para que participe en el diálogo o negociación acompañado por dos asesores que él mismo puede escoger.
Pero en casos como este los obispos de la Iglesia católica no actúan a título personal, lo hacen de manera colegiada, como Conferencia Episcopal, que por tanto es la que tiene la responsabilidad de tomar en su reunión de mañana viernes, la decisión que los obispos estimen más conveniente.
Entre los obispos, como en la población nicaragüense en general, no hay confianza en que Ortega esté actuando de buena fe y con transparencia en este diálogo o negociación política sobre el destino de Nicaragua. Para los obispos de la Iglesia católica tiene que ser muy difícil confiar en quien de manera irresponsable los ha acusado de golpistas y promotores del terrorismo, porque ellos se pusieron del lado del pueblo y condenaron la despiadada represión de la Policía y fuerzas paramilitares contra las protestas pacíficas; y sobre todo porque la Conferencia Episcopal le propuso como solución de la crisis, adelantar las elecciones con garantías plenas de transparencia y credibilidad.
Pero en su misión profética los sacerdotes y obispos de la Iglesia católica siempre han estado expuestos a este tipo de ataques; en algunos casos inclusive han sido martirizados —como monseñor Oscar Arnulfo Romero, el arzobispo de El Salvador asesinado en marzo de 1980 y ahora santificado—, pero no por eso han dejado de acompañar a su pueblo y testificar a su favor.
Ahora, al invitar al presidente de la Conferencia Episcopal a participar en el diálogo o negociación política como testigo y acompañante nacional, con dos asesores que él escoja, Ortega se ha debido tragar sus propias palabras y ha reconocido de hecho que fue una calumnia y un perverso ataque contra la Iglesia católica, las acusaciones infundadas que hizo contra los obispos en su discurso del 19 de julio del año pasado; ataques que los orteguistas fanáticos y medios de propaganda oficialista tomaron como orientación para agredir verbal y físicamente a pastores y templos católicos.
De cualquier manera, la Iglesia católica no debe eludir una responsabilidad que ciertamente es muy compleja, pero que tiene que afrontar con valor pastoral, como es la de ser testigo de calidad y confianza en la negociación política del régimen con la oposición democrática representada por la Alianza Cívica.
La negociación política es el único camino que puede llevar a una solución cívica y democrática de la crisis y evitar que el país caiga en el despeñadero. Y los obispos, con su participación testimonial y su integridad moral, pueden ayudar a que se abra ese camino.