A la vez que el régimen orteguista excarcela a presos políticos, mantiene una ola de detenciones ilegales contra la población nicaragüense. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recibió solo la semana pasada 25 denuncias de capturas de autoconvocados. A esas se deben sumar las cuarenta denuncias que estuvieron relacionadas con la marcha por la liberación de los presos políticos, el pasado sábado, que dejó 164 detenidos, quienes luego fueron liberados.
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Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, explica que sus números corresponden a las denuncias que reciben, lo que no implica que no haya más casos de personas detenidas. Una de las zonas del país donde la “cacería” no ha parado es Masaya, uno de los principales bastiones de la lucha cívica contra la dictadura de Daniel Ortega.
“En Masaya ha habido una ofensiva terrible”, expresó el abogado de la CPDH. De las 25 denuncias recibidas, por lo menos 12 casos corresponden a esa ciudad y los demás son de León, Jinotega, Matagalpa y Managua.
Las capturas ilegales, que casi siempre incluyen cateos a las viviendas de las personas que se llevan detenidas y después son sometidas a procesos de investigación de 72 o 48 horas, por parte de la Policía Orteguista (PO), se han mantenido, pese a que el régimen está en un proceso de diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
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Dicho proceso tampoco impidió que la PO reprimiera a la población que se disponía a marchar en las calles de Managua, el sábado 16 de marzo, después de cinco meses sin poder manifestarse cívicamente porque la misma institución policial ha criminalizado la protesta.
Al respecto, Cuevas señala que en el país se han invertido los roles, pues las autoridades se han convertido en delincuentes. En las denuncias referidas en la CPDH, los ciudadanos exponen allanamientos ilegales, amenazas con armas, situaciones de maltrato físico, robos, torturas psicológicas, entre otros.
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“Un actuar totalmente delincuencial por parte de la autoridad (…) por eso reiteramos que se han invertido los roles, las autoridades (policiales) que están llamadas a actuar con base a lo que dice la ley que deberían de actuar, en pos de la no violación de la ley por parte de los ciudadanos, se han convertido, reiteramos, en delincuentes y los ciudadanos en víctimas de delitos”, aseguró Cuevas.
El caso de “la silla”
Como parte de la represión ejecutada por efectivos de la PO contra la población autoconvocada el sábado, una de las agresiones que se volvió viral en redes sociales fue la de un oficial de la PO que golpea con furia a un hombre que ya está sometido en el suelo. Al ver esto, otra persona golpea al agente policial con una silla y enseguida se corre.
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El golpe provoca que el oficial deje de agredir a la persona, se levanta y apunta con el arma, y luego con la culata del fusil golpea al sujeto que está en el suelo.
Al respecto, Cuevas explicó que se supone que la PO está preparada para usar técnicas de sometimiento a una persona, causando el menor daño posible; sin embargo, en ese caso, se observó un uso excesivo de la fuerza y una voluntad por parte del oficial de causarle daño.
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Considera que se está frente a dos delitos: lesiones y abuso de autoridad. Explicó que si se tuviera un mínimo de Estado de Derecho, el oficial debería estar siendo dado de baja deshonrosa y su expediente trasladado al Ministerio Público para ser procesado, “porque actuó como un verdadero delincuente”.
Agresiones
La Policía Orteguista (PO) reprimió con lujo de violencia a los autoconvocados que se disponía a marchar el pasado sábado, por la liberación de los presos políticos. Ante el asedio de las fuerzas policiales, la población junto con periodistas nacionales e internacionales se resguardaron en un centro comercial y en el parqueo de un banco. En el caso de Metrocentro, los policías repartieron patadas y puñetazos con furia.