CIDH y ONU condenan abusos del régimen de Daniel Ortega

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución de condena debido a la violenta represión y la CIDH incluyó al país en su “lista negra”

Un joven pone una flor sobre el joven Ezequiel Gamaliel Leiva, de 26 años de edad, durante su entierro en el cementerio "Milagro de Dios", a las afueras de Managua (Nicaragua) el pasado 18 de septiembre de 2018. LA PRENSA/ EFE

Un joven pone una flor sobre el joven Ezequiel Gamaliel Leiva, de 26 años de edad, durante su entierro en el cementerio «Milagro de Dios», a las afueras de Managua (Nicaragua) el pasado 18 de septiembre de 2018. LA PRENSA/ EFE

El régimen de Daniel Ortega recibió este jueves doble condena a nivel internacional por su brutal violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. En una acción histórica, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución de condena debido a la violenta represión y ordenó a Michelle Bachelet presentar un informe sobre la situación en Nicaragua.

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La resolución, nombrada “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, fue aprobada con 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones.

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En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Nicaragua por primera vez desde 1993 en lo que se conoce como “su lista negra”, donde aparecen los países del continente americano donde el respeto a los derechos humanos merece la “atención especial” del organismo. Hasta ahora solo Cuba y Venezuela estaban en la mira del organismo desde 1984 y 2005, respectivamente.

Tanto la CIDH como el órgano de la ONU expresaron su preocupación por las crecientes violaciones estatales de los derechos de los nicaragüenses desde el estallido de la crisis el 18 de abril del año pasado, que ha dejado como saldo más de 325 civiles asesinados.

La represión orteguista causó cientos de víctimas mortales a partir de abril de 2018. Se disparó a matar a ciudadanos que participaban en las protestas. LA PRENSA/ ARCHIVO/OSCAR NAVARRETE

La resolución de la ONU, de la cual se desprenden ocho puntos, destaca la preocupación “por las crecientes restricciones al espacio cívico y las expresiones de disensión en Nicaragua, incluido el cierre de medios de comunicación independientes y la cancelación del registro de varias organizaciones de la sociedad civil”.

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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió a Ortega “reanudar la cooperación con Oacnudh, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los órganos de tratados, facilitando visitas al país y considerando positivamente las recomendaciones recibidas y las ofertas de asistencia técnica”.

ONU pide rendición de cuentas

A su vez, la ONU exhorta al régimen a “que se abstenga de todo acto de intimidación o represalia, a que se respeten las libertades civiles y la independencia judicial, a que libere a todas las personas detenidas en relación a las protestas y a que garantice a las víctimas un proceso de rendición de cuentas dirigido a que obtengan justicia y reparación”.

El dictador Daniel Ortega reapareció este jueves ante una reducida parte de su base política e ignoró el llamado de la ONU y la decisión de la CIDH de incorporar al país en la lista negra.

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El Consejo a la vez pidió a alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, preparar un informe “actualizado” (oral y escrito) sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, para presentarlo al Consejo en junio y septiembre de 2019, y en marzo de 2020.

Durante las protestas ciudadanas, que estallaron el 18 de abril, la Policía Orteguista cometió crímenes de lesa humanidad, “una tipificación reservada para dictadores como Adolfo Hitler”, apunta el analista Eliseo Núñez.
LA PRENSA/ ARCHIVO/ JADER FLORES

Asimismo, en la resolución se insta a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al régimen a que reanuden el Diálogo Nacional y que sea “amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente, con el apoyo de la comunidad internacional, para lograr una solución pacífica y democrática de la crisis”.

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La Alianza Cívica celebró la resolución y la calificó de histórica. “Esta clara condena fortalece nuestra decisión para seguir demandando el respeto absoluto a los derechos fundamentales de las personas nicaragüenses y a continuar exigiendo al Gobierno que cumpla con los acuerdos y compromisos que en materia de derechos humanos ha asumido el Estado nicaragüense. La comunidad internacional nos está observando y no va a permitir más abusos y violaciones”, dijo el bloque cívico opositor a la dictadura.

Carmona: Ni Somoza fue condenado por la ONU

Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), calificó la misma de inédita, pues “en la historia de Nicaragua nunca habían emitido una resolución en contra de un gobierno, ni siquiera con la dictadura de Somoza, de tal manera que Nicaragua comete un logro del pueblo”.

