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Los presos políticos del régimen de Daniel Ortega son trasladados a Managua para que jueces afines los condenen. LA PRENSA/ CORTESÍA

Los presos políticos del régimen de Daniel Ortega fueron trasladados a Managua para que jueces afines los condenaran. LA PRENSA/ CORTESÍA

Estatus de presos políticos cambiará a “régimen común” mientras la Alianza Cívica y el régimen trabajan en la liberación

Al cambiar de régimen, los reos políticos que están aislados en celdas de máxima seguridad saldrán de las mismas

Sin que aún haya fecha exacta de cuándo comenzará la liberación de los presos políticos ni cómo será el proceso, la mesa negociadora integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y delegados del Gobierno anunció este viernes que pedirán la próxima semana que todos estos presos sean sacados de las celdas de castigo y reubicados en el “régimen común”.

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La Alianza Cívica estimó que en las celdas de castigo habrían actualmente unos 45 autoconvocados, los que se verían beneficiados con un posible acuerdo al respecto la otra semana.

Además la Alianza informó que las partes lograron consolidar en los dos últimos días la incorporación del representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, la agenda de la próxima semana y un acuerdo para el seguimiento del proceso de liberación de los presos políticos.

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El acuerdo entre el Gobierno y la Alianza Cívica se dio a conocer este viernes en una conferencia de prensa, donde estuvieron presentes Carlos Tünnermann y Juan Sebastián Chamorro, miembros de la Alianza Cívica.

El comunicado conjunto, leído a los medios de comunicación, detalla que mientras se desarrolla el proceso de liberación, las partes acordaron solicitar que los privados de libertad sean ubicados en “régimen común”, de acuerdo con las reglas establecidas por Naciones Unidas, para el tratamiento de los privados de libertad y se les permita visitas “en situaciones especiales y de emergencia”.

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Eso implicará sacarlos de las celdas de castigo conocidas como el Desierto y el Infiernillo, donde habría 45 presos políticos, según los miembros de la Alianza Cívica.

El periodista Miguel Mora, Yubrank Suazo, Chester Membreño, Francisco Sequeira y los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena son algunos de los reos que han sido confinados a esas celdas, según sus familiares y las denuncias clandestinas de ellos mismos.

Sin calendario de liberaciones

No se reveló fechas ni mecanismos de las liberaciones que, según el último acuerdo, tienen que cumplirse en un plazo de noventa días a partir del 20 de marzo.

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Sin embargo, se reafirmó la participación de la Cruz Roja Internacional en el protocolo y los procedimientos para liberar a las personas detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, fecha cuando inició la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Ortega del poder.

Los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados a 216 y 210 años de prisión, respectivamente. LA PRENSA/Tomada de El 19 Digital

Alianza tiene lista de casi 800 reos a liberar

La Alianza Cívica tiene un reporte de 647 presos políticos que aún siguen en la cárcel, de los cuales 43 están detenidos sin haber pasado por un proceso judicial, 106 están enfermos, cuatro tienen órdenes de libertad, nueve son menores de edad, siete son ancianos y cuatro son transexuales.

El reporte de los presos políticos también incluye a los 165 que fueron sacados de la prisión bajo la condición de casa por cárcel. Además, existen 191 nicaragüenses con órdenes de captura que están exiliados.

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El comunicado en común detalla que “el mecanismo de seguimiento del proceso de liberación de presos iniciará conciliando y actualizando las listas del Gobierno, CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la Alianza Cívica”.

El régimen orteguista, a través del Ministerio de Gobernación, ha reportado 347 personas detenidas en el marco de las protestas. La CIDH maneja la misma lista de la Alianza.

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Mientras tanto, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, integrado por los familiares de estos reos, contabiliza 802 personas detenidas por protestar, entre las que siguen en la cárcel y las que fueron cambiadas de régimen carcelario.

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