Régimen no asiste ante la CorteIDH para supervisión del cumplimiento de sentencia en caso Acosta



Régimen no asiste ante la CorteIDH para supervisión del cumplimiento de sentencia en caso Acosta

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Nicaragua por la falta de investigación efectiva del homicidio del esposo de la defensora María Acosta

11/03/2019
sentencia, caso Acosta, derechos humanos

María Luisa Acosta junto a su marido Francisco García, asesinado en abril de 2002. LA PRENSA/ARCHIVO CORTESÍA

El Estado de Nicaragua no se presentó este lunes a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la supervisión del cumplimiento de una sentencia y acerca de la protección de los defensores de derechos humanos.

El presidente de la CorteIDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, indicó tras dar inicio a la audiencia que el Estado había informado desde el pasado viernes que no asistiría y presentó un informe por escrito. El caso se relaciona con la supuesta negligencia en la investigación del asesinato de Francisco García Valle, esposo de María Luisa Acosta, una activista defensora de los derechos humanos en Nicaragua.

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“Primero quiero expresar mi profunda preocupación por la no presencia del Estado de Nicaragua para avanzar en el cumplimiento de esta sentencia (…) Debido a la crisis, la persecución y violencia que se vive en Nicaragua la situación se ha agravado, por eso quisiera hoy hacerles conocer que tememos ser víctimas de actos de violencia”, expresó Acosta en la audiencia.

Acosta, miembro del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos y una reconocida abogada defensora de derechos humanos particularmente de los pueblos indígenas, fue quien halló muerto a su esposo en su casa el 8 de abril de 2002.

En 2017 la CorteIDH condenó a Nicaragua por la falta de investigación efectiva del homicidio que “no constituyó una explicación satisfactoria, suficiente y efectiva para establecer toda la verdad sobre los hechos”.

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“Desde el asesinato de mi esposo, Nicaragua no ha creado un modelo, ni promocionado una cultura de promoción de defensa de la figura de defensores de derechos humanos (…) Actualmente la represión en Nicaragua se mantiene (…) y se ha incrementado la represión no solo a defensores de derechos humanos, sino también a toda la población”, afirmó Acosta.

La sentencia de la CorteIDH indica que Nicaragua tiene que adoptar las medidas necesarias para que el hecho no quede en la impunidad y se restituyan adecuadamente los derechos a la justicia y a la verdad de las víctimas. Además, de elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de defensores de derechos humanos. Ninguno de estos puntos ha sido cumplido, según la víctima.

Falta de compromiso

La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulina Corominas, expresó su preocupación por la falta de comparecencia del Estado de Nicaragua, pues “demuestra, a su vez, una falta de compromiso con el cumplimiento de la sentencia”.

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Corominas explicó que el Estado de Nicaragua no volvió a presentar información sobre el caso y que ha indicado que “lo ordenado por la honorable Corte es una intromisión interna y hacerlo sería reconocer a la CorteIDH como una cuarta instancia revisora de los fallos dictado por tribunales nacionales”.

Corominas subrayó que desde abril del 2018 la situación contra los defensores de derechos humanos en ese país “se ha agravado” en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua por las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

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La víctima María Luisa Acosta continúa trabajando para el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Sin embargo, se encuentra exiliada en Costa Rica debido a las constantes amenazas que ha sufrido. “Solicitamos a la Corte que emita una resolución de incumplimiento en este caso en el que llame la atención de que debe cumplir y garantizarle a las organizaciones de derechos humanos continuar con su rol de defensa sin represión”, destacó Acosta.

En 2004, fueron condenados a 23 años de cárcel Iván Argüello Rivera y Wilberth José Ochoa Maradiaga como autores materiales del asesinato. Otros dos hombres señalados como autores intelectuales fueron sobreseídos.

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