El Código Penal de Nicaragua establece hasta cinco años de cárcel por impedir con violencia e intimidación la libertad de expresión o la circulación de material intelectual de difusión masiva.
El artículo 429 del Código Penal, sobre los “Delitos contra la libertad de expresión e información”, ordena una sanción de tres a cinco años de prisión para quien impida mediante violencia o intimidación, el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a informar y ser informado, la libre circulación de un libro, revista, periódico, cintas reproductoras de la voz o la imagen, o cualquier otro medio de emisión y difusión del pensamiento.
Este artículo también explica que las personas que sean encontradas culpables mediante sentencia firme, quedarán inhabilitados para ejercer la profesión u oficio mediante la cual cometieron el delito de la censura.
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El abogado Gabriel Álvarez dijo que en Nicaragua hay suficientes pruebas para abrir un proceso contra quienes cometieron censura con violencia, principalmente después del 18 de abril del año pasado, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.
“Ese delito no solo es un asunto de censura, porque usted puede censurar de muchas maneras, pero el delito del artítulo 429 implica que haya violencia o intimidación y también puede ser mediante soborno o engaño. Aquí en Nicaragua ha habido definitivamente casos que la autoridad competente, que es el Ministerio Público, estaría obligada a investigar”, dijo Álvarez.
Uno de los caso más emblemáticos para Álvarez es el del director del canal 100% Noticias, Miguel Mora, y la jefa de información de este medio, Lucía Pineda Ubau. Además que este canal fue cerrado y se mantiene tomada por la Policía Orteguista.
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Ambos periodistas tienen cuatro meses de estar presos por informar sobre las protestas que demandan la salida de Ortega del poder.
“Desde mi punto de vista existen muchas pruebas e indicios en el caso de Miguel Mora que cumplen con el artículo 429, porque a él le cierran totalmente de manera ilegal su sociedad, le congelan cuentas, se le toman las oficinas, cuando supuestamente el acusado legalmente es Miguel Mora no su sociedad de noticias”, dijo el jurista.
Álvarez también mencionó el caso del periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, a quien la Policía Orteguista también le asaltó su sala de redacción.
Según el abogado, los periodistas y medios de comunicación censurados en el país, tienen bastantes pruebas para abrir un proceso penal en el futuro, cuando el país tenga un sistema judicial confiable, mientras el delito haya prescrito.
Violaciones a la libertad de prensa
Desde el 18 de abril se han reportado más de 712 violaciones contra el ejercicio de los periodistas, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Entre los eventos más graves que han ocurrido, está el cierre del canal 100% Noticias y encarcelamiento a su director y a su jefa de prensa, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau; el asalto de las oficinas de los medios de comunicación que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro; la retención del papel de los diarios LA PRENSA y El Nuevo Diario; la quema de Radio Darío, en León; asedio, agresión y robo a los periodistas independientes en plena cobertura.
SIP denunció indefensión
En agosto del año pasado, una misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) visitó el país para conocer la situación de los periodistas en Nicaragua, en medio de la crisis que se vive desde el 18 de abril pasado.
La misión determinó durante tres días de observación en el país que no existen garantías para ejercer el periodismo en Nicaragua y señaló su preocupación por la carencia de espacios judiciales para hacer denuncias.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, quien encabezó la visita, se declaró alarmado por la situación de indefensión de los periodistas en un país que vive una crisis desde el 18 de abril por la represión policial y de fuerzas paramilitares contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.