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Managua, Nicaragua. 18/03/2019. Alianza Civica da a conocer en conferencia de prensa que continua el impase en el dialogo nacional y condeno la represion policial contra manifestantes el pasado sabado 16 de abril. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

Alianza Cívica debe cambiar de táctica de negociación ante intransigencia de Daniel Ortega

Analistas creen que Alianza no se debió sentar sin libertad total de presos políticos.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia nunca debió sentarse a una mesa de diálogo con el régimen de Daniel Ortega sin la liberación de todos los presos políticos, consideraron ayer analistas, por lo que señalaron que el bloque azul y blanco debe cambiar de táctica para presionar por ese objetivo, dado a que la población está esperando resultados de ese tipo.

El sociólogo y analista político Óscar René Vargas considera que las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia “deben tener resultados positivos para validarse”, y además se debe tener en cuenta que “la gente quiere acciones concretas”, como la liberación de todos los presos políticos.

“Creo que la Alianza Cívica ya tiene suficientes demostraciones de que el régimen Ortega-Murillo no quiere abordar los temas torales. Saben que cualquier negociación seria pasa por la liberación de los presos políticos. La estrategia del régimen sigue siendo ganar tiempo. Por lo tanto, la Alianza Cívica debe de cambiar al menos de táctica (aunque mantenga la estrategia de la negociación/diálogo)”, manifestó.

Vargas explicó que “cambiar de táctica sería jugar con los tiempos, es decir, que el régimen vea que si no discuten cosas serias las sanciones internacionales personales se van a implementar”.

Según el sociólogo, el mayor temor de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, son las sanciones a su familia. “En esa lógica es necesario llamar a una nueva protesta en las calles y rotondas. En resumen: mantengo las negociaciones y, al mismo tiempo, convoco a protestas públicas”, agregó.

El régimen orteguista se vio forzado a dialogar con sectores de la oposición, agrupados en la Alianza Cívica, para buscar una salida a la crisis que vive el país desde el 18 abril pasado y evitar las sanciones bilaterales de países y de organizaciones internacionales.

La Alianza Cívica ha mantenido desde un primer momento su demanda de liberar el total de las personas detenidas por participar en las protestas civiles, que son al menos 767, según el Comité de Familiares Pro Liberación de Presos Políticos. También pide el cese a todo tipo de represión contra las libertades civiles y el adelanto de las elecciones generales.

El exdiplomático Bosco Matamoros, quien fue representante de la Contrarrevolución y participó en los acuerdos de paz a finales de los años ochenta, manifestó que el diálogo es un proceso que no se podía comenzar sin garantizar la liberación de los presos políticos.

Matamoros: Se negocia de atrás para adelante

“Aquí se comenzó a negociar de la parte de atrás para adelante. Metodológicamente vos no te vas a sentar si no te otorgan ciertas condiciones básicas”, dijo Matamoros.

Luisa Molina, miembro del Movimiento de Articulación Social, dijo que las precondiciones eran básicas antes del diálogo.

“El régimen está acusado de crímenes de lesa humanidad. Hay informes enormes del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), de Naciones Unidas; hay sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, de los organismos de cooperación, de otros gobiernos, que condenan toda la violación de derechos humanos. Si todo demuestra que el responsable de lo que aquí ha pasado en estos once meses es el Gobierno, entonces es el Gobierno quien tiene que demostrar voluntad política para un diálogo: primero sacando a todos y a todas las presas políticas, eso era lo primero”, expresó.

Conversaciones estancadas

Las negociaciones con los representantes del régimen se encuentran estancadas, debido a la falta de liberación total de los presos políticos y la represión mantenida a las protestas civiles, mientras las sanciones penden sobre Ortega, sus hijos y su círculo de poder.

El primer intento de dialogar fue entre mayo y junio del año pasado, en medio de una brutal represión contra las protestas civiles.

El país vive una crisis desde el 18 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas, que demandan la salida de Daniel Ortega del poder. La represión ha dejado entre 325 y 535 muertos desde el 19 de abril de 2018, según diferentes reportes de organismos de derechos humanos.

En medio de las conversaciones actuales, el régimen ha mantenido su posición represiva contra la población, situación que quedó visible el pasado sábado, cuando ordenó la detención de más de 150 nicaragüenses que intentaron manifestarse en Managua para exigir la liberación de todos los presos políticos.

Chinchilla: no hay igual de condiciones en el diálogo

Hasta ahora el régimen ha liberado 162 personas en dos bloques, bajo condición de casa por cárcel. El primer grupo que liberó fue de 112, el pasado 27 de febrero, y cincuenta la semana pasada. Esto ha sido visto por la crítica como una utilización de los presos políticos como “moneda de cambio”, para intercambiar concesiones en las negociaciones.

La expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, manifestó este lunes a LA PRENSA que en Nicaragua no ha habido un diálogo, sino una comunicación de una vía, en la que el gobierno de Ortega impone sus condiciones.

“En el caso de Nicaragua, no hay igualdad de condiciones en la mesa de diálogo. Estamos hablando de un gobernante que tiene todos los mecanismos que controlan el poder político y tiene la posibilidad de determinar libertades esenciales como la libertad de expresión. De manera que ahí no puede nunca haber un diálogo en igualdad de condiciones”, dijo Chinchilla.

Política

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