Este miércoles se vence la prórroga de una semana que las delegaciones de la opositora Alianza Cívica y el régimen orteguista en la negociación política, se dieron después que el 28 de marzo terminó el período que debían durar las pláticas para encontrar acuerdos de consenso bilateral e interés nacional. Termina el plazo sin los acuerdos que se necesitan, pero no hay más opción que seguir negociando.
Esta segunda etapa de negociaciones ha sido suspendida varias veces, por incumplimiento gubernamental de los acuerdos parciales que se han podido alcanzar. Sin embargo, ha sido más consistente que la frustrada primera fase del Diálogo Nacional realizada en el Seminario de Fátima del 18 de mayo al 26 de junio del año pasado, en la cual la Conferencia Episcopal de Nicaragua sirvió de mediadora y testigo.
Aparte de las conocidas triquiñuelas de la dictadura, la principal dificultad en la negociación ha radicado en que las partes no buscan el mismo objetivo. La Alianza quiere un acuerdo para que Nicaragua salga de la dictadura y comience un proceso de democratización, que debe pasar por el adelanto de las elecciones; pero Daniel Ortega lo que pretende es un pacto para seguir en el poder a cambio de reformas superficiales y concesiones políticas.
En el contexto de la actual negociación de la oposición con la dictadura se ha mencionado la experiencia de las negociaciones de Sapoá, en 1988, entre la dictadura sandinista y los líderes de la Contra, y las de 1989 del mismo régimen con la oposición civil, en Managua.
Aquellas negociaciones fueron exitosas porque las partes tenían el objetivo común de poner fin a la guerra y establecer la paz en el país, mediante un proceso de democratización nacional de conformidad con el mandato establecido por los presidentes centroamericanos en los Acuerdos de Esquipulas II.
Por supuesto que los sandinistas no eran sinceros. Ellos perseguían el objetivo no declarado de mantenerse en el poder y continuar su revolución admitiendo algunas reformas. Creían tener el apoyo mayoritario de la población y por eso aceptaron rifar el poder en unas votaciones libres y vigiladas internacionalmente. Después de perder las elecciones se arrepintieron de haber permitido que fuesen genuinas y sabotearon al gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro, pero el proceso de la democratización funcionó a pesar de todo, hasta que Arnoldo Alemán y el PLC pactaron con Daniel Ortega y el FSLN, que así pudieron recuperar el control total del poder y restaurar la dictadura.
Ahora, para que la negociación política de la Alianza Cívica con el régimen de Ortega pueda tener éxito, o sea abrir el camino hacia la nueva democratización, hay que adelantar las elecciones previa reforma del actual sistema electoral, que es fraudulento. Ortega tiene que aceptar esa salida. La continuación de la dictadura o la violencia para derrocarla no son alternativas. La única opción es el diálogo, que debe seguir hasta dar los frutos necesarios.