UNAB convoca para este sábado a una movilización por la liberación de los presos políticos

Las marchas no oficialistas fueron prohibidas por la Policía Orteguista de Nicaragua desde el pasado mes de septiembre, cuando amenazó con encarcelar a quienes las promuevan

Los empresarios de Nicaragua convocaron a marcha este jueves, pese a que aún no cuentan con el permiso de la Policía Orteguista. LA PRENSA/ ARCHIVO

Las marchas fueron ilegalizadas por la Policía Orteguista. LA PRENSA/ ARCHIVO

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convocó este jueves a manifestarse el próximo sábado en las calles en demanda de la liberación «incondicional y absoluta» de cientos de detenidos por protestar contra del régimen de Daniel Ortega.

«Hacemos un llamado a todas las organizaciones que componen la Unidad Azul y Blanco y a la ciudadanía a movilizarnos por la liberación incondicional y absoluta de todos los presos políticos», anunció esa coalición en una declaración.

Por ello, agregó, «convocamos y vamos junto a la ciudadanía, exiliados políticos y la diáspora nicaragüense este 16 de marzo a movilizarnos y volver a la calle», a pesar de la prohibición emitida por la Policía Orteguista para este tipo de manifestaciones.

La manifestación saldrá de la rotonda Centroamérica hacia la rotonda de Alexis Argüello a las 2:00 de la tarde, aseguraron durante una rueda de prensa. Además dijeron que no solicitaron permiso a la Policía para marchar, pero esperan contar con el respaldo de la población.

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Las marchas no oficialistas fueron prohibidas por la Policía Orteguista (PO) de Nicaragua desde el pasado mes de septiembre, cuando amenazó con encarcelar a quienes las promuevan. En enero pasado, los empresarios nicaragüenses acordaron cancelar una manifestación que habían convocado, después que la Policía les denegara el permiso.

Durante la conferencia, padres de presos políticos aseguraron que no tienen información sobre quiénes podrían ser excarcelados este viernes por el régimen de Daniel Ortega y esperan que salgan todos.

Partícipes de un supuesto golpe de Estado

El jefe de la Dirección de Seguridad Pública, Olivio Hernández, dijo entonces que la Policía decidió «no autorizar ninguna actividad que exponga a personas, familias o bienes, al peligro; que alteren el orden y los derechos sociales, y el derecho a la paz de las familias nicaragüenses». El jefe policial basó la decisión en que «los solicitantes fueron partícipes en el golpe de Estado fallido de abril del año pasado».

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Según la Policía, los empresarios «actuaron delictivamente contra la Constitución Política de Nicaragua, pretendiendo cambios institucionales a través de la violencia y el terror».

La Unidad Nacional Azul y Blanco -a la que pertenece la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Gobierno en las negociaciones que comenzaron el 27 de febrero-, hizo esa convocatoria el mismo día en que se reanudaron las conversaciones.

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Al respecto, esa unidad opositora consideró que el Gobierno sigue sin brindar «muestras contundentes» para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país.

Por tanto, respaldaron la decisión de la Coalición Universitaria, miembro activo de la Alianza Cívica, de no participar en la mesa de negociación.

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