Diputado europeo Ramón Jáuregui aseguró que existe consenso alrededor de una resolución de sanciones al régimen orteguista

Cinco grupos políticos del Parlamento Europeo consolidaron una propuesta de resolución que establece sanciones individuales y la activación de la cláusula democrática que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación.

Ramón Jáuregui Atondo. LA PRENSA/Parlamento Europeo

El diputado del Parlamento Europeo (PE), el socialista español Ramón Jáuregui, anunció en su cuenta de Twitter, que la resolución sobre Nicaragua será votada mañana jueves 14 de marzo y ya existe consenso de la mayoría de los diputados alrededor de una resolución que fusiona las cinco propuestas que establecen sanciones.

Existían seis propuestas de resolución de los diferentes grupos políticos en el PE, cinco de estas establecían sanciones individuales y la activación de la cláusula democrática que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica, pero este miércoles fue consolidado un solo documento.

Esos cinco grupos políticos consolidaron una resolución que mantiene la postura de las sanciones en el punto número de ocho, donde se lee de la siguiente manera:

«Solicita que el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros implementen, sin dañar a la población nacional, un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como prohibiciones de visas y congelaciones de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y las personas responsables de los derechos humanos».

También «insta a que la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (ADA) entre la UE y América Central, de la que Nicaragua es signataria, se active al suspender a Nicaragua del acuerdo».

La propuesta de resolución será discutida hoy y aprobada mañana, confirmó la diputada portuguesa Ana Gomes, quien integró la misión del PE que visitó el país en enero.

Jáuregui encabezó esa misión de diputados del PE en enero, lo que también queda reflejado en la propuesta de resolución consensuada, haciendo ver que «la visita realizada por su delegación sirvió para establecer una imagen fiel de la situación actual» y que «en los últimos meses, y en particular después de su visita, ha habido un aumento en la represión» y «las limitaciones impuestas a las libertades fundamentales».

El país vive una crisis desde el 18 de abril pasado, por la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.

La represión dejó entre 325 y 535 muertos, según diferentes reportes de organismos de defensa de derechos humanos, además de 767 presos políticos por participar en las protestas.