Uno de los puntos fundamentales pero todavía no resueltos en la negociación política de la Alianza Cívica con la dictadura de Daniel Ortega —que tampoco ha podido entrar a los temas cruciales de democratización y justicia— es el de los garantes de los acuerdos que se pudieran alcanzar.
La Alianza Cívica propuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Pero los representantes del régimen en la mesa de negociaciones las rechazaron tajantemente, argumentando que es su Gobierno el que debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Esto es una gran falacia. El régimen orteguista no puede ser garantía de nada bueno para el país. Los garantes externos son indispensables para asegurar el cumplimiento de los posibles acuerdos con los que se pretenda poner fin al conflicto político de extrema gravedad, que desde abril del año pasado está planteado en Nicaragua y urge solución.
Se suele decir que las partes en las negociaciones deben tener buena voluntad para llegar a acuerdos y cumplirlos. Pero esto es más retórica que realidad. No en balde el Derecho Internacional Público reconoce la figura de garantes ajenos al conflicto que se quiere resolver mediante negociaciones, y los define como aquellos Estados, gobiernos o instituciones que responden por el respeto a los acuerdo de paz, armisticios o neutralización de conflictos.
Para vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y Democratización en Nicaragua, adoptados en 1988 y 1989, se creó una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento integrada por los secretarios generales (o sus representantes) de la OEA y la ONU, acompañados por los cancilleres del Grupo de Contadora, del Grupo de Apoyo a Contadora y de los gobiernos centroamericanos.
Además, por mandato de los Acuerdos de Esquipulas cuya ejecución implicó adelantar nueve meses las elecciones en Nicaragua —lo que fue posible gracias a una reforma constitucional que propuso y apoyó Daniel Ortega—, fue creada una Comisión Nacional de Reconciliación integrada por un representante del Gobierno, otro de los partidos de oposición, el arzobispo de Managua y un ciudadano notable que no perteneciera al gobierno ni al partido oficialista, con sus respectivos suplentes.
En la situación actual es muy improbable que Daniel Ortega acepte como garantes de los acuerdos de fondo que se pudieran lograr en las negociaciones políticas, a la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No los acepta porque estos organismos son precisamente los que han documentado y denunciado los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura orteguista en la represión contra el pueblo.
Pero los garantes externos son indispensables en el caso de que haya acuerdos serios como resultado de una negociación responsable, y si el régimen quiere seguir en la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia. Decimos esto porque sabemos que la dictadura orteguista está fraguando una farsa de diálogo político alternativo en el marco de su Asamblea Nacional.