Daniel Ortega busca impunidad tras la represión ejecutada desde abril

El régimen se niega a abordar la posibilidad de elecciones anticipadas como una salida a la crisis, también se opone al nombramiento de la CIDH y Naciones Unidas como garantes de los acuerdos.

Daniel Ortega

El dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo durante un acto aparecieron más solitarios y con una reducida base de partidarios. LA PRENSA/AFP

Al Diálogo Nacional se le venció este miércoles el plazo sin llegar a acuerdos en el tema de justicia y democracia y con un endurecimiento de la posición de Daniel Ortega, quien busca impunidad tras la represión ejecutada desde abril de 2018.

El régimen se niega a abordar la posibilidad de elecciones anticipadas como una salida a la crisis, causada por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el orteguismo y sus grupos paramilitares.

También se opone al nombramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas como garantes de los acuerdos.

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En su lugar, el ejecutivo propuso que sean instituciones públicas bajo su control las encargadas de investigar lo ocurrido, entre ellas la Policía —señalada como el brazo represor del régimen— y la “Comisión Porras”, lo que fue considerado por la Asociación Madres de Abril como una “burla a las víctimas”.

La falta de acuerdos fue confirmada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en una rueda de prensa ofrecida a las 9:00 de la noche; tres horas antes que se venciera el plazo ampliado que se había fijado para lograr alcanzar consensos.

“Desde el inicio de estas negociaciones llegamos a dos acuerdos sobre libertades: acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad y acuerdo para fortalecer los derechos y las garantías. En los temas de justicia y democracia no se ha llegado a acuerdos”, informó la Alianza a través de un comunicado.

“Ante esto y habiendo dejado nuestra propuesta sobre estos temas en la mesa, el equipo negociador de la Alianza Cívica enfocará su trabajo en el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos alcanzados hasta la fecha, siendo la responsabilidad del gobierno la implementación de los mismos”, añadieron.

Negociación “sigue viva”

El comunicado fue leído por el jefe negociador opositor, Carlos Tünnermann, quien fue flanqueado por todos los miembros que participan en las conversaciones, entre ellos representantes del sector privado, sociedad civil y estudiantes.

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Tünnermann dijo con claridad que “la mesa de negociación sigue viva, mañana (hoy) tenemos una reunión con el Comité (Internacional) de la Cruz Roja, que nos va a presentar resultados de su trabajo para la liberación de los presos”.

Según Tünnermann, hasta ahora el Comité Internacional de la Cruz Roja ha consensuado al menos 290 presos políticos, entre la lista presentada por la Alianza Cívica y la del ejecutivo, pero dijo que podrían ser más.

La diatriba del dictador

Hora y media antes de que se conociera la falta de consenso, el dictador participó en un acto público de recepción de credenciales de varios embajadores. En su intervención calificó a sus críticos como “extremistas” y nuevamente insistió en que las protestas de abril fueron una intentona de golpe de Estado.

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En realidad, Ortega ha sido cuestionado desde hace años por la concentración de poder en todas las instituciones públicas y su irrespeto al Estado de derecho. Sin embargo, él aseguró al referirse directamente a las negociaciones que están haciendo un “esfuerzo” por la paz y que están buscando el camino del diálogo.

Mensaje cifrado a las sanciones

“Se han logrado tomar acuerdos y siempre una negociación es compleja. Los plazos son un desafío. Es un plazo corto para llegar a acuerdos y esperamos que exista la disposición, la voluntad de los factores externos que siempre inciden en este tipo de negociaciones”, sostuvo.

La alusión a “factores externos” en una acto de recepción de embajadores es un mensaje cifrado a Estados Unidos y la Unión Europea que han advertido que de no haber avances en democratización y justicia el régimen será sancionado.

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Ortega en la recepción calló sobre la represión que el régimen ha intensificado contra la ciudadanía y que ha llevado a miles de personas al exilio y, en particular, sobre la ocurrida el sábado pasado, menos de un día después que el régimen se comprometió al respeto de las libertades públicas, así como el desarme de los grupos paramilitares.

Finalmente, esos puntos los incumplió.

Durante su discurso, Ortega atacó a los manifestantes opositores, a quienes describió como “fuerzas extremistas que irrumpen amenazando el bienestar y la estabilidad de países como Nicaragua”.

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“Se van posicionando con actitudes extremistas radicales, con discursos terroristas, fascistas y estamos en esa lucha, buscando la paz, estabilidad”, dijo antes de describirse como víctima también de campañas de desestabilización que se han enfocado contra Cuba y Venezuela, dos de sus pocos aliados políticos en el mundo y asimismo cuestionados por violaciones a derechos humanos .

La receta de la impunidad

Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, que reúne a los familiares de las víctimas de la masacre, reaccionó a la propuesta estatal de que sean las instituciones bajo control del orteguismo, quienes lleven a cabo una investigación sobre los hechos ocurridos desde abril de 2018.

“Ortega con esto se está burlando de nuestro dolor, es una burla total. Aumenta el dolor de quienes perdimos a nuestros hermanos, hijos, padres… Nosotras no aceptaremos ningún acuerdo sobre justicia de nuestros familiares si no es con la participación de nosotras y la propuesta del gobierno es una burla, ya que el gobierno se encuentra incapacitado para administrar o garantizar justicia. La Comisión de la Verdad que exigimos es una comisión con notables especialistas imparciales, donde esté la CIDH, porque la comisión que existe es progobierno que ni siquiera reconoce el asesinato de nuestros familiares”, expresó Valdivia.

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El documento gubernamental plantea la creación de un “sistema integral” para el abordaje del tema de la “verdad, justicia, reparación y no repetición”.

La represión contra la ciudadanía dejó al menos 325 muertos desde abril del año pasado, según la CIDH, además de miles de heridos, desaparecidos y también centenares de presos políticos.

Urge investigación seria

En su informe contundente sobre los sucesos, ocurridos desde abril del 2018 en Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que se cometieron crímenes de lesa humanidad como asesinato, persecución, violación, entre otros, contra los manifestantes y responsabilizó al Estado de esos graves delitos. Entonces se planteó la necesidad que haya una investigación imparcial sobre los hechos.

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«Se van posicionando con actitudes extremistas radicales, con discursos terroristas, fascistas y estamos en esa lucha, buscando la paz, estabilidad”, dijo Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, sobre los manifestantes opositores.

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