La liberación de los presos políticos “de conformidad al ordenamiento jurídico del país”, según el acuerdo entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, avivó la crítica entre quienes señalan que estos manifestantes fueron encerrados por protestar y violentando todos sus derechos.
José Pallais Arana, miembro negociador de la Alianza Cívica, manifestó que de acuerdo con el ordenamiento jurídico se debe declarar nulo todo lo actuado fuera de las reglas del debido proceso y eso es lo que esperan lograr en la mesa.
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Sin embargo, principalmente en las redes sociales, los críticos expresan su desconfianza en el poder judicial de Nicaragua, el cual ha sido usado por el régimen orteguista como instrumento represivo contra los opositores, llegando a encerrar a más de setecientos participantes de las protestas desde el 18 de abril.
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El jurista y abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, consideró que solo los dialogantes pueden explicar los términos de sus acuerdos, pero opinó que “probablemente se va a actuar de acuerdo a la condición de cada preso”.
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Álvarez clasificó tres tipos de presos políticos: los que no han sido procesados; los procesados y no condenados, y los condenados.
Según Álvarez, los que no han sido procesados deben ser liberados inmediata e incondicionalmente, sin ningún trámite, porque el ordenamiento jurídico establece que una persona solo puede estar detenida 48 horas antes de pasar a la orden del juez, si no debe ser liberada. Sin embargo, algunos opositores llevan varios meses presos sin ninguna acusación ni proceso.
Procesados no condenados
Sobre las personas que están procesadas, pero no condenadas, Álvarez dijo que el juez de primera instancia debe dictarles una sentencia de absolución si no hay pruebas en su contra o anular el proceso, si además hubo violaciones a las garantías procesales, en alusión a detenciones ilegales, agresiones y privación de una serie de derechos.
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El abogado dijo que lo más recomendable es que los presos políticos sean declarados inocentes.
“Aquellas personas que son totalmente inocentes, yo creo que no solo le deberían de anular el proceso, sino declararlos inocentes y que haya una sentencia del juez diciendo que no hay ninguna prueba e incluso el juez podría dictar alguna medida reparatoria”, aseveró el jurista.
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Los casos de presos políticos procesados y condenados, Álvarez dijo que se deben observar los errores que hubo y se debe dictar su absolución en el Tribunal de Apelación.
Por otra parte, el abogado explicó que aunque existan pruebas de delito contra los presos políticos, sus juicios y procesos deben de ser anulados para abrir una nueva causa, pero esta vez respetando todos sus derechos y garantías procesales.
Reos políticos
La Alianza Cívica reporta 647 presos políticos que aún siguen en la cárcel, de los cuales 43 están detenidos sin haber pasado por un proceso judicial, 106 están enfermos, cuatro tienen órdenes de libertad, nueve son menores de edad, siete son ancianos y cuatro son transexuales. El reporte de los presos políticos también incluye a los 165 que fueron sacados de la prisión bajo la condición de casa por cárcel.