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CONTENIDO EXCLUSIVO.Desde México, en donde radica desde el 2014 por la falta de espacios en Nicaragua, el experto en derechos humanos, Uriel Pineda, está siguiendo el desarrollo de la crisis del país desde abril del 2018.
A sus 35 años de edad, este abogado originario de Matagalpa ha trabajado en organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y, en esta entrevista hecha vía telefónica, explica a revista Domingo que Daniel Ortega no quiere salir del poder para evitar perder su fortuna y también para no enfrentar la justicia por los crímenes de lesa humanidad que se le han señalado. “No pensemos que Ortega está loco”, advierte.
Recurriendo a un lenguaje técnico, pero bien dispuesto a explicar sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, especialmente después de abril de 2018, Pineda también afirma en esta entrevista que tarde o temprano habrá justicia y le manda un mensaje de esperanza a las víctimas de la represión y a los familiares de los fallecidos.
¿Cómo está viendo lo que ocurre en Nicaragua desde abril pasado?
La solución de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua parte justamente de un diálogo inclusivo y franco entre el gobierno y los demás actores sociales. Esta crisis es producto de una ruptura de un diálogo democrático que debe existir permanentemente en una sociedad. Quiere decir que un gobierno no tiene carta blanca en su actuar y está limitado el ejercicio del gobierno no solo por la ley sino por el respeto a los derechos humanos y eso es lo que se rompió en Nicaragua. ¿Cómo regresar a ese punto de equilibrio? El diálogo es indudablemente el camino.
¿Qué piensa del diálogo?
Lo que más se siente latente en este momento en Nicaragua es la situación de los presos políticos y eso ha sido condicionante en una demanda de buena fe por parte de la Alianza Cívica, de su liberación. Sin embargo, no es el único tema que tiene que ver con esto y la restitución de la libertad no es lo único que lleva a la reparación en cuanto esa privación de libertad que sufrieron los presos políticos. Si bien es cierto es importante que estén libres, es importante también que asuma su cuota de responsabilidad el poder judicial por un proceso judicial viciado. Y es importante que las demás autoridades, como la Policía Nacional, que realizó detenciones ilegales, también asuma su responsabilidad. No solamente es que quedan libres y que ya no los están procesando, sino que todas las violaciones al debido proceso que hubo en estas detenciones sean esclarecidas y que el poder judicial asuma su cuota y que la Policía Nacional asuma su cuota de responsabilidad.
¿Cómo considera la posibilidad de una amnistía?
La posibilidad de negociar o no una amnistía, aquí hay un problema de naturaleza política con trascendencia jurídica y particularmente de derechos humanos. La Alianza Cívica, si bien es cierto es un grupo de personas que goza con legitimidad dentro de la sociedad nicaragüense, es un grupo de personas que al final del día no emana de un proceso democrático representativo. El gobierno, en su afán de controlar todos los ámbitos de expresión de organización en el país, básicamente dejó sin interlocutores políticos legítimos al país y es por eso que surge una alternativa como esta Alianza Cívica. Sin embargo, esta Alianza Cívica tiene las manos atadas, porque al no tener esa base social, esa legitimidad democrática, las expectativas que hay sobre su trabajo son muy altas y la gente es muy exigente. Eso es muy complicado y les deja un margen de acción muy limitado. Resulta inadmisible negociar, por parte de la Alianza Cívica, cualquier tipo de arreglo político que no sea respeto a los derechos humanos. Ante una eventual amnistía, el problema que tiene Daniel Ortega es que no puede negociarlo con un interlocutor que tenga toda la representatividad o la legitimidad necesaria. Pero el problema es más grave. Desde los derechos humanos, tanto en Perú como en Chile y en Uruguay, se han establecido precedentes judiciales importantes respecto a las amnistías y lo que te dice el sistema interamericano de derechos humanos es que, uno, es prohibido cualquier tipo de autoamnistía, que sería el caso de Nicaragua, es decir, que el presidente Ortega sacara una ley promoviendo una amnistía para todos estos hechos sería incompatible con el sistema jurídico interamericano, particularmente con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y no solo por el hecho de que él la promueva, que él cometió crímenes de lesa humanidad y que él pretenda procurar impunidad, sino también esto abarca procesos democráticos, que en un país la clase política decida dar vuelta a la página como ocurrió en España en el 78, y seguir con la vida democrática del país, tampoco es posible, porque esto implicaría que se están negociando los derechos humanos y los derechos humanos son inalienables. Ninguna clase política puede arrogarse la titularidad de derechos humanos de personas a quienes se les han violado. Aunque hubiere una ley de amnistía, y pasara a una etapa de consulta popular, y fuese aprobada, pensando en ese escenario irreal, tampoco sería legítimo porque sería dejar en impunidad las violaciones a derechos humanos y la naturaleza inalienable de los derechos humanos impide que eso se lleve a cabo. Ante cualquier escenario, una ley de amnistía es inviable a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
¿Cabe la posibilidad de que la disfracen?
