Régimen de Daniel Ortega incumple 13 de 14 recomendaciones realizadas por la Oacnudh



Régimen de Daniel Ortega incumple 13 de 14 recomendaciones realizadas por la Oacnudh

De las 14 recomendaciones que hizo el organismo en agosto de 2018, 13 no han sido cumplidas y solo una, relacionada a retomar el diálogo nacional, se encuentra "en curso"

29/03/2019
Daniel Ortega

El dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo durante un acto aparecieron más solitarios y con una reducida base de partidarios. LA PRENSA/AFP

El régimen de Daniel Ortega no ha cumplido al día de hoy 13 de las 14 recomendaciones que le hiciera la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en agosto del 2018, en su informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”.

Solamente una, relacionada a retomar el Diálogo Nacional, se encuentra en curso de implementación. Así lo plantea la Oacnudh en el más reciente boletín mensual “Seguimiento a la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, que presentó ayer viernes.

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Sin embargo, el diálogo entre la Alianza y régimen apenas ayer comenzó a producir acuerdos.

En la publicación, el organismo internacional hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos que continúan en el país y deja en evidencia que apenas la recomendación de la reanudación del diálogo nacional está “en curso”.

Dentro de las recomendaciones hechas por el organismo estaban: Poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización y cualquier otro tipo de represalias; desmantelar y desarmar a los paramilitares; realizar investigaciones “independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes” de las violaciones de derechos; detener todos los arrestos ilegales, entre otros. Ninguna de estas ha sido cumplida.

Secuestros y presos políticos pueden “socavar” el diálogo

La Oacnudh precisó que en febrero continuó la represión y la criminalización de la disidencia, puntos que podrían “socavar” el diálogo entre ambas partes.

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“La reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia constituye una oportunidad para hacer frente a la crisis política y social y a sus causas subyacentes, que incluyen la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”, subrayó el boletín.

El informe de la Oacnudh coincide con el sentir de muchos nicaragüenses, que indican que no puede haber diálogo mientras la dictadura Ortega Murillo siga secuestrando y manteniendo a los presos políticos como rehenes. “Si las detenciones y condenas de personas que expresan opiniones disidentes continúan, los esfuerzos para mantener un diálogo podrían quedar seriamente socavados”, expuso el organismo.

“Ortega se burla de las recomendaciones”

Para Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que Daniel Ortega no cumpla con las recomendaciones de la Oacnudh “no es una novedad para nosotros”, puesto que el actuar del mandatario es una situación que se viene dando desde hace años.

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“Creo que hasta el momento él no ha mejorado nada, él se ha burlado de las resoluciones, exigencias y recomendaciones. En realidad no ha mostrado nada de cambios”, recalcó Cuevas.

Respecto al diálogo, Cuevas tachó de falta de voluntad por parte del régimen orteguista resolver la crisis “y cumplir los acuerdos entre la Alianza Cívica”.

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Hasta ahora, “la gran diferencia es que la población ya no le cree y es crítico de él (Ortega)”, agregó.
Ante la presión que ejercen las sanciones en contra de Ortega, Cuevas lamentó que los únicos verdaderos afectados serán los nicaragüenses. “El mensaje que está enviando el presidente es que no le interesa que Nicaragua llegue a límites como Venezuela”.

Continúan violaciones

El informe mensual de la organización destaca que luego de once meses de que iniciara la represión gubernamental contra los nicaragüenses, las violaciones a los derechos siguen latentes: “Como en meses anteriores, la Oacnudh continuó documentando los patrones de represión y criminalización contra defensores de los derechos humanos y líderes sociales. En algunos casos, las víctimas habrían sido objeto de represalias por su cooperación con las Naciones Unidas”.

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La Oacnudh mencionó algunos casos que se dieron en febrero, como fue el secuestro del padre Edwin Román, a quien la Policía Orteguista señaló “de conducir en estado de ebriedad”, así como la condena del líder estudiantil Jonathan López y el allanamiento a las instalaciones de la Red Nicaragüense para la Democracia y el Desarrollo (la “Red Local”).

En cuanto a la condición de los privados de libertad, la Oacnudh se mostró preocupado por el trato que les brinda las autoridades del Sistema Penitenciario, refiriéndose a las golpizas que han recibido las mujeres y hombres, en ambas cárceles, solo por cantar el Himno Nacional y protestar en contra del régimen.

Régimen no toleró las recomendaciones

Dos días después que la Oacnudh expusiera las recomendaciones al gobierno orteguista , el 29 de mayo de 2018, este expulsó a la misión que se encontraba en el país bajo el argumento de que había “cesado las razones, causas y condiciones” de su estadía.

Ortega no muestra voluntad

El 20 de marzo, en las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen orteguista se acordó que este liberaría a todos los presos políticos en un lapso de tres meses.

Sin embargo, desde esa fecha los representantes del régimen no se han vuelto a referir al tema.

El Comité de Presos Políticos y demás organizaciones han demostrado su desacuerdo sobre el tiempo de liberación de los reos.

La Alianza Cívica tiene un reporte de 647 presos políticos y el Comité de Presos Políticos, 802.

Más presión

Por su parte, el senador republicano Marco Rubio recientemente expresó que el régimen de Daniel Ortega debe garantizar cinco condiciones para el avance de la democracia en el país, las cuales son: Libertad incondicional e inmediata de todos los presos políticos, libertad de expresión y movilización, garantías de seguridad para el retorno de exiliados, desarme de grupos paramilitares irregulares y elecciones adelantadas que sean libres e incluyentes.

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