La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandó al régimen de Daniel Ortega la creación de una comisión independiente de la verdad para investigar todos los crímenes cometidos durante las protestas cívicas iniciadas hace casi un año, lo que fue rechazado inmediatamente.
La exigencia fue planteada el miércoles reciente, cuando terminó el plazo de las conversaciones sin acuerdos en los temas de justicia para las víctimas de la masacre, así como la posibilidad de comicios adelantados.
A raíz de las protestas de abril, según organismos de derechos humanos, al menos 325 personas fueron asesinadas por la represión ejecutada en el país por policías y paramilitares.
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Según Mario Arana, uno de los miembros de la Alianza Cívica, la propuesta fue inmediatamente rechazada por los delegados de la dictadura.
“Definitivamente dijeron que no les interesaba y, en algún momento, nos presentaron la comisión de la verdad (Comisión Porras) que ya existe, ellos nos propusieron que recomendáramos a dos personas más y nosotros les dijimos que no; que se debía crear una comisión totalmente independiente, totalmente nueva, con otros criterios”, reveló Arana.
El oficialismo se refirió a la comisión legislativa creada en el Parlamento, presidido por el diputado Gustavo Porras, uno de los funcionarios más fieles de Ortega y Rosario Murillo.
Es “insulto, burla”
José Pallais Arana, otro de los miembros de la Alianza, calificó como un insulto y una burla a las víctimas de la masacre estatal aceptar la propuesta de la dictadura en el tema de justicia.
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“El régimen rechazó nuestra propuesta de una verdadera comisión de la verdad, la cual esté integrada por personalidades extranjeras y nacionales de reconocida capacidad. Ellos mantienen la de ellos y no aceptan otra.
Nosotros rechazamos total y permanentemente la de ellos. En Nicaragua urge que se investiguen y se lleven ante la justicia (a los autores de) los crímenes y solamente con una nueva comisión, que sea independiente y creíble, se podrá hacer justicia”, dijo Pallais.
Suárez critica a la CIDH
El diputado orteguista Jacinto Suárez, uno de los más cercanos al dictador Daniel Ortega, se deshizo en halagos a la Comisión Porras y criticó el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En los informes de la CIDH, adscrita a la OEA, se ha denunciado la represión estatal contra los ciudadanos que marcharon pacíficamente.
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“Nadie ha demostrado que ellos (Comisión Porras) no tengan credibilidad. Han hecho un trabajo profesional y nadie se los ha cuestionado. La CIDH ya perdió credibilidad porque se parcializó”, dijo Suárez.
El también secretario de Relaciones Exteriores del FSLN descartó que se reemplacen a los miembros de la Comisión Porras por personas que proponga la Alianza Cívica. “Dicen independientes a todo el que es de derecha, fascista y golpista, a los otros los descalifican como sandinistas”, criticó molesto Suárez, quien se alinea con la posición de Ortega de que el régimen fue víctima de un intento de golpe de Estado.
Sobre la no reelección
Además de la comisión de la verdad, para abordar el tema de justicia, se conoció otro de los puntos que Ortega ha venido rechazando.
Durante una exposición que Arana hizo este jueves al sector empresarial, agrupado en la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), reveló que además de la propuesta de anticipar comicios electorales, se planteó en la agenda de democracia la no reelección.
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“Teníamos una agenda propuesta de reformas electorales que contemplaba adelantos de elecciones y no reelección y cambio del Consejo Supremo Electoral”, aseguró.
Las negociaciones que se llevaron a cabo entre el régimen de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica se reanudaron el 27 de febrero. Hasta antes de la suspensión de las conversaciones, solamente se llegaron a dos acuerdos: el de facilitar el proceso de libertad de los presos políticos y el de restituir los derechos y las garantías de los ciudadanos, sin embargo Ortega no ha cumplido.
Los incumplimientos del dictador motivaron una carta de los miembros de la Alianza al nuncio apostólico y al delegado de la OEA, quienes fungen como testigos en las pláticas.
“El incumplimiento de los acuerdos resta toda credibilidad al diálogo. El gobierno debe cumplir los mismos y reiteramos la urgencia de contar con garantes internacionales creíbles”, dice el comunicado.