Hay más de doscientos nombres de personas en la lista de presos políticos presentada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia al Comité Internacional de la Cruz Roja, que no aparecen en los listados del Gobierno.
LA PRENSA destacó ayer esta información, porque no se trata de simples números sino de seres humanos que en el mejor de los casos podrían estar en las cárceles y el régimen los tiene como presos comunes; o se fueron del país huyendo de la represión, sin que sus familiares lo supieran ni los organismos humanitarios registraran sus nombres.
Sin embargo, en el peor de los casos esas personas podrían haber sido asesinadas y sus cadáveres enterrados en lugares desconocidos, durante la etapa más cruda de la represión que desató la dictadura el año pasado para aplastar la insurrección popular civil.
En esos días se comentaba con insistencia en la población que algunas personas secuestradas eran asesinadas y enterradas en lugares de escaso acceso público. No era posible verificar tales comentarios, pero despertaron el recuerdo de que en épocas anteriores otras dictaduras hacían desaparecer de esa manera a algunas de sus víctimas mortales.
Actualmente, con la información de que algunos nombres que están registrados como presos políticos en las listas de la Alianza Cívica y organismos humanitarios, no aparecen en los listados del régimen, surge la sospecha y existe el temor de que podrían ser personas que fueron secuestradas y ejecutadas por su participación en el alzamiento contra la dictadura.
La verdad es que por lo general todas las dictaduras despiadadas como la que existe hoy en Nicaragua —esas que “van con todo” cuando reprimen a los ciudadanos que se atreven a rebelarse—, han tenido su registro de personas desaparecidas. Las dictaduras militares de América del Sur en el siglo pasado fueron funestamente célebres por eso, sin embargo también en algunos países donde no hay dictaduras pero sí actúa un poderoso crimen organizado, muchas personas indefensas son secuestras y hechas desaparecer.
La desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad condenado enérgicamente por el derecho y la justicia internacional. La experta mexicana Graciela Mayte Chale-Cervantes, la define como “un mecanismo institucionalizado desde el poder para privar a una persona de su libertad, ocultarla y negar cualquier información sobre su paradero. De esta manera —dice la especialista— son violentados sus derechos a la libertad, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la integridad personal, a la vez que pone en peligro el derecho humano primordial: el derecho a la vida”.
En Nicaragua hay razón para temer que algunas personas fueron desaparecidas forzadamente por la represión, especialmente durante la ofensiva armada contra los tranques defensivos de los ciudadanos autoconvocados. Si el régimen quiere demostrar que esto no es cierto, tiene que aclarar la preocupante diferencia en las listas de los presos políticos.