Carmona explicó que esta resolución de la ONU hace la diferencia porque “los anteriores pronunciamientos han venido de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, y esta es una posición de todo el Consejo, donde están todos los países que lo integran”.

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La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que la posición del Consejo de la ONU no solo es histórico sino “valioso”, porque revela la preocupación de los países por Nicaragua. “La resolución ha roto ese aislamiento mediático… Las ocho resoluciones son acertadas”, señaló.

La represión de la Policía Orteguista hacia los manifestantes en Managua. LA PRENSA/Carlos Valle

La ruta de la represión

Y mientras Ortega era condenado en la dependencia de la ONU, donde China se abstuvo, la CIDH denunció en su reporte anual la grave situación en Nicaragua, cuyas violaciones se comenzaron a incubar desde que Ortega comenzó hace varios años a concentrar el poder, particularmente cuando impuso a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta en 2016, en unas elecciones que aumentaron la polarización.

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La concentración de poderes ha sido facilitada por “el falso contrapeso que ejerce la Asamblea Nacional al estar constituida por una mayoría oficialista; la inteligencia desplegada a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y de los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) para mantener vigilada cualquier oposición al régimen a nivel local e institucional; el control de los medios de comunicación; y la relación directa y personal entre la jefatura de la Policía Nacional y el presidente”.

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Tras el estallido de la crisis y el desarrollo de la represión en cuatro fases, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, explicó a EFE que el establecimiento de un estado de excepcionalidad “de facto” ha sido considerado por el organismo con un “elemento determinante” para incorporar al país centroamericano a la “lista negra”.

“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país se ha extendido por más de ocho meses debido a la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno”, manifestó Urrejola.

Desde el pasado 18 de abril, la represión orteguista ha dejado más de 300 personas asesinadas. LA PRENSA/ JADER FLORES
Desde el pasado 18 de abril, la represión orteguista ha dejado más de 325 personas asesinadas. . LA PRENSA/ JADER FLORES

“En Nicaragua, la magnitud de la violencia estatal y las estrategias desplegadas para disuadir las manifestaciones iniciadas del 18 de abril evidenciaron la implementación de acciones coordinadas por parte del Gobierno para controlar el espacio público”, señala por su lado el reporte de la CIDH.

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Y agrega: “La respuesta estatal inicial a las protestas desencadenó una grave crisis de derechos humanos. Entre el 18 de abril y el 20 de junio de 2018, la represión, y en particular, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados registró un saldo de 212 personas fallecidas”.

Decisión de la CIDH, paso “trascendental”

Al respecto, Núñez subrayó que esta acción de la CIDH “es un paso trascendental” para el país. “Debemos de verla con satisfacción porque si es doloroso que Nicaragua aparezca como un país violador de derechos humanos, es una oportunidad que el pueblo de Nicaragua tiene para que se impulse más mecanismos y protección de los derechos”, recalcó.

Marcos Carmona, por su parte, dijo que Ortega está en una “posición difícil” luego de poner al país al lado de Cuba y Venezuela, donde “no hay respeto de los derechos humanos, no hay respeto a las libertades públicas… son países antidemocráticos”.

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Para Núñez, la decisión de la CIDH de incluir a Nicaragua en la “lista negra” no solo se centra en los acontecimientos del 2018, sino por los años que lleva gobernando el dictador. Además destacó que es una victoria para los organismos de derechos nacionales, los cuales habían pedido durante diez años que se le incluyera en la lista, pero la CIDH no lo admitía.

Manifestarse es un derecho

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce “que la protesta social es una manifestación del ejercicio conjunto del derecho de reunión y libertad de expresión, así como un mecanismo de participación política y la defensa de derechos humanos, que reviste un interés social fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema democrático y la defensa de los derechos humanos”.

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Además, la CIDH señala que decidió incorporar a Nicaragua en la lista negra por la falta de independencia del poder judicial. “La Comisión Interamericana observa que el Estado de Nicaragua no cuenta con un Poder Judicial independiente debido a procesos de designación afectados por factores como el nepotismo o la influencia y manipulación del partido oficial”.

1993 fue la última vez que Nicaragua apareció en la «lista negra» de la CIDH y después de haber sido incluida en ese listado cada año desde 1982, según EFE.

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