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Varios manifestantes fueron capturados por los antimotines, entre ellos Flor Ramírez, la señora del huipil azul y blanco que no falta en las marchas. LA PRENSA/ÓSCAR NAVARRETE

La respuesta del régimen fue de rechazo, argumentando que “era un insulto” aceptar la presencia de la ONU y la CIDH como garantes. LA PRENSA/ÓSCAR NAVARRETE

Régimen de Daniel Ortega rechaza presencia de CIDH y ONU como garantes de los acuerdos

José Pallais confirmó a LA PRENSA que el régimen orteguista les dijo este lunes “que no están dispuestos a traer a la ONU y CIDH como garantes”.

Pese a que en menos de 24 horas violentó los acuerdos para restituir las garantías ciudadanas que había firmado con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el régimen de Daniel Ortega aseguró este lunes que tiene voluntad de cumplir los acuerdos firmados en la mesa de diálogo y por esa razón rechazó la exigencia de la oposición de permitir el ingreso inmediato de los garantes internacionales.

De esta manera, las conversaciones volvieron a estancarse ayer, sin que se haya comenzado a discutir y aprobar temas tan espinosos como sustanciales para superar la crisis política, como las reformas electorales, que implicará abordar la demanda de la Alianza de preparar el terreno para unas elecciones anticipadas, es decir, antes de 2021.

En lo que fue descrito como un acalorado encuentro, ayer lunes el régimen de Ortega rechazó permitir el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), para garantizar que los acuerdos que se vayan logrando se cumplan, luego que la dictadura desatara el sábado reciente una violenta represión en Managua.

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José Pallais confirmó a LA PRENSA que el régimen orteguista les dijo este lunes “que no están dispuestos a traer a la ONU y CIDH como garantes”.

El político opositor expresó además que la Alianza Cívica no va a ceder a sus demandas, las cuales ya han sido planteadas en la agenda de las negociaciones.

“Nosotros vamos agotar los días que hacen falta para el 3 de abril, haciendo las reflexiones que cumplan, y que se cumpla nombrando esos garantes que le van a dar credibilidad a la negociación”, manifestó Pallais.

Sobre la posibilidad de ampliar la fecha límite de las negociaciones, Pallais explicó que puede pasar siempre y cuando la dictadura tenga voluntad de encontrar acuerdos.

Hasta ahora Ortega no ha mostrado voluntad, porque ninguno de los acuerdos suscritos en la mesa han sido cumplidos. No ha liberado a los presos políticos, continúa reprimiendo las manifestaciones públicas, no ha retornado el pleno respeto a la libertad de prensa, entre otros.

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“Lo que no queremos es estarnos llenando de acuerdos escritos que no se cumplen, queremos llenarnos de realidades, de satisfacción de que las cosas están cambiando”, dijo Pallais.

La delegación de la Alianza Cívica entregó este lunes una serie de pruebas al delegado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, y al nuncio apostólico Waldemar Sommertag, testigos y acompañantes de la mesa de negociación, sobre los hechos de violencia suscitados en Metrocentro y Galerías que representan una clara violación a los acuerdos alcanzados el viernes pasado entre ambas partes de restablecer los derechos ciudadanos.

Por su parte, Azahalea Solís, miembro de la mesa de negociaciones por parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que para la implementación de los acuerdos “se hace necesaria” la presencia de los garantes con el fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos en la mesa.

“El límite es el miércoles para la firma de los acuerdos, pero recordemos que la negociación continúa con la implementación y eso es fundamental y en la implementación es necesario que estén presentes los garantes”, aseguró Solís.

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Solís también explicó que otro punto que le fue planteado a la delegación del gobierno es determinar fecha de elecciones anticipadas, un tema en el cual la dictadura ha dicho que no se va a tocar en la mesa de negociaciones, pero de acuerdo con la Alianza Cívica es un tema innegociable.

Ortega se niega a dejar el poder, pese a la matanza de más de 325 nicaragüenses que perpetró desde abril del 2018, según registros de organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros.

