El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís, un exmiembro del círculo cercano de Daniel Ortega y uno de sus antiguos operadores en ese poder del Estado, sugirió en una nueva carta emitida este domingo, que la Organización de Estados Americanos (OEA) debe tener un papel de Garante más allá del tema electoral, en la mesa de Diálogo Nacional.
Solís recomendó que la OEA también debe ser Garante internacional de la liberación de los más de 700 presos políticos, de los cuales el Gobierno sacó de la cárcel a cien, pero éstos siguen bajo asedio policial en sus casas.
“Si no hay Garantes en este punto, sobre todo además de la Conferencia Episcopal como Garante Nacional, Garantes Internacionales que a mi juicio debería ser la OEA, a través de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el MESENI (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) Y el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), que ya tienen experiencia por haber estado en Nicaragua en el 2018, se corre el riesgo que en el futuro todos estos presos vuelvan a la cárcel”, manifestó Solís.
Que no los vuelvan a detener
El exmagistrado dijo que debe quedar establecido que “la Policía Nacional bajo ninguna circunstancia pueda volver a detener a estas 700 personas puestas en libertad, salvo está, que pudieran cometer un delito común en el futuro y que se establezca además que ellos no quedarán bajo ninguna vigilancia policial”.
Solís manifestó que este acuerdo sobre la liberación de los presos políticos, se debe legalizar mediante una Ley respectiva que se apruebe y firme la Asamblea Nacional y el Presidente de la República.
De igual manera, una vez firmado el Acuerdo con la OEA, según Solís, “éste debe ser firmado por el propio Presidente de la República y no solo por la Cancillería y debiera tener al menos una duración de dos años o un año más allá de la fecha de las próximas elecciones”.
Ejército debe desarmar a paramilitares
También destacó la importancia de que quede “claramente establecido el desarme de todos los grupos paramilitares”. Para Solís, esta obligación debe ser otorgada al Ejército si no lo hace la Policía, aunque recuerda que “ambos tienen por ley esta obligación” y dijo que “la Misión de la OEA debe certificar que dicho desarme fue total y que ya en Nicaragua no hay más fuerzas armadas que el Ejército y la Policía”.
Además, recomendó que en el caso de la Policía Nacional, debe establecerse que no puede usar armas de guerra, sino armas cortas de uso policial, como es común en todo el mundo, incluyendo el uso de gases lacrimógenos, mangueras de agua a presión, etcétera., pero que bajo ninguna circunstancia pueda dispararle a la población.
Gobierno no quiere diálogo serio
El exfuncionario advirtió que “el Gobierno no quiere un Diálogo serio y responsable, sino un Diálogo hecho a su medida”, para lo cual hizo ver que retrasó la designación de los garantes nacionales e internacionales hasta se apruebe cada uno de los temas de la agenda.
Solís también recomendó reformar la Hoja de Ruta acordada el pasado cinco de marzo en el Diálogo Nacional, en la que, según él, se le debe de dar a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) la condición de Mediadores y Garantes Nacionales.
“El primer punto a resolver es la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que el pasado viernes ocho declinó participar en el Diálogo Nacional; hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr su participación y en mi modesta opinión, se debe reformar la Hoja de Ruta y darle a la Conferencia Episcopal el papel no solo de testigos y acompañantes, sino de Mediadores y Garantes Nacionales desde un principio, pues de lo contrario no van a participar en el mismo y la Alianza Cívica por lo tanto se debe negar a continuar en el mismo, mientras no esté la Conferencia Episcopal en ese doble papel”, dijo Solís en esta tercera carta que publica desde que renunció al cargo de magistrado.
Segunda carta: Exmagistrado Rafael Solís propone más mediadores en futuro Diálogo
En cambió, sobre la Iglesias Evangélicas, Solís dijo que pueden ir como testigos y acompañantes, “pero no la Iglesia Católica que estuvo en el Diálogo del año pasado desde un principio como mediadores y se entendía además que ellos serían los Garantes de los Acuerdos”.
Este sábado, el régimen de Daniel Ortega hizo pública su agenda de negociaciones en el Diálogo Nacional, en la cual ofrece reformas electorales para los comicios de 2021, liberación de presos políticos no juzgados y revisión de expedientes condenados, implementación y cumplimiento de los acuerdos, además de pedir gestiones internacionales para suspender las sanciones económicas a su gobierno.
¿Por qué no mencionan a los garantes?
Esto último es lo que a Solís le parece el principal objetivo de Ortega, mientras que la “implementación y cumplimiento de los acuerdos” le parece “grave”, porque no mencionan la posibilidad de Garantes Nacionales e Internacionales, lo cual ya se había establecido en la Hoja de Ruta.
“Me supongo que los garantes deberán guardar una relación directa con el tema de la agenda respectiva que se apruebe, pero ahora el Gobierno parece que se retracta y no habla siquiera en su propuesta de los Garantes”, manifestó Solís.
Desde su primera carta de renuncia y denuncia, en enero pasado, Solís ha insistido “en la liberación total de los presos políticos a través de la anulación de todos los juicios”.
“Es importante que desde este primer punto se establezcan los garantes nacionales e internacionales que aseguren que estos presos quedarán en libertad absoluta y que no podrán ser capturados de nuevo bajo otras excusas en el futuro. Esto lo digo por el acoso y la vigilancia policial que continúa sobre los cien (100) primeros presos a los que se les otorgó casa por cárcel que también deben quedar en libertad absoluta”, expresó Solís.
Solís renunció al cargo de magistrado judicial a través de una carta en que también denunció la consolidación de una “dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes”; reconoció la represión a las protestas civiles “a sangre y fuego en un uso desproporcionado de la fuerza y armando de una manera irresponsable con armas de guerra a una gran cantidad de jóvenes y algunos sandinistas ya retirados que también participaron con la Policía en esa represión”.