La represión económica

La catástrofe se podría evitar, pero solo si Ortega recapacitara y entrara en razón, que cediera y en el diálogo del Incae aceptara el acuerdo político para la apertura democrática

Una mala consejera, Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega no solo reprime físicamente y de manera brutal a las personas que tratan de manifestarse públicamente, en ejercicio de sus derechos constitucionales y exigiendo la restauración de la democracia.

La represión de la dictadura es también económica; y no solo contra los empresarios ricos, como dicen falazmente los voceros oficialistas, sino también —y sobre todo— contra los trabajadores desposeídos, las familias de las clases medias, así como la creciente masa de desempleados que aunque no reciban salario tienen que conseguir de cualquier manera la comida indispensable para no morir de hambre.

LA PRENSA, en su edición de este lunes ha presentado un trabajo de nuestra periodista especializada en temas de economía, Mabel Calero, con datos fehacientes recogidos en los mercados populares y los supermercados. En ese trabajo se informa de manera detallada que como consecuencia de la entrada en vigencia de la nueva reforma tributaria, apenas hace 20 días, el precio de la canasta básica aumentó trece y medio por ciento. Esto “solo en productos alimenticios y de usos en el hogar, sin incluir el costo de los servicios básicos y de vestuario que habitualmente se asumen en un hogar”, se dice en dicha información.

En otro trabajo de la misma periodista y publicado el mismo día, el vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), señor Mario Hanon Thorn, deja claro que no es cierto que el castigo tributario es solo a los empresarios, que este repercute de manera directa también y ante todo contra el pueblo consumidor.

“Cuando los legisladores dicen que van a afectar a la gran empresa y no a los pequeños, yo diría que no es así”, asegura Hanon, y agrega: “Atacar a la gran empresa termina perjudicando a los consumidores y también provoca desempleo. La reforma no pensó en el empleo, la reforma no pensó en el impacto de los costos de todos los actores económicos de la economía”.

Economistas y analistas políticos independientes consideran que el castigo tributario a los empresarios, que al mismo tiempo soportan un drástico incremento del aporte al Seguro Social, se debe a dos razones fundamentales.

Una es la desesperación del Gobierno por recaudar más de 300 millones de dólares para tratar de cubrir la brecha fiscal causada por la crisis provocada por el mismo régimen orteguista. Y la otra es castigar económicamente al gremio empresarial, porque rompió la alianza con el régimen cuando este desató la despiadada represión contra las personas que participaban en las protestas sociales.

Sin embargo, según los expertos el Gobierno no podrá lograr su objetivo recaudatorio, porque una economía en recesión no da para más impuestos. Con esta irracional reforma tributaria lo que viene es una debacle económica, porque se reducirán las inversiones, habrá menos producción de bienes y servicios pero mucho más desempleo y pobreza y, por lo tanto, menos ingresos del Estado. Todo esto sin incluir el impacto de las sanciones económicas externas.

La catástrofe se podría evitar, pero solo si Ortega recapacitara y entrara en razón, que cediera y en el diálogo del Incae aceptara el acuerdo político para la apertura democrática.

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