El régimen llegó a la mesa de negociación acorralado por las sanciones internacionales, que han golpeado principalmente la fortuna que amasó originada por la cooperación de Venezuela, ayuda que superó los tres mil millones de dólares en seis años.

De hecho, en la mesa el régimen ya pidió que se hicieran gestiones para pedir el retiro de sanciones a la comunidad internacional una vez que se pacten y firmen los acuerdos en la mesa. Pero desde entonces no ha parado de boicotear las conversaciones.

Este lunes no fue la excepción. Carlos Tünnermann, miembro propietario por la Alianza Cívica en la mesa negociaciones, admitió que ayer no se avanzó en el tema de la agenda, ante el rechazo del régimen a la asistencia de la CIDH y la ONU.

Régimen dice que “puede garantizar” acuerdos

Hasta ahora Ortega solo ha permitido la llegada de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero limitó su papel al de testigos y acompañantes, rol que también asignó al delegado del Vaticano.

Según Tünnermann, el argumento de la delegación estatal es que el Gobierno puede garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

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“Ellos se resisten (el régimen) y (argumentan) que ellos pueden garantizar el cumplimiento de esos acuerdos, pero ya vemos que no, porque sabemos lo que sucedió el sábado (represión policial y paramilitar contra ciudadanos que protestaron pacíficamente)”, expuso el jurista.

Temas espinosos, ya en manos de Ortega

Tünnermann confirmó además que la Alianza Cívica le entregó a la delegación de Ortega un documento sobre lo que van a exponer en la mesa antes de la fecha límite de las negociaciones, programada para este miércoles 3 de abril.

“Le hemos dado un documento con relación a todo lo que nosotros vamos a proponer en la mesa respecto a los temas de justicia, democracia y el tema electoral, para que ellos lo vayan viendo y cuando nos sentemos ya sepan cuáles son nuestras posiciones, podamos discutirlas con una base”, aseguró Tünnermann.

Mario Arana también dio a conocer a LA PRENSA que esperan que el Gobierno cambie de postura en su negativa de aceptar a la CIDH y a la ONU, para que brinden garantías a los acuerdos que sostienen con el régimen de Ortega.
“En principio, nos vamos a presentar allí (en la mesa este martes) para ver si en este tema (de los garantes) avanzaron algo y si no han avanzado y ya es una postura, realmente hay que parar y suspender hasta que se resuelva”, enfatizó.

Tensa reunión

Aunque la Alianza Cívica emitió anoche una escueta nota de prensa en la que desmiente que los delegados del Gobierno hayan dicho amenazas en su contra, varios miembros de la organización confirmaron que hubo exabruptos en las negociaciones de este lunes que fueron las más tensas hasta ahora.

“Después de los eventos del sábado y de lo acordado el viernes, obviamente no iba a ser un buen día (ayer), porque la verdad, desde el inicio se estableció un tono alterado (…) ellos llegaron con un tono agresivo y en ambos lados se alteraron los ánimos y estas reuniones suelen ser respetuosas, para poder ser constructivos, pero hoy (ayer) fue difícil mantener el tono constructivo”, reveló Arana.

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José Pallais también refirió que hubo exabruptos en las conversaciones con la delegación de la dictadura, que es coordinada por el canciller orteguista Denis Moncada Colindres.

“Son exabruptos que no abonan a un ambiente positivo en la mesa de negociaciones”, dijo Pallais, quien asegura que siguen firmes en su agenda.

De acuerdo a varios miembros de la Alianza, los tonos agresivos de Moncada hacia los miembros de la oposición en la mesa fueron, incluso, de advertencias jurídicas, que son interpretadas como que Moncada los amenazó con cárcel.

Las palabras de Moncada incluso provocaron que el Movimiento 19 de Abril de la Universidad Agraria emitiera un comunicado vía Twitter denunciando lo que describieron como “amenazas”. El tuit fue retirado más tarde.

Según la versión de algunos miembros de la mesa que pidieron el anonimato, Moncada, en un momento de tensión habría dicho en la mesa de negociación que “se nos está terminando nuestra paciencia jurídica y penal”.

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