Los representantes del régimen de Daniel Ortega se quejaron por tercer día de que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no se presentó a la mesa de negociaciones en torno a la crisis sociopolítica, una estrategia con la que la dictadura pretende vender la idea de que es la oposición la que se niega a encontrar una salida cuando es el régimen el que no cesa la represión contra los ciudadanos y sigue violando los derechos de los presos políticos.
La delegación gubernamental se presentó este miércoles al Incae, sede las negociaciones. El canciller y jefe de la delegación del régimen, Denis Moncada, leyó un comunicado en el que afiman que se presentaron a la mesa de negociación “según lo acordado en la Hoja de Ruta suscrita el 5 de Marzo” con la Alianza Cívica.
“Estamos aquí esperando que la contraparte también se presente, en cumplimiento de lo consensuado y firmado”, dice el comunicado leído por Moncada, a quien acompañaron los demás delegados los diputados orteguistas Edwin Castro, José Figueroa, Wilfredo Navarro, el magistrado Francisco Rosales y el dirigente de la UNEN, Luis Andino.
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La Alianza Cívica informó el domingo que no regresaría a las conversaciones mientras el Gobierno no diera muestras de buena voluntad para encontrar soluciones integrales a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado. Esa buena voluntad se truduciría en la libertad de presos políticos, el cese de la represión y los secuestros, plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y brindando pronta asistencia médica a reclusos, además del cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos.
Hasta ahora los funcionarios de la dictadura no responden sobre las demandas de los derechos humanos, por el contrario el tema en que expresan interés es evitar las sanciones anunciadas por Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) a los involucrados en la represión.
“Esperamos que la delegación contraparte retome su lugar en la Mesa de Conversaciones”, expresa el régimen en su comunicado.
Representacion del gobierno en mesa de negociaciones hace llamado a Alianza Civica a retomar conversaciones, pero rechazan elecciones anticipadas, liberacion de presos politicos y represion. @laprensa pic.twitter.com/uIXaD5AIMl
— Emiliano Chamorro / Periodista Nicaragüense (@EmilianoCHM69) March 13, 2019
Detener las sanciones es lo que le urge
El canciller Moncada volvió a leer la agenda propuesta en donde plantean reformas en base a los acuerdos previamente alcanzados entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA), pero para ser implementadas en las elecciones presidenciales y legislativas del 2021, entendiéndose así el rechazo al adelanto de los comicios como es demandando por los movimientos agrupados en la Alianza Cívica.
El gobierno de Estados Unidos ya sancionado individualmente a varios funcionarios del círculo de poder del régimen entre ellos la dictadora Rosario Murillo, el jefe de la Policía y consuegro de Ortega el primer comisionado Francisco López, el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba de Nicaragua, SA, y Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista en Managua. A todos ellos se sancionó por corrupción y violación a los derechos humanos de los nicaragüenses.
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Estados Unidos también aprobó la Nica Act, legislación que bloquea el financiamiento de organismos multilaterales al régimen de Nicaragua.
Por parte de la Unión Europea su Parlamento discutirá este 13 y 14 de marzo una propuesta de sanciones a la dictadura Ortega-Murillo también por los crímenes cometidos contra los ciudadanos en el contextos de las manifestaciones y la profundización de la erosión de los derechos humanos.
La presión de las sanciones es lo que hizo que Ortega y Murillo aceptaran retomar las negociaciones con la Alianza Cívica, pues pretende que se acuerde llamar a “la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense”.
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Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado que entre 345 y 535 nicaragüenses fueron asesinados desde el estallido de la protesta ciudadana en abril del 2018 y más de 600 persononas continúan encarceladas por haberse manifestado en contra del régimen.