Las esperanzas con que grandes sectores de la sociedad aplaudieron el nuevo diálogo han caído a su punto más bajo. Con él se buscaba encontrar una salida pacífica para rescatar al país de su grave crisis e inminente pauperización. Pero transcurridas cuatro semanas no solo se ha logrado muy poco —aun concediendo que negociaciones como estas suelen requerir más tiempo que el deseado— sino que la dictadura ha dado claras señales que no piensa cambiar ni democratizarse.
Bajo fuertes presiones internas y externas ha ofrecido, como gran concesión, libertar a cuentagotas presos arbitrariamente detenidos, o sentenciados en juicios abominables, con la dudosa promesa de sacar a todos en tres meses. Luego firmó que respetaría los preceptos constitucionales —como que si el presidente no hubiera jurado hacerlo en su inauguración— mas al día siguiente comenzó a violarlos.
El sábado 30 de marzo un grupo de manifestantes, buscando ejercer el restablecido derecho a la protesta, se congregaron pacíficamente en Metrocentro, pero no solo fueron atacados por la Policía, sino que un matón con carné del FSLN (el mismo que antes había acusado al periodista Miguel Mora), disparó criminalmente hiriendo a tres. Su acción fue probablemente planeada desde arriba. Porque fue ejecutada por un militante disciplinado y porque repite un patrón recurrente: sin meter la masacre del Día de la Madre, y otras en septiembre del 2018, por ejemplo, dos manifestaciones pacíficas fueron agredidas en Managua por civiles del Frente perfectamente identificados; en la primera hirieron al médico Carlos Fletes, en la segunda mataron a Matt Andrés Romero, de 16 años. Sin embargo, los medios gubernamentales volvieron a victimizar los asesinos y acusar las víctimas, con el malvado estribillo de que todo el que protesta es un “h de p golpista”, que hay que machacar.
El gobierno firmó también el derecho a desplegar la bandera, pero el día 3, por la tarde, en un café situado a orillas de la avenida Bolívar, frente al Crowne Plaza, una pareja puso una banderita sobre su mesa y fue vapuleada y apresada por seis policías. Más grave aún, fue la negativa rotunda al adelanto de elecciones y la cínica propuesta de restaurar la justicia encomendándosela a la Policía, la comisión Porras, “de la verdad”, la Fiscalía y el Minsa —que denegó auxilio a los heridos opositores y despidió a los médicos que desobedecieron—.
El dictador está pues empecinado en continuar tres, o quizás más años en el poder, aunque multiplique la pobreza y tenga que poner Akas 47 en todas las esquinas. Quiere, aparentemente, seguir el ejemplo de Maduro; cerrar todas las puertas a la paz y arriesgarse a que al pueblo no le quede más alternativa que la que nadie quiere mencionar.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.