Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís Cerda, los acuerdos firmados entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega serán positivos siempre y cuando se concreten mediante decreto ejecutivo o reforma a las leyes pertinentes.
Además, se debe garantizar su cumplimiento mediante la existencia de garantes nacionales e internacionales, de lo contrario “sería más de lo mismo”, dijo Solís, otro aliado personal de Ortega.
“Es un primer paso, lo veo bueno, pero ese acuerdo necesita dos cosas: que se concreticen mediante decretos ejecutivos o reformas a leyes y que tengan garantes para su cumplimiento. En los próximos días el gobierno debe dar muestras de esas garantías”. “Hoy (ayer) es determinante y crucial para que den muestra de cumplimiento. No debe mandar ni un solo policía a los plantones”, dijo Solís, horas antes de que Ortega mandara a la Policía Orteguista (PO), turbas y paramilitares a reprimir protestas.
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Solís agregó que el acuerdo concerniente a las manifestaciones públicas quedó muy amplio y no debió quedar sujeto siempre a permiso de la Policía, porque ya se sabe cuál es la respuesta. Él propone una reforma a la Ley de la Policía donde se determine que esta debe otorgar los permisos solicitados con carácter de ineludible cumplimiento y que estas marchas o reuniones no deben ser reprimidas por la PO ni por grupos paramilitares.
“La Unidad Nacional Azul y Blanco debe marchar en los próximos días de abril a fin de probar la buena fe del gobierno en esta negociación”, agregó el exmagistrado.
Solís recordó que el derecho de reunión pacífica, manifestación y asociación son derechos irrenunciables que han sido atropellados por la vía de hecho por el régimen de Ortega y lo que se quiere es restituirlos mediante decretos o reformas, y garantizar su cumplimiento mediante garantes internacionales.
Establecer mecanismos legales
Otro punto del acuerdo firmado entre la Alianza Cívica y el orteguismo es el respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, así como la devolución de los bienes confiscados y retenidos a los medios de comunicación independientes; sin embargo, el exmagistrado dice que esto también debe asegurarse legalmente.
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“No basta que se diga que hay garantías, sino establecer la forma, es decir si mediante reforma a la ley sobre personería jurídica o cancelar o derogar lo que hizo la Asamblea Nacional al cancelar las personerías jurídicas a los organismos afectados. Si el gobierno realmente quiere dar muestras de cambio, en los próximos días debe estar devolviendo los medios de comunicación afectados, debe dejar de acosar a los medios, entregar el papel y todo lo retenido”, dijo Solís.
Respecto a la portación y el uso de armas restringidas, así como el desarme de paramilitares, armados por el orteguismo para aplastar las protestas ciudadanas, Solís aseveró que debe reformarse la Ley de armas y no solo “instar” al Ejército y la Policía a tomar medidas.
“Debe haber una reforma a Ley de Armas o por decreto, ahí lo dejaron muy general. En el caso de la Policía Nacional debe establecerse que no pueden usar armas de guerra, sino armas cortas de uso policial como es común en todo el mundo, incluyendo el uso de gases lacrimógenos, mangueras de agua a presión, etcétera, pero bajo ninguna circunstancia pueda dispararle a la población. No debemos dejar abierta la puerta para que pueda haber más muertos en el país”, confió Solís.
El exfuncionario y exconsejero de Ortega en temas jurídicos también señaló que se debe definir las funciones y facultades de los garantes.
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Dichos acuerdos sobre derechos y garantías ciudadanas fueron firmados el viernes 29 de marzo por los representantes del régimen orteguista y los miembros de la Alianza Cívica, en presencia del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, que participa como testigo y acompañante del Diálogo Nacional, y en presencia de Luis Ángel Rosadilla, representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pallais: régimen incumplió acuerdos
José Pallais, jurista y miembro propietario de la Alianza Cívica en la mesa de negociaciones, aseguró que con la represión estatal policial y sus grupos de choque contra los ciudadanos que protestaron pacíficamente en los centros comerciales de Metrocentro y Galerías, el Gobierno da muestras una vez más de no tener voluntad de una salida pacífica.
“La prueba de fuego el día de hoy (ayer sábado) evidencia que en menos de 24 horas el Gobierno incumple totalmente los acuerdos”, denunció Pallais.
El jurista y analista político asimismo denunció que el uso de la fuerza policial y paramilitar continúa, igual que los sucesos que estallaron en abril pasado, cuando la represión estatal sacó todas sus fuerzas bélicas para reprimir a la población que ha protestado cívicamente.
“La coordinación de fuerzas paramilitares, turbas y policías continúa al igual que en los peores momentos de los sucesos de abril. No dejaron a los ciudadanos hacer sus plantones en el marco de lo acordado y mandaron a herir, balacear y golpear a ciudadanos y periodistas, afectando el derecho a informar, que se habían obligado a respetar”, expresó el negociador de la Alianza Cívica.
¿Tiene sentido continuar las negociaciones?
Pallais aseguró que la represión de las fuerzas policiales y paramilitares de este sábado contra los ciudadanos pacíficos ha provocado a lo interno de la Alianza Cívica preguntarse qué sentido tiene continuar con el proceso de negociaciones con la dictadura.
“A lo interno de la Alianza ha provocado una gran frustración y que nos preguntemos nuevamente qué sentido tiene continuar firmando acuerdos con quien no muestra ninguna voluntad de cumplirlos, mientras la población continúa clamando por justicia, libertad y democracia y lo que recibe es represión estatal”, reflexionó Pallais, exvicecanciller de Nicaragua.
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El jurista expresó que la Alianza Cívica buscará establecer contacto con los testigos y acompañantes internacionales del proceso de negociación, en este caso, el señor Luis Ángel Rosadilla, delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el representante del papa Francisco en Nicaragua, el nuncio Waldemar Sommertag.
“Vamos a establecer contacto con los testigos, para que se pronuncien y con su calidad política y moral incidan en detener esta catástrofe provocada por el régimen”, sostuvo Pallais.
Si regresan el papel a medios será positivo
A juicio de Pallais, la garantía de los acuerdos totales no se va a medir por la lectura de los mismos, sino en la implementación de estos por el régimen.
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“Estos acuerdos se tienen que medir porque tengan una vida positiva en la vida diaria de los ciudadanos en el goce de sus derechos. Por ejemplo, si se respeta al ciudadano andar con la bandera azul y blanco de la patria, si se les permite hacer plantones, marchas y manifestaciones pacíficas, eso es positivo, si al Diario LA PRENSA y El Nuevo Diario se les regresa su materia prima, ya se está teniendo un impacto positivo; si esto es lo contrario, entonces, los acuerdos son letra mojada”, aseguró Pallais.
El éxito de los acuerdos
De acuerdo con José Pallais, los acuerdos parciales firmados el viernes pasado podrán considerarse acuerdos éxitos totales si el régimen de Daniel Ortega acepta el anticipo de elecciones nacionales.
“Lo del viernes fueron acuerdos parciales de la agenda, los acuerdos finales, su éxito depende si incorporan el tema fundamental, que es la celebración de elecciones nacionales de forma anticipada, porque eso es lo que le puede regresar la esperanza al pueblo de que aquí va a haber un cambio a través del voto libre, transparente y observado”, aseguró Pallais, negociador por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Para mañana lunes, los sectores en las negociaciones han programado discutir el tema de justicia.