1. Derecho a la vida
Antes de 2018 los organismos de derechos humanos ya habían documentado violaciones al derecho a la vida. En el campo y la ciudad se supo de muchos nicaragüenses presuntamente muertos a manos del Ejército y la Policía. Entre esos casos está el de don Mercedes Torres y sus dos hijos, masacrados en El Carrizo en noviembre de 2011; el de Andrés Cerrato, campesino ejecutado el 18 de abril de 2016 luego de denunciar ante LA PRENSA que había sufrido acoso por parte del Ejército, y el de la familia de doña Elea Valle, masacrada en noviembre de 2017. A esto habría que sumar a los reos que aparecieron muertos en sus celdas en circunstancias muy sospechosas. A partir de abril de 2018 se hizo más evidente el poco respeto que el régimen de Daniel Ortega siente por la vida humana. La violenta represión estatal contra las protestas ciudadanas causó cientos de muertos, bebés y niños incluidos.
2. Derecho a no ser sometido a detención o prisión arbitraria
Está garantizado en el artículo 33 de la Carta Magna, pero durante el régimen de Ortega se han realizado detenciones arbitrarias, se ha negado información a los parientes de los reos y se ha irrespetado el plazo de 48 horas para que el detenido sea puesto en libertad o ante la autoridad competente. Por si fuera poco —dice el abogado Gonzalo Carrión— “te asaltan en la calle, en tu casa, en cualquier lugar, unos encapuchados armados. Te arrestan y no sabés quién”.
3. Derecho a la manifestación
Es un derecho político y humano la libertad de concentración, manifestación y movilización pública. En Nicaragua, no obstante, las manifestaciones azul y blanco han sido brutalmente reprimidas e incluso prohibidas.
4. Derecho a recibir protección
Es un derecho constitucional y universal el que todas las personas sean iguales ante la ley y reciban, sin discriminación, igual protección de la ley. Sin embargo, en Nicaragua la Policía reprime a quienes se oponen al Gobierno y protege únicamente las manifestaciones del Frente Sandinista. No debería haber distingo de ningún tipo, dice el abogado Uriel Pineda. Se trata de “la universalidad de los derechos: todos los derechos para todos”.
5. Derecho a presumir inocencia
Una de las garantías constitucionales mínimas en un proceso penal es la presunción de inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad. No obstante, la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia parece ignorarlo. En diciembre de 2018, la magistrada orteguista Alba Luz Ramos condenó antes de un juicio a las personas detenidas por protestar contra el gobierno. “Cometieron incendios, asesinatos con armas industriales y hechizas, utilizaron explosivos en contra de personas, bienes públicos y medios de transporte; vimos como quemaron y secuestraron personas”, dijo.
6. Derecho a la propiedad
Terrenos privados invadidos por tomatierras, propiedades confiscadas por decreto y edificios tomados arbitrariamente por fuerzas policiales forman parte de la “normalidad” en la Nicaragua de hoy. Esto pese a que el artículo 44 de la Constitución garantiza a los nicaragüenses “el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”. “Cualquier afectación a la propiedad debe tener forma jurídica y lo que hicieron, por ejemplo, con 100 % Noticias, el Cenidh y el Ieepp, no tiene forma ni fondo. No hay una resolución judicial que lo ampare”, afirma el catedrático Uriel Pineda, experto en Derechos Humanos.
7. Derecho a la información
“Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”, establece la Constitución Política de Nicaragua. Los periodistas de medios independientes han sufrido constante asedio durante los tres últimos periodos de gobierno de Daniel Ortega. Además, se les ha negado acceso a información pública y entrada a actividades del Estado. A raíz de las protestas de abril 2018, la persecución contra el periodismo se agudizó. Incendiaron y cerraron Radio Darío. Asediaron, invadieron y cerraron Radio Mi Voz. Allanaron y secuestraron el edificio de 100 % Noticias y las instalaciones de Confidencial, Esta Semana y Niú, lo que además constituye una violación al derecho a la propiedad. Por otro lado, varios periodistas han sido detenidos temporalmente, decenas se encuentran en el exilio y dos se hallan en prisión por el ejercicio de su oficio: Lucía Pineda y Miguel Mora. Si al periodismo le niegan el derecho a buscar y difundir información, a la ciudadanía le quitan el derecho a recibirla.
LA PRENSA/ ARCHIVO/ OSCAR NAVARRETE
8. Derecho a elegir y ser electo en elecciones periódicas
A través de fraudes electorales y otras artimañas el orteguismo “hizo añicos” este derecho político, señala el abogado Gonzalo Carrión. La Constitución lo establece en su artículo 51, con el propósito de garantizar la alternabilidad en el poder. Pero durante el régimen de Ortega se ha politizado el Consejo Supremo Electoral y creado todo un sistema para realizar fraudes. No se presentan informes detallados sobre los resultados de las votaciones y los candidatos son elegidos con el dedo. Por otro lado, el Frente Sandinista no tiene competencia en las elecciones porque ha dinamitado el pluralismo partidario y conservado en el escenario a partidos zancudos, como Apre, PC y ALN, que acuden religiosamente a comicios pero obtienen menos votos que los candidatos que presentan. Se han visto, además, numerosos casos insólitos de muertos que han votado y de ciudadanos que no sabían que eran candidatos. Como Vicente López Herrera, un pequeño productor de maíz, frijoles y café, que en 2012 no se enteraba de que estaba compitiendo en la casilla del Apre por la Alcaldía de San Fernando, en Nueva Segovia. Obtuvo cero votos. “No voté por mí porque no estoy loco”, explicó entonces el campesino.
9. Derecho a la integridad física, psíquica y moral
Este derecho se establece en el artículo 36 de nuestra Constitución. “Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dice la Ley. Sin embargo, las vapuleadas y la intimidación en público o en privado se han practicado durante los gobiernos de Daniel Ortega. Uno de los primeros casos conocidos fue el ataque a las personas que salieron a protestar por el fraude electoral de 2008. “Ya venían sacando las garras de lo que después sería el paramilitarismo”, afirma el abogado Gonzalo Carrión. Pero además se ha documentado la tortura a lo largo de estos años. En 2015, por ejemplo, fueron torturados los mineros que protestaban en Mina El Limón, encarcelados por más de sesenta días en el Chipote. Durante las protestas de 2018 la práctica de la tortura se intensificó. En los informes de la CIDH, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Cenidh y la CPDH se identificaron 15 diferentes métodos de tortura. La lista incluía desprendimiento de dientes y dedos, secuestros, aislamiento, maltrato psicológico, choques eléctricos, asfixia, quemas con ácido y con fuego, amarres extremos, confinamiento en sumideros, abusos y violaciones sexuales.
10. Derecho a expresar libremente el pensamiento y a circular en cualquier parte del territorio nacional
Son dos derechos violados cuando la Policía detiene a una persona porque circula portando la bandera nacional, como ha sucedido numerosas veces al maratonista Alex Vanegas.
