Hay más de doscientas personas que son parte de la lista de presos políticos presentada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (AC), que el régimen de Daniel Ortega aseguró al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no tenerlas en las cárceles, a pesar de que los familiares denunciaron que fueron detenidas en el contexto de las protestas iniciadas en abril del año pasado.
Los más de doscientos nombres no aún no están consensuados en las listas por el CICR.
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José Pallais, miembro propietario de la delegación de la Alianza Cívica en las negociaciones sobre la crisis sociopolítica con la dictadura, afirmó que hay preocupación por esclarecer qué sucedió con esa gran cantidad de autoconvocados, para lo cual van a contactarse con las familias.
“Aún no caben en la categoría de desaparecidos, porque estamos en el proceso de actualizar su información para determinar su estatus”, explicó Pallais.
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La información que brinden los familiares servirá para determinar si sus detenidos durante las manifestaciones fueron liberados y no los reportaron al Comité Pro Liberación de Presos Político; pero de no ser así, la Alianza Cívica los seguirá considerando reos políticos y, por tanto, demandando al régimen de Ortega aclarar qué pasó con esas personas.
“Se están haciendo las consultas, incluso con la Asociación de Madres de Abril y otros organismos, para determinar la situación de esas personas que el Gobierno dice que no están detenidas, y que son más de doscientas, para actualizar la información. Ya hemos confirmado hasta hoy (ayer) que al menos cuatro personas que el Gobierno dice que no están presas, sí realmente están detenidas”, afirmó Pallais este lunes.
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El listado actualizado de la Alianza Cívica es de 779 presos políticos, de los cuales doscientos fueron excarcelados, pero aún siguen con medidas de casa por cárcel.
El Comité Pro Liberación de Presos Políticos sostiene que esa es la cantidad de los autoconvocados secuestrados por la Policía Orteguista (PO) y paramilitares desde el estallido de la protesta, desde abril del 2018 hasta el 1 de abril del 2019, y que fueron reportados por los familiares o la ciudadanía a organizaciones de derechos humanos nacionales.
230 que ya podrían salir
De acuerdo con la Alianza Cívica, el CICR tiene dos listados conciliados: el primero con 230 nombres de reos políticos —que son los que la dictadura acepta tener detenidos—, por lo que el organismo solo espera que el Gobierno les autorice iniciar el proceso de liberación.
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“Ya la Cruz Roja pudiera avanzar en las liberaciones, solo esperan que el Gobierno exprese su disposición para que salgan”, dijo Pallais.
Sin embargo, Daniel Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, afirmó que son más de trescientos los nombres conciliados, hasta este lunes.
“Son más de trescientos ya conciliados y los tienen en la lista la Alianza, el Gobierno y, encima de eso, la Cruz Roja ya se entrevistó con ellos en las cárceles”, aseguró Esquivel.
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Entre esos están los estudiantes, campesinos y otros ciudadanos considerados líderes de las protestas que fueron encarcelados y enfrentan procesos viciados.
“Nosotros tenemos conocimiento que en la lista conciliada están muchos de los líderes, entre estos: Rodrigo Espinoza, Edwin Carcache, Medardo Mairena, Pedro Mena, Cristian Fajardo, Irlanda Jerez, Amaya Coppens, todos ellos están allí (en lista conciliada)”, aseguró Esquivel, esposo de la presa política Irlanda Jerez.
Una segunda conciliación es de 53 nombres de personas, que la Alianza Cívica reclama como presos políticos, pero a los cuales la dictadura atribuye delitos comunes, por lo que su liberación es más compleja.
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“Esos 53 también están en la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por tanto van a salir, deben salir de las cárceles”, confió Pallais.
Esquivel, del Comité de Presos, aseguró que “con pruebas fehacientes” van a probar al régimen “que todos son presos políticos, no son presos comunes”.
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Entre los excarcelados y los que reconoce la dictadura tener aún detenidos sumarían entre 430 y quinientos presos políticos que está claro su estatus. A esos se le suman los 53 a quienes el régimen les atribuye delitos comunes.
Régimen quiere confundir
Por lo que hay entre 226 y 296 autoconvocados que sus familiares reportaron secuestrados debido a su participación en las protestas, pero que el régimen asegura no tener en los sistemas penitenciarios.
Para Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, el régimen pretende causar inconformidad.
“Y le voy a dar un ejemplo, Ana Margarita Vijil y Ana Lucía Álvarez dos veces han caído presas y ellos (el régimen) las tienen en esas listas, entonces, no las encuentran en las cárceles porque obviamente ya las liberaron, entonces, lo hacen para generar desinformación y generar problemas”, dijo Esquivel.
CICR espera ok para iniciar liberaciones
El Comité Internacional de la Cruz Roja ya tiene listo a su personal para iniciar las liberaciones, pero se requiere que el Gobierno, a través de la Cancillería, les autorice el acceso a las cárceles para iniciar los trámites.
Conforme el acuerdo ya firmado, Ortega se comprometió a que en un plazo no mayor de noventa días liberaría a todos los reos políticos. El plazo inició el 20 de marzo pasado.
Temas clave estancados
Las negociaciones entre la dictadura de Ortega y Murillo y la Alianza Cívica en otros temas están suspendidas desde el jueves ante la negativa del régimen de discutir el adelanto de las elecciones, actualmente programadas para el 2021.
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Otro pegón es que el régimen se opone a que se conforme una nueva Comisión de la Verdad con personalidades independientes y organismos internacionales para investigar los más de trescientos asesinatos y demás crímenes cometidos durante la represión a las protestas.
La Alianza propone que la CIDH y Naciones Unidas sean garantes internacionales de los acuerdos que se alcancen, que son respaldados por la Organización de Estados Americanos (OEA). Ortega los rechaza.
Este lunes la delegación de la Alianza Cívica tuvo reuniones bilaterales con los testigos y garantes de las negociaciones, el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag y Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la OEA.
Mario Arana, de la delegación de la Alianza, espera que el nuncio y Rosadilla logren acercar las posiciones entre las partes en los temas torales para retomar las conversaciones.
“Nosotros estaremos listos a que si hay algo que realmente se mueve en la dirección de lo que el país requiere, estaremos listos a avanzar. Pero no podemos resolver dentro del sistema judicial (la) existencia del problema de la justicia, se requiere de algo autónomo, creíble”, afirmó Arana.
Régimen sigue prometiendo
En un comunicado emitido este lunes, el régimen de Daniel Ortega dijo que sus delegados “no han dejado de presentarse cumplidamente, ni un solo día, a la sede de las conversaciones” con la Alianza Cívica; sin embargo, este lunes no se presentaron en el Incae, donde se dan las negociaciones.
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La dictadura ha incumplido el acuerdo de garantizar el derecho a la protesta y la libertad de prensa, pues la PO mantiene el asedio en las calles para evitar las manifestaciones y no devuelve los medios confiscados ni la materia prima secuestrados a LA PRENSA y El Nuevo Diario.
Sin embargo, en su comunicado, la dictadura Ortega-Murillo insistió en retomar las pláticas con la Alianza para consensuar los mecanismos de implementación de los acuerdos; y en los temas de justicia, fortalecimiento de la democracia, el llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones a Nicaragua.