CPDH presentará las pruebas necesarias para que presos políticos sean reconocidos por el régimen orteguista

La comisión da seguimiento a siete casos de presos políticos pero que el régimen maneja como reos comunes, entre ellos, Wilmer Mendoza Espinoza, Frederick Vega González, Rayan García, Denis Barrante, Max Silva Rivas, Edward Lacayo -conocido como "La loba feroz"-, y Alexander Conde Espinoza.

presos políticos, nicaragua

Elibeth Espinoza, esposa de Alexander Conde; Valeska García, esposa de Rayan García; y Belkis Bega, esposa de Wilmer Mendoza y hermana de Frederick Bega, presos políticos del régimen orteguista. LA PRENSA/LIDIA LÓPEZ B.

Julio Montenegro, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), calificó de «serio problema» que el régimen de Daniel Ortega convierta casos de presos políticos a reos comunes solo para excluirlo del listado consensuado entre la Alianza Cívica y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La comisión da seguimiento a siete casos de presos políticos pero que el régimen maneja como reos comunes, entre ellos, Wilmer Mendoza Espinoza, Frederick Vega González, Rayan García, Denis Barrante, Max Silva Rivas, Edward Lacayo -conocido como «La loba feroz»-, y Alexander Conde Espinoza.

El caso de Wilmer, Frederick, Ryan y Alexander se le atribuye el supuesto delito de robo agravado y posesión ilegal de armas, delito similar al que es acusado a Barrante. Por su parte, a Max Silva se le acusa de almacenamiento de estupefacientes, mientras que a Edward Lacayo se le imputa el delito de tráfico de estupefacientes.

«A estas siete personas, consideramos de forma arbitraria que se le está pretendiendo adjudicar delitos comunes cuando hay antecedentes que indican que estas personas están siendo criminalizadas por haber participado de una u otro manera en lo que son las protestas cívicas», manifestó Montenegro.

Condenados como reos comunes

Frederick Bega González, Wilmer Mendoza Espinoza, Rayan García y Alexander Conde, originarios de Ciudad Darío, fueron capturados por paramilitares el pasado 5 de julio, y en noviembre fueron condenados a ocho y 12 años de prisión.

Aunque el régimen los condenó bajo delitos comunes, los familiares de los acusados afirman que el verdadero motivo es por llevar comida a las personas que se encontraban en los tranques.

«Denunciamos que ellos están detenidos por dejar víveres en los tranques y que los trasladaron hace dos meses de galería donde están los presos comunes», expresó Valeska García, esposa de Rayan García.

Por su parte Belkis Bega, esposa de Wilmer Mendoza y hermana de Frederick Bega, pidió que Ortega «se ponga la mano en el corazón» porque «es injusto que lo hagan cumplir una condena que no es».

 

«Nosotros lo que pedimos es justicia y libertad para ellos cuatro», recalcó Bega.

Al respecto, Pablo Cuevas, de la CPDH, describió como una «táctica» el actuar del régimen orteguista de cambiar la condición de presos políticos a reos comunes para disminuir la lista.

«Nosotros podemos afirmar de manera categórica que estos son presos políticos. Haremos todas las gestiones, haremos llegar nuestra lista a la Cruz Roja para que tomen en cuenta a los verdaderos presos políticos y sean beneficiados bajo el espíritu de estos acuerdos», señaló Cuevas.

Este lunes la Alianza Cívica informó que hay 230 personas consensuadas como presos políticos, mientras que hay más de doscientas personas que el régimen de Daniel Ortega aseguró al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no tenerlas en las cárceles, a pesar de que los familiares denunciaron que fueron detenidas en el contexto de las protestas iniciadas en abril del año pasado.

El listado actualizado de la Alianza Cívica es de 779 presos políticos, de los cuales doscientos fueron excarcelados, pero aún siguen con medidas de casa por cárcel.


Reunión con el nuncio

Julio Montenegro, de la CPDH, junto a pobladores de Masaya sostuvieron una reunión con el representante del papa Francisco en Nicaragua, monseñor Waldemar Sommertag, para exponerle el caso de los presos políticos y abogar por la liberación de los mismos.

“Hay una aspiración del señor nuncio de que cada preso político sea excarcelado”, comentó Montenegro.
De acuerdo con el jurista, el objetivo del encuentro fue “para hacerle llegar un listado de los que consideramos, como CPDH, presos políticos. Asimismo, plantearle que dentro de esas causas hay personas no acusadas, pero penden de una situación peligrosa que en un futuro puedan iniciarle causas”.