Las instalaciones de las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación independientes que fueron asaltados y confiscados por el régimen de Daniel Ortega, la mayoría en diciembre de 2018, siguen bajo su control y con vigilancia policial dentro de cada oficina para asegurarse que nadie más pueda entrar.
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Esto fue constatado en un recorrido que realizó LA PRENSA por cada edificio, siendo estos el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Popol Na, Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), el canal 100 % Noticias y la sala de redacción del periódico digital Confidencial.
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Dependiendo del tiempo en que cada lugar lleva en manos del régimen, así es el descuido, al punto que parecen haber sido abandonados hace años y con la maleza creciendo por todos lados.
Mientras que en el Ieepp las puertas permanecen cerradas, pero según vecinos llegan policías constantemente al sitio. Donde estaba la oficina de Cisas solo permanece cerrada la puerta de hierro y hay ocupantes en su interior de manera permanente.
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Los portones de Popol Na permanecen con cadenas y candados pero adentro hay policías, y en la Red Local se ha visto un carro con personas que vigilan el inmueble de forma sospechosa.
En el caso de los medios de comunicación una patrulla permanece día y noche afuera de 100 % Noticias, edificio que fue cercado con hojas de zinc la noche del 21 de diciembre del año pasado, luego de haber apresado a su director Miguel Mora y la jefa de información Lucía Pineda Ubau.
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La confiscación a Confidencial ocurrió también de noche, el 14 de diciembre pasado, cuando se habían marchado todos los periodistas y solo quedaba el vigilante.
Confiscar como forma de bozal
Diferentes analistas nicaragüenses han coincidido en que los asaltos y confiscaciones de las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación son una forma de bozal para que no continúen denunciando los abusos del régimen en esta crisis sociopolítica que está por cumplir 11 meses.
En esta crisis, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha asesinado a 325 personas.