La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua será abordada este viernes en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que conocerá un informe sobre la situación del Diálogo Nacional de boca del delegado de esa institución en las negociaciones, Luis Ángel Rosadilla.
La cita se da a pocos días que Estados Unidos asumió la presidencia de ese organismo durante los próximos tres meses, mientras a nivel interno, es cada vez más evidente la falta de voluntad de la dictadura de Daniel Ortega para encontrar una salida a la crisis.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, prometió días atrás reactivar la aplicación al régimen de la Carta Democrática Interamericana si en Nicaragua no se avanza en temas de democracia y respeto de los derechos humanos.
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Estos temas están siendo abordados en la mesa de diálogo entre la dictadura y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; en conversaciones actualmente estancadas por la radicalización del régimen de Nicaragua.
La reunión en la OEA se realizará a petición de las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica y Estados Unidos, en el contexto del vencimiento de plazo de las negociaciones, donde no se alcanzaron acuerdos en temas como justicia y democracia, debido a la negativa del régimen de realizar elecciones anticipadas y de aceptar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas como garantes de los acuerdos que se alcancen entre las partes tras las negociaciones.
El informe de Rosadilla
De acuerdo con la agenda de la OEA, el Consejo Permanente recibirá un informe de Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la OEA, que actúa como testigo en el diálogo.
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Rosadilla explicará los acuerdos hasta ahora logrados en la mesa de negociación y los obstáculos para concretar una salida a la crisis. También está previsto las intervenciones del Joel Hernández, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, y Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
La posición de Trujillo
La posición crítica de EE. UU. fue reiterada por el embajador Trujillo. “Tenemos que avanzar. Yo creo que si no hay negociaciones y si no estamos avanzando en el tema de la democracia y derechos humanos en Nicaragua, tenemos que aplicar el artículo 20”, sostuvo a inicios de esta semana.
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Igualmente, el diplomático se refirió a la represión que sigue desatando la dictadura contra los ciudadanos nicaragüenses. “Están en negociaciones y, después, al mismo tiempo están oprimiendo a estudiantes, a personas pacíficas que están demandando y protestando en las calles, es algo que vamos a tomar en cuenta y lo vamos a abordar aquí en la OEA”, afirmó Trujillo.
La búsqueda de votos
El exembajador de Nicaragua en Venezuela (2001-2006), Manuel Salvador Abaunza, considera que la reunión del Consejo Permanente busca la aplicación del artículo 20, de la Carta Democrática, y posteriormente el 21, “para suspender a Nicaragua porque la dictadura no muestra ningún interés en respetar los acuerdos en el diálogo, y el embajador Trujillo ha sido muy claro desde que tomó la presidencia (en el Consejo Permanente)”.
“Ahora que Estados Unidos está en la presidencia hay más posibilidad de aprobar la Carta Democrática. El punto final es conseguir los 24 votos. Hubo una reciente reunión entre el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y los (cinco) presidentes de la Caricom (Comunidad del Caribe, integrada por 15 países), y es posible que ahora estemos muy cerca, sino es que ya tenemos los 24 votos necesarios para la invocación de la Carta Democrática. Es difícil hacer este tipo de cálculos, pero creo están dadas las condiciones para lograr ese objetivo”, indicó el exdiplomático.
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Para Abaunza, el hecho que no haya interés de Ortega para llegar a acuerdos en temas como la justicia y democracia, y elecciones anticipadas, así como poner fin a las violaciones a los derechos humanos, podría acelerar la aplicación de ese instrumento jurídico aprobado en 2001, en la OEA, para preservar la democracia en la región.
La sesión de hoy es la novena sobre Nicaragua que realiza el Consejo Permanente desde que inició la crisis en el país. Además, ese organismo ha aprobado dos resoluciones de condena contra el régimen.
La primera fue el 18 de julio de 2018, en la que condenó los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participaron en la primera ronda del Diálogo Nacional finalizada en junio pasado, los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la sede de Cáritas, y otros manifestantes “pacíficos”.
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Asimismo, llamó a las partes a participar “activamente y de buena fe” en el Diálogo Nacional e instó al Gobierno a “que apoye un calendario electoral”, en una resolución aprobada por 21 votos a favor.
La segunda fue aprobada el 12 de septiembre y expresa su “enérgica condena por los actos de violencia, represión y violaciones a los derechos humanos y abusos” cometidos contra el pueblo de Nicaragua, de acuerdo con lo documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que revela la brutalidad policial que operó contra la ciudadanía en coordinación con grupos paramilitares.
Pero fue el 27 de diciembre de 2018 cuando se habló oficialmente sobre la aplicación de la Carta Democrática en el Consejo Permanente.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció el inicio del proceso para aplicar ese instrumento debido a la crisis que afecta a Nicaragua desde abril de 2018.
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El pasado 4 de enero, Almagro convocó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de este organismo con el fin de dar seguimiento a la situación en Nicaragua. Desde entonces, ese organismo trabaja en la búsqueda de los 24 votos para la aprobación de la Carta Democrática.
El subsecretario del Departamento de Estado, Roger Carstens, denunció el jueves en Ginebra, Suiza, la crisis que enfrenta Nicaragua desde hace un año tras la reforma a la seguridad social que desembocó en protestas, y la respuesta represiva del régimen contra los manifestantes.
Más presión de EE. UU.
Entre esas violaciones destacó las ejecuciones extrajudiciales contra la población a manos de la Policía Orteguista y grupos paramilitares bajo el control gubernamental.
El alto funcionario estadounidense abordó la situación de manifestantes que se encuentran en las cárceles por ejercer sus derechos.
Precisó que el régimen los acusa de terrorismo. Señaló que los reportes de derechos humanos indican el endurecimiento de las medidas represivas de la dictadura, abusos a los derechos humanos, secuestros, y condenas de vida en prisión contra opositores.
En su exposición, Carstens hizo alusión a las acciones represivas del régimen los días 16 y 27 de marzo, en los que se arrestó a más de cien y 64 manifestantes, respectivamente, acciones que el gobierno ha realizado durante la reanudación del diálogo.
Añadió que en el país permanecen 647 presos políticos, se ha silenciado a medios de comunicación independientes y se ha cancelado personerías de organizaciones de la sociedad civil.
Patrón con violencia de Estado
Un panel de líderes de la sociedad civil de Nicaragua, que incluía a periodistas independientes y un activista de derechos humanos, proporcionó relatos de primera mano en Ginebra sobre el alarmante y continuado patrón del régimen Ortega-Murillo de detenciones arbitrarias, acoso y amenazas contra toda persona percibida como un oponente.
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Los defensores de los presos políticos informaron que muchos de los detenidos de forma arbitraria o ilegalmente permanecen detenidos, y contaron acerca de la violencia sistemática y la restricción de las libertades civiles que sufren tanto los detenidos como sus familiares.
Los activistas pidieron que el régimen libere inmediatamente a todos los presos políticos y que permita el regreso de los observadores internacionales, incluida la CIDH y Naciones Unidas.