Para que materialmente proceda no es tanto el nombre que le pongan sino lo que sustancialmente significa. Una persona que ha sido víctima de una violación a derechos humanos tiene el derecho de acceso a la justicia. Cualquier acción administrativa o legislativa que tome un Estado, y que vaya en menoscabo a ese derecho de acceso a la justicia, es contrario a la reparación integral del daño en materia de derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que no se puede conocer la verdad, que no se puede acceder a la justicia. Cualquier acción gubernamental orientada a obstaculizar el acceso a la justicia a las víctimas debe de ser considerada como una acción que promueve la impunidad y eso es incompatible con los derechos humanos.
Si algo explica que Daniel Ortega no quiera salir del gobierno…, es que no puede garantizarse la impunidad perdiendo el gobierno y no puede garantizar su fortuna familiar saliendo del gobierno. No pensemos que Daniel Ortega esté loco”. Uriel Pineda, experto en derechos humanos.
En el caso del poder judicial, ¿cómo ve la forma en que han actuado los jueces?
La administración de justicia ha sido víctima de este embate gubernamental sobre el control político. En consecuencia, lo que debe hacerse es, primero, fortalecer la institucionalidad democrática del poder judicial, es decir, todos los procesos que vienen a fortalecer la independencia judicial respecto del poder ejecutivo deben aplicarse en función de, uno, recuperar; pero dos, el daño ya está hecho, el poder judicial ha sido instrumentalizado, como lo ha denunciado el exmagistrado Rafael Solís. Alguien debe pagar esta cuota de responsabilidad. No se vale que un juez, que un ministro de la Suprema, simplemente alegue que tenía atadas las manos, porque al final hay una responsabilidad individual. Y esto pasa por un proceso de auditoría jurisdiccional. Los procesos judiciales que son llevados a cabo en Nicaragua deben ser analizados por una instancia independiente y a la luz de la legislación nacional y de los estándares internacionales de independencia judicial, a efectos de determinar si X o Y proceso se ajustó a esos estándares internacionales de independencia judicial. Porque ahí no solo hay responsabilidad para Daniel Ortega, que anula la independencia judicial en el país, hay también una responsabilidad individualizada para los operadores de justicia que no acatan su deber como funcionarios públicos y que se prestan a esta política de persecución contra disidentes políticos en Nicaragua.
¿Qué impacto tienen las declaraciones del doctor Rafael Solís?
Muy grande. Desde una perspectiva política, alguien tan cercano al presidente Ortega, que incluso fue padrino de boda, que se separe y que además denuncie las manipulaciones que existen sobre el poder judicial es muy grave. Lo que te está diciendo es que formalmente exista en la ley una división de poderes, en la práctica no existe una división de poderes, significa que el poder judicial es un arma más con la que cuenta el aparato represor del Estado para perseguir a sus disidentes. Esto es sumamente grave. No por ello debe desarticularse todo el poder del Estado, pero sí se debe desarrollar un mecanismo e indicadores para recuperar gradualmente la independencia del poder judicial en Nicaragua, que está totalmente dañada en este momento.
¿Usted cree que el actual diálogo puede garantizar el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses?
