Para los analistas políticos Bosco Matamoros y Eliseo Núñez, el dictador Daniel Ortega equivoca su estrategia pues mientras se tarde en lograr acuerdos en el diálogo con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, más acelera las sanciones por parte de la comunidad internacional hacia su gobierno por los abusos a los derechos humanos contra los nicaragüenses.
Esa es la lectura que comparten Núñez y Matamoros de la postura expresada por la mayoría de los países integrantes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes este viernes sesionaron de forma extraordinaria para conocer la situación actualizada en Nicaragua.
Matamoros, exembajador de Nicaragua en España, opinó que el gobierno necesita un cambio “cualitativo” en la conducción de las negociaciones sobre la crisis sociopolítica, “porque mientras más tarde en llegar a un resultado que garantice el retorno institucional, no se quita de encima las sanciones al país”.
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“Todavía se tiene un espacio de negociación con el gobierno pero sin que los gobiernos como Estados Unidos renuncien a sus instrumentos bilaterales, como la Nica Act y la Ley Magnisky que no se han aplicado con todo el impacto, para presionar. Hemos pasado de la etapa de las promesas a la de la realidad y que si se pretende jugar con el diálogo las sanciones se aplicaran con todo”, dijo Matamoros.
El Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Instituto Diálogo Interamericano, la Fundación para el Debido Proceso y el enviado especial del organismo, Luis Ángel Rosadilla -testigo y acompañante-en el diálogo, presentaron sus informes sobre la situación de los derechos humanos, de gobernabilidad y sobre el estado de las negociaciones.
Los informes coincidieron en que, a pesar de que Ortega accedió a restablecer las negociaciones con la oposición, no muestra verdadero compromiso de cumplir los acuerdos, pues sigue sin liberar a los más de 800 presos políticos, mantiene la represión al no permitir las protestas de los ciudadanos así como la censura a los medios de comunicación independientes.
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Matamoros dijo que el escenario de la OEA confirma “el aislamiento internacional del gobierno de Ortega” de cuyas consecuencias “no se va a librar si insiste en desconocer sus obligaciones” como país firmante de la Carta Democrática Interamericana, que le obliga a aceptar en el país a los organismos como la CIDH.
La Alianza Cívica demandó que la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sean garantes internacionales de los acuerdos sobre las libertades fundamentales y del proceso de liberación de los presos políticos. Esto lo rechaza la delegación orteguista en las negociaciones.
Ortega tampoco acepta incluir el adelanto de las elecciones, antes del 2021, que le demanda la oposición como salida a la crisis.
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Le falló estrategia
El exdiplomático Bosco Matamoros consideró que el régimen orteguista falló al aparentar ante el Consejo Permanente de la OEA como que toma en serio las negociaciones con la Alianza Cívica con la excarcelación ayer de otros cincuenta presos políticos, a los que se les otorgó casa por cárcel. “La acción de excarcelar a presos políticos el día en que la OEA sesionaba fue una maniobra de orden político para manipular el proceso más que un verdadero empeño por resolver la crisis”, afirmó Matamoro.
"La #CIDH reitera nuevamente su disposición de apoyar técnicamente en el proceso de diálogo y en la puesta en marcha de los acuerdos que se alcancen en materia de derechos humanos en #Nicaragua". #CIDHenOEA
— CIDH – IACHR (@CIDH) April 5, 2019
Alianza Cívica ganó apoyo
El politólogo y exdiputado opositor, Eliseo Núñez, dijo que el hecho que el Consejo Permanente de la OEA actualizara la situación sobre la violación de los derechos humanos en Nicaragua le permitió a los gobiernos entender que la represión “va a ir creciendo,” porque el régimen de Daniel Ortega lo que intenta con el diálogo es solo ganar tiempo para permanecer en el poder.
“Ortega cree que funciona con su discurso de que fue una conspiración contra su gobierno lo que desató las protestas de abril, lo que él no puede entender es que para el mundo es injustificable el uso desproporcionado de la fuerza de la Policía y de los paramilitares porque la cantidad de muertos y heridos es espantosa”, afirmó Núñez.
También considera el analista que el Consejo Permanente “dio un espaldarazo” a la agenda de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.