La representación del régimen dictatorial de Daniel Ortega en el diálogo o negociación política con la Alianza Cívica, presentó el 7 de marzo su propuesta de agenda que en el punto 4 plantea hacer gestiones comunes para la suspensión de las sanciones internacionales a la dictadura.
Sin embargo, antes de que el régimen presentara esa propuesta la Alianza suspendió las negociaciones, hasta que, según informó en un comunicado, Ortega “brinde al país muestras contundentes (de voluntad) para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país”.
Ahora bien, contrario al interés de Ortega las sanciones más bien se están ampliando y reforzando, porque no cesa la represión ni da muestras de aceptar la apertura democrática que demandan el pueblo nicaragüense, la Alianza Cívica y la comunidad internacional. Precisamente para este jueves está previsto que el Parlamento Europeo apruebe una resolución basada en “un gran acuerdo que exige libertad, democracia y derechos humanos y pide sanciones de los Estados europeos al gobierno de Ortega”, dijo el eurodiputado Ramón Jáuregui, quien encabezó la misión de ese organismo que visitó Nicaragua en enero de este año cumpliendo un mandato político.
El año pasado, en la primera etapa del Diálogo Nacional los representantes de la dictadura pusieron como condición para discutir el tema de la democratización —el cual incluía el adelanto de las elecciones para marzo de 2019—, que la oposición levantara los tranques. Pero los dialogantes opositores no eran los responsables de los tranques; estos fueron puestos por los ciudadanos autoconvocados para defenderse de la represión asesina de la Policía y las fuerzas paramilitares. Además, los tranques eran la única fuerza de respaldo que tenía la oposición en el diálogo —aparte de la razón y el derecho que les asisten—, mientras que la dictadura tenía y tiene a su favor el desmedido poder de las fuerzas represivas: policiales, militares, paramilitares, judiciales, espías y delatores de los CPC, etc.
A pesar de todo eso, como una muestra de buena fe los representantes de la oposición en el Diálogo Nacional acordaron con el régimen orteguista, el 28 de mayo de 2018, un llamado a “aunar esfuerzos para la flexibilización de los tranques”. Sin embargo, en vez de dar señales de apertura Ortega optó por arrasar los tranques a sangre y fuego, causando la muerte de 325 personas según los organismos internacionales de derechos humanos, una masacre que no resolvió la crisis de la dictadura que más bien se ha agravado y profundizado desde entonces.
Ahora no hay tranques ni marchas masivas que respalden a la Alianza Cívica en su negociación con el régimen. Su único apoyo, aparte de tener la razón, son las sanciones externas. Pero es seguro que apenas Daniel Ortega ordene cesar la represión, liberar a los presos políticos, permitir el regreso de los exiliados, respetar la libertad de expresión, de prensa y de manifestación pacífica, y acepte adelantar las elecciones con las garantías de los estándares democráticos internacionales, la Alianza Cívica pediría a la comunidad internacional que no se apliquen las sanciones, mientras avanza el cumplimiento de los acuerdos.