La solicitud de los eurodiputados de suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea, en sanción por las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega, generó ayer preocupación entre los exportadores nicaragüenses, que advirtieron del efecto destructor para la economía, el empleo, la inversión y las exportaciones.
En el numeral ocho de la resolución, cuya discusión comenzó ayer y se somete a votación hoy en el Parlamento Europeo, los legisladores instan al Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros de la Unión Europea a no solo establecer sanciones directas a las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, sino también a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA).
La puesta en marcha de dicha cláusula se traduciría en la suspensión de Nicaragua del acuerdo, que permite a los exportadores llegar a un mercado de más de quinientos millones de consumidores, con alto poder adquisitivo.
Los parlamentarios plantean que las sanciones, una vez que sean impuestas, se mantengan hasta que el Gobierno de Nicaragua “respete y restablezca en el país el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales tal como se solicitó en el diálogo”, que actualmente mantienen la Alianza Cívica y el régimen de Ortega.
El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Guillermo Jacoby, explica que una suspensión del país del acuerdo europeo quitaría a los productos nicaragüenses el ingreso preferencial a dicho mercado, es decir comenzarían a pagar impuestos, lo que ocasionaría que estos sean menos competitivos.
Jacoby señala que esa ventaja comercial que perdería Nicaragua, sería ganada por los otros mercados centroamericanos que también forman parte del Acuerdo de Asociación, lo que representaría un golpe para los exportadores nicaragüenses con efectos a nivel interno.
Nicaragua junto con Panamá y Honduras fueron las tres economías que pusieron en marcha el pilar comercial del Acuerdo de Asociación (AdA) el 1 de agosto de 2013, en un mercado cuyo consumidores tienen un poder adquisitivo mayor a los 24,000 euros anuales.
El acuerdo permite que el 91 por ciento de los productos, en su mayoría agropecuarios, entren a los 28 países de la UE en condiciones preferenciales. El pacto de asociación beneficia a productos tan sensibles como maní, aceites, camarones, textiles, banano, azúcar y carnes.
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El peso del mercado europeo
Después de Norteamérica y Centroamérica, el bloque europeo es el tercer destino de importancia para las exportaciones de Nicaragua.
En el 2017, por ejemplo, de los 2,548 millones de dólares en ingresos por exportaciones tradicionales, al menos 316.46 millones de dólares tuvieron como destino Europa, principalmente la Unión Europea, según datos del Banco Central de Nicaragua.
“Estamos al borde de un colapso social, uno económico”, afirma Jacoby, quien señala que de materializarse las amenazas europeas, automáticamente se perderían miles de empleos, la inversión extranjera que llegó en la búsqueda del mercado europeo y caería la producción exportable.
Aunque en la resolución los parlamentarios europeos señalan que se implementarían sanciones que no dañen a la población, Jacoby admite que este tipo de medidas afectaría a los pobres, pero señala que esta presión busca lograr en Nicaragua cambios democráticos e institucionales que está reclamando una gran mayoría de los nicaragüenses.
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Recuperar mercados no es fácil
Jacoby admitió que recuperar los mercados que se pierden no es fácil y la actual amenaza aumenta la incertidumbre entre los inversionistas. Al respecto, indica que nadie se arriesgará a invertir en el país mientras no haya certeza de que las reglas comerciales se mantendrán invariables en el mediano y largo plazo en el país.
“Un socio europeo (de APEN) ya me dijo: si esto (el AdA) se va, me voy. Son 1,500 empleados que se pierden”, afirmó.
El representante gremial reconoció que solo la amenaza daña la imagen del país y echa por la borda los esfuerzos que como sector privado habían hecho para posicionar a Nicaragua en los mercados internacionales.
Situación actual no es favorable
El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua manifestó que la amenaza de suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea agrega un problema más a las actividades económicas, que actualmente se encuentran afectadas por el impacto de la reforma fiscal.
Jacoby manifestó que la reforma fiscal en sí ya vino a cambiar las reglas del juego del sector exportador, dada la burocracia que ahora se impuso para la obtención de exoneraciones de productos que están relacionados con la agroexportación.
A eso se añade el aumento de otros costos como la mano de obra, los combustibles, lo que apunta a una reducción de la competitividad.
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Además de la Unión Europea, se ha informado en medios internacionales de la posibilidad de que Estados Unidos esté revisando mecanismos para suspender a Nicaragua del DR-Cafta, el principal motor de crecimiento de las exportaciones locales.