Tal como se esperaba, la Policía reprimió con extrema brutalidad a los ciudadanos que intentaron participar en la marcha pacífica convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco el sábado 16 de marzo. Ciento sesenta y cuatro personas fueron encarceladas por la Policía, que como siempre hizo uso excesivo de la fuerza bruta y agredió a varios periodistas, incluyendo a Cinthya Tórrez García de LA PRENSA.
La Policía había amenazado el día anterior con prepotencia que no permitiría la marcha opositora y reprimiría a sus organizadores y participantes. Pero la Policía no tiene autoridad para prohibir el ejercicio del derecho de manifestación pacífica, y mucho menos para reprimir a quienes lo ejercen.
El derecho de manifestación pacífica está consagrado en el artículo 54 de la Constitución, que dice textualmente: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”. Se refiere específicamente a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, que en su artículo 7), literal p), le atribuye la función de otorgar “permisos policiales y autorizaciones para la celebración de eventos o actividades especiales que afecten la libre circulación de las personas y vehículos o que puedan alterar la normal convivencia de la población, estableciendo horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normativas”.
De manera que esta función de la Policía es regulatoria, no le da potestad para negar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación, solo prevenir que no se perjudique el derecho de libre circulación y cualquier otro de los ciudadanos ajenos a la actividad. Prohibir las manifestaciones públicas porque no agradan al régimen y a la misma Policía, es un abuso de autoridad propio de una dictadura.
Todas las dictaduras impiden por medio de la fuerza el ejercicio del derecho de manifestación pacífica de personas que no son sus partidarias. Lo prohíben y reprimen porque sirve para denunciar el uso abusivo y violento del poder público contra los ciudadanos.
Ahora bien, ante la brutal represión policial del sábado pasado contra los ciudadanos azul y blanco, y a pesar de la puesta en libertad de los presos políticos de ese día, la Alianza Cívica tiene que reconsiderar seriamente las condiciones de su participación en las negociaciones políticas con la dictadura.
Es cierto que el diálogo es el único camino viable y posible para restaurar la democracia en Nicaragua. Pero la negociación política requiere de condiciones mínimas de confianza política y seguridad ciudadana, aparte de que el régimen debe mostrar disposición de llegar a acuerdos democráticos.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, precisó esto muy bien después de condenar igual que otros representantes de la comunidad internacional, la brutal represión de la dictadura orteguista el sábado pasado: “no se puede avanzar hacia una negociación creíble si al momento de sentarse a la mesa se reprimen protestas legítimas”, aseguró con toda razón el alto funcionario interamericano.