Fue una jornada tumultuosa en un lugar más acostumbrado a los rezos y el recogimiento que ahora sin embargo se encuentra en el ojo del huracán.
Fiscales y policías judiciales irrumpieron el jueves en el corazón administrativo de la Iglesia católica en Costa Rica, la Conferencia Episcopal, para allanar las instalaciones del Tribunal Eclesiástico y la Curia Metropolitana.
Según el Ministerio Público, la actuación judicial -que fue posteriormente criticada por las autoridades eclesiásticas- se dio en el marco de “dos investigaciones independientes que se siguen contra dos sacerdotes, sospechosos de presuntos delitos sexuales en perjuicio de menores de edad”.
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El primero de ellos es Mauricio Víquez Lizano, quien está acusado del delito de violación y sobre quien pesa una orden de captura internacional.
Sobre el segundo, Manuel Guevara Fonseca, por el momento pesa una única acusación formal por abusos sexuales en contra de un menor.
Y ambos casos son apenas la punta del iceberg de un escándalo creciente que ya hizo que la Iglesia católica costarricense pidiera perdón de forma pública el pasado 1 de marzo.
Durante los últimos meses, varios hombres han denunciado haber sido violados o abusados en su infancia por sacerdotes de la Iglesia católica de Costa Rica y, según el diario La Nación, el allanamiento del Tribunal Eclesiástico incluso impidió que otro hombre presentara ahí una segunda denuncia en contra de Guevara.
Pero aunque las autoridades eclesiásticas se dijeron dispuestas a cooperar y afirmaron confiar en los procesos judiciales costarricenses, también denunciaron “el uso excesivo de fuerza” por parte de fiscales y policías judiciales, a los que también acusaron de tratar de intimidar a sus colaboradores.
El secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, padre Mauricio Granados, también dijo que estaban preocupados por la filtración de información contenida en los documentos secuestrados durante el allanamiento, la que dijo estaba siendo presentada “fuera de contexto”.
Los casos
El más explosivo de los casos es el de Mauricio Víquez, de 54 años, a quien el Vaticano expulsó definitivamente del sacerdocio el 25 de febrero pasado.
La iglesia, sin embargo, parece haber recibido las primeras denuncias de abuso en su contra en 2003.
Y la presunta violación de un menor por la que lo requieren las autoridades costarricenses se habría producido en septiembre de ese mismo año, cuando el exsacerdote se desempeñaba como párroco de la iglesia de Patarrá, en Desamparados, provincia de San José.
Según el expediente judicial, la víctima de la violación fue un niño de 11 años, lo que significa que la acción penal podría prescribir en septiembre, pues para entonces ya habrán pasado diez años desde que la víctima alcanzó la mayoría de edad.
Y por el momento no se conoce el paradero del exsacerdote, quien abandonó el país el pasado 7 de enero.
En total, son al menos nueve los hombres que han denunciado a quien también fuera vocero de la Iglesia católica costarricense contra el matrimonio igualitario.
Y tanto el actual arzobispo de San José, José Rafael Quirós, como el arzobispo emérito, Hugo Barrantes, han sido acusados ante las autoridades eclesiales de haber encubierto al sacerdote, que solo fue suspendido en 2018. Ellos lo niegan.
La denuncia penal en contra del padre Manuel Guevara, por su parte, solo fue interpuesta en febrero de este año un día después de que las autoridades eclesiales anunciaran su destitución como párroco de Santo Domingo de Guzmán, en Heredia.
Guevara, sin embargo, no ha sido despojado de su condición de sacerdote y por el momento tampoco tiene restricciones para salir del país.
Pero el religioso, de 52 años, está obligado a presentarse una vez al mes en el Juzgado del Segundo Circuito Judicial de San José y tiene que prohibido contactar o acercarse a menos de 500 metros de su denunciante.
Y el allanamiento del jueves en busca de pruebas documentales sobre su caso y el de Víquez, impidió que otra supuesta víctima pudiera acusarlo de abuso ante el Tribunal Eclesiástico.
Según Manfred Barantes, un ingeniero de 39 años, Guevara abusó de él cuando se desempeñaba como monaguillo en Sabanilla de Montes de Oca, entre 1992 y 1993.
Pero, según La Nación, la supuesta víctima decidió no interponer la denuncia penal, porque el sacerdote era “amigo de la familia”.