Unidad Nacional Azul y Blanco notifica a la Policía Orteguista sobre una marcha para este sábado

La marcha está prevista a realizarse el sábado a las 2 de la tarde, desde la rotonda Centroamérica hacia el monumento Alexis Argüello

Policía Orteguista

Marchas azul y blanco en Managua, donde miles de personas exigieron justicia, democracia y libertad en el país, marcado por la represión gubernamental. LA PRENSA/ÓSCAR NAVARRETE

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) notificó este jueves a la Policía Orteguista (PO) de una marcha convocada para mañana sábado, a las 2:00 p.m., la que seguirá la ruta de la rotonda Centroamérica hacia el monumento Alexis Argüello, en Managua.

El consejo político de la UNAB hizo este anuncio en una conferencia de prensa, en la que también informaron que la notificación fue presentada ayer en la sede nacional de la PO, conocida como Plaza El Sol.

Guillermo Incer Medina, miembro del consejo político de la UNAB, manifestó que los policías los atendieron con amabilidad, aunque no firmaron el recibido en la copia de la notificación, y a la salida les hicieron fotos.

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La UNAB hizo ver en el documento entregado a la Policía que están ejerciendo el derecho político “de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”, establecido en el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua.

Incer dijo que le están dando la oportunidad al Gobierno de cumplir con los acuerdos suscritos en la mesa de negociación, en alusión al acuerdo de fortalecer los derechos y las garantías ciudadanas.

La firma de este acuerdo fue dada a conocer el 29 de marzo pasado, como parte de los avances del Diálogo Nacional entre representantes del régimen de Daniel Ortega y el grupo opositor agrupado en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Sigue represión

Sin embargo, la Policía Orteguista ha continuado reprimiendo las protestas civiles y permitiendo que los simpatizantes del orteguismo ataquen a los manifestantes azul y blanco.

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“Estamos decididos y firmes a ejercer nuestros derechos en este momento, que es clave. La ciudadanía tiene que comprender que solo la movilización en las calles, la presión interna, va a conducir al cumplimiento de los acuerdos”, dijo Incer.

Agregó que el derecho a la protesta no debería estar bajo riesgo, por eso insisten en salir a las calles a manifestarse como lo permite la Constitución Política y como lo ratificaron en los acuerdos firmados en la mesa de negociaciones.
“Lo que nosotros esperamos ver es qué tan dispuestas están las autoridades a ser fieles a su palabra y a los compromisos firmados frente a los testigos y los garantes internacionales (en el Diálogo Nacional)”, expresó Incer.

Desobediencia fiscal

Asimismo, la UNAB hizo un llamado a la desobediencia civil y fiscal para fortalecer la demanda ciudadana.
Violeta Granera, también miembro del consejo político de la UNAB, reveló que están trabajando con otros sectores para consensuar un plan de desobediencia civil y fiscal, mencionando que se comunican permanentemente con los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y con miembros del sector privado para hablar sobre estos temas.

La última manifestación, denominada “Sentada nacional” —que consistía en sentarse en cualquier lugar y cantar el Himno Nacional con una bandera azul y blanco—, fue reprimida por la PO. Además, un simpatizante de Ortega disparó contra los azul y blanco en un centro comercial, resultando tres personas heridas. La experiencia de los últimos meses ha sido que ante la notificación que hacen las organizaciones para marchar, la Policía sale un día antes diciendo que no permitirá la protesta.

Protesta es reprimida

El régimen de Daniel Ortega mantiene permanentemente a las fuerzas policiales en las calles, para evitar nuevos levantamientos sociales.

El orteguismo logró aplastar las manifestaciones civiles con ataques armados, persecución y detención de quienes lideran las protestas, hasta que finalmente las criminalizó a través de un comunicado de la Policía, el pasado 28 de septiembre, en el que amenaza con cárcel a quienes “convocan a estos desplazamientos ilegales”.

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Más de setecientas personas fueron detenidas por participar en las protestas civiles, de las cuales 647 siguen en prisión y 167 tienen casa por cárcel.