Es muy complejo decirlo. Lo político no debería de estar divorciado de los derechos humanos, en el entendido que el objetivo principal de la autoridad y del ejercicio del gobierno es garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Sin embargo, lo que vemos es un afán en la permanencia del gobierno sin asumir la responsabilidad o las graves violaciones a derechos humanos en que ha incurrido y los propios crímenes de lesa humanidad que se han cometido, me parece un punto de inflexión importante. Pero recapitulando un poco, te decía que lo que se dio en Nicaragua es una ruptura del diálogo democrático de los diferentes actores sociales, dejar de incidir en el gobierno y el gobierno no permitía mayor espacio de participación que el que el Ejecutivo controlaba, sus sindicatos, su gente, sus organizaciones y eso originó un sistema corporativista que al final del día termina separando a una sociedad entre la sociedad real y la sociedad ficticia. Eso tiene que desaparecer para que las cosas empiecen a caminar en el país y el gobierno debe de comprender que estas organizaciones de sociedad civil existen en el país, tienen derecho a participar porque eso es parte de la vida democrática en un país. Mientras el gobierno no cambie esa dimensión, no va a poder retomar la vida democrática del país.
Hay personas que piensan que se debe hacer una barrida en la Policía, ¿usted qué recomienda?
Para adoptar una medida tenés que hacer un diagnóstico. La impresión que da la Policía es que tiene un deterioro institucional muy grave y eso implica que una depuración es inevitable. ¿Cómo se va a hacer? ¿A qué niveles? Eso es un tema que hay que discutirse. Yo creo que el nivel de participación de los mandos, altos y medios, es muy sensible. No creo que esté tanto así en los policías de línea, pero sí en tropas especiales. Llamo la atención en las imágenes que uno puede ver, por ejemplo, la de la silla. La Policía ha sufrido un revés sensible en las técnicas de reducción. Ahí no había una técnica de reducción, ahí había una persona que no se apreciaba un entrenamiento policial para reducir a una persona, sino entrenada para golpear a la gente. Tropas especiales, cuadros intermedios, altos mandos, probablemente estén deteriorados, probablemente hablemos de que la Policía, cerca de un 70 por ciento, sea necesario su retiro. Hay un deterioro de la institución que es difícil rescatarla pero no imposible.
¿Qué puede pasar con los funcionarios de gobierno como la ministra de Salud, a quien señalan de negar atención médica, y todos los demás que se han prestado para la represión?
En la experiencia internacional, cuando ocurren violaciones graves a los derechos humanos, en este momento que todavía no termina el régimen Ortega Murillo, lo que nos corresponde a los nicaragüenses y a organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, es documentar la mayor cantidad de situaciones posibles. Una vez que esto se documente, y una vez que haya condiciones institucionales y más condiciones en el país para emprender otras acciones, es que se planteará qué se va a hacer. Lo que sí te puedo decir es que podés ver en Chile, en este momento, como hay procesos abiertos contra la dictadura de Pinochet, que estuvo desde los años setenta y en los ochenta, es decir, que puede tomar tiempo pero que tarde o temprano, y por la presión internacional y por la demanda del establecimiento de la democracia en el país, se va a hacer justicia. Una vez que salga Daniel Ortega del poder, él y sus secuaces, hay que tratar de establecer unas bases sólidas para crear un estado de derecho que permita garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Lo importante es que Daniel Ortega termine esta gestión gubernamental trágica y que eso dé pie al establecimiento de una sociedad democrática que pueda exigir cuentas a estos criminales.
Los medios de comunicación que critican a Ortega han sido víctimas también de la represión. ¿Cómo ve eso usted?
Daniel Ortega ubica como culpables a los medios de comunicación de la situación que ocurrió en abril, porque él lo que hizo es lo que había venido haciendo, reprimir. La gente se cansó. Los medios, de alguna manera, dieron cobertura y ese flujo de información animó a la ciudadanía a defender sus derechos, a protestar. Desde esa visión, Daniel Ortega culpa a los medios de comunicación por lo ocurrido y, por otro lado, por eso trata de afectar a LA PRENSA, afectando la importación de insumos, cierra canales de televisión, manda al exilio a medios como Café con Voz o a los medios asociados a Confidencial, de Carlos Fernando Chamorro. El castigo a los medios de comunicación no es casual, sino es un medio, lo que busca es evitar que esta ola de represión que se mantiene trascienda y no aliente nuevas jornadas de protestas en el país, lo cual parece inevitable ante la falta de apertura de espacios democráticos y la falta de un cambio real en el ejercicio del gobierno.
¿Qué le puede decir a las víctimas de la represión y a los familiares de los fallecidos? Ellos no ven justicia.
Les diría que la situación ocurrida en el país es inédita, sin precedentes. No estábamos en una guerra y va a ser complejo que se impulsen cambios, pero eso es inevitable. Hoy por hoy, algo como lo que ha ocurrido en Nicaragua no puede pasar desapercibida de la comunidad internacional y tarde o temprano, cuando este gobierno termine, se van a sentar las bases para garantizar el derecho de acceso a la justicia. La verdad tiene una doble dimensión, una individual, el derecho que tiene la familia a saber qué ocurrió o quién lo ordenó, pero también desde una perspectiva colectiva, que implica la construcción de una verdad histórica. Esto que ocurrió en el país no puede volver a pasar y para eso tenemos que documentar y esclarecer qué es lo que ocurrió y adoptar medidas para que ninguna otra persona en el país se le ocurra arrogarse que tiene el poder de matar a la gente por mantenerse en el ejercicio del gobierno. Y este va a ser un proceso complejo. Y es un proceso en el cual los familiares de las víctimas, de las personas muertas, tienen que formar parte como un testimonio de esta tragedia nacional que no puede volverse a repetir.
Daniel Ortega y Rosario Murillo se defienden. ¿En los alegatos de ellos ha encontrado algo razonable, algo que justifique como han actuado?
De ninguna manera. Por ejemplo, la teoría del golpe de Estado pudo legitimar en algún breve instante, en mayo del 2018, el uso de la fuerza del gobierno, es decir, un Estado que ve amenazada su conservación, su continuidad jurídica, puede hacer uso de la fuerza para mantener el orden público, pero se vio que fue absolutamente desproporcionado. En ese momento histórico podría decirte tuvo sentido, pero todo lo que ha derivado después, y porque la represión más fuerte vino después con el levantamiento de los tranques, es absolutamente irreal. El mayor temor de Daniel Ortega es perder el gobierno, perder toda esta fortuna que ha amasado como consecuencia de la corrupción. Si algo explica que Daniel Ortega no quiera salir del gobierno, no parece racional que alguien esté tan enfermo al gobierno, es que no puede garantizarse la impunidad perdiendo el gobierno y no puede garantizar su fortuna familiar saliendo del gobierno. No pensemos que Daniel Ortega esté loco. Es la misma situación de Nicolás Maduro en Venezuela, no es que estén locos y aferrados al poder, es que saliendo del poder habrá una situación irreversible y no pueden garantizar su impunidad. Ese es el tema de fondo, que al salir del poder van a tener que enfrentar a la justicia. No es tanto que estén locos o que haya una práctica esotérica, es asumir las consecuencias de sus actos al salir del gobierno.
¿Cómo valora a la pareja presidencial?
Creo que Daniel Ortega, para bien o para mal, y el régimen en sí, tiene en sus manos la responsabilidad histórica de que el derramamiento de sangre en el país no continúe. Tiene que tener la responsabilidad, si le queda alguna intención de gobernar como estadista, que esto sea un proceso menos violento y más ordenado. Que se logre negociar un órgano electoral independiente liberaría muchísima presión y encauzaría al país en una vida democrática que es necesaria. Pero no lo siento en esa sintonía, creo que va a hacer todo lo posible por mantenerse la mayor cantidad de tiempo en el ejercicio del gobierno y eso no es sano para el país.
Plano personal
En el año 2007, el diputado orteguista Edwin Castro fue uno de los jurados cuando Uriel Pineda defendió su tesis para graduarse de abogado en la UCA. De hecho, el propio Castro fue su maestro de derechos humanos, algo que hoy considera una ironía. Al ser consultado sobre cómo lo trató Castro en la defensa de la tesis, Pineda dice: “Salió medio molesto porque critiqué la Ley de Acceso a la Información que ellos acababan de hacer, en su momento señalé omisiones importantes”.
Pineda tiene una hija que se llama Camila, de dos años de edad. “Mi única coincidencia con Daniel Ortega”, dice Pineda entre risas.
Tiene 35 años de edad.
Sus pasatiempos favoritos son conocer lugares nuevos, probar cosas diferentes y las buenas conversaciones.
En Nicaragua trabajó para el Cenidh y fue profesor de la UCA y la Unica.
Salió a México en 2014 y allí trabajó para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para el Departamento de Derecho de la IBERO y actualmente es profesor.