A casi un año de la crisis que estalló en abril de 2018 sigue siendo desconocido el destino de varios bienes y propiedades asaltadas por policías y paramilitares, así como de negocios, empresas y oficinas de la sociedad civil clausuradas por instituciones de la dictadura de Daniel Ortega.
Al menos cinco estaciones de gasolineras, 10 oficinas de organismos no gubernamentales, tres medios de comunicación con sus salas de redacción y equipos, así como miles de manzanas de tierras privadas siguen estando en un limbo jurídico.
Todo ello, pese a un acuerdo firmado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la Alianza Cívica en la mesa del diálogo en el Incae el pasado 29 de marzo, donde se comprometieron a respetar la propiedad privada, la libertad de empresa y la libertad de expresión.
Tierras tomadas
LA PRENSA consultó a Álvaro Vargas, productor y vicepresidente de la Unión de Productores y Agricultores de Nicaragua, quien comunicó que 4,671 manzanas de tierras invadidas por fanáticos armados del régimen en la jornada de represión desde abril del año pasado, siguen tomadas por manos ajenas.
“Las tierras tomadas, es verdad, no han regresado a sus dueños. Tenemos 4,671 manzanas aun ocupadas desde 2018, en el marco de las protestas. Hemos notificado a las autoridades, policía, Ejército, Procuraduría General de la República y no han hecho nada; las tierras siguen invadidas y en muchos casos, ya destruidas para el propósito de producción”, dijo.
Gasolineras con nuevos concesionarios
De las cinco gasolineras clausuradas por el Instituto Nicaragüense de la Energía en diciembre del 2018, una ya reabrió al público en Rivas bajo nueva administración y las otras cuatro siguen aún cerradas, aunque algunas en remodelación.
Fuentes del sector petrolero confirmaron a LA PRENSA que en los próximos días la estación de Metrocentro reabrirá sus puertas y será hasta ese momento que se conocerá el nombre del nuevo concesionario.
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Indicó que generalmente son las petroleras las que deciden a quién asignar la licencia de administración de una estación, aunque admiten que en lo que no tienen facultad es en el ámbito de retiro de la concesión por parte del ente regulador.
Según las fuentes, al igual que la de Metrocentro, también las otras que están cerradas en Managua serán reabiertas y se está en proceso de asignación de los nuevos administradores.
Las mismas fuentes descartaron que la licencia de la estación de Metrocentro se haya entregado a un familiar allegado al régimen Ortega-Murillo, como circuló en las redes sociales, pero no dieron mayores detalles.
Edificios ocupados por bota de la Policía Orteguista
LA PRENSA de igual modo confirmó que los edificios donde operaban los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial, así como la radio comunitaria de Fundación del Río, siguen ocupadas por agentes de la Policía Orteguista.
También siguen tomadas las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Centro de Investigaciones de la Comunicación, Centro de Información y Servicios de Asesoría de la Salud, Instituto para el Desarrollo de la Democracia, Hagamos Democracia, Popol Nah, Fundación del Río, Instituto de Liderazgo de Las Segovias y Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local).
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Todas estas instituciones fueron clausuradas por la mayoritaria bancada orteguista en la Asamblea Nacional en una sesión sin precedentes y posteriormente sus bienes, inmuebles y cuentas fueron adjudicadas al Estado, a través del Ministerio de Gobernación del régimen.
Las confiscaciones de los años ochenta
La mayoría de las instituciones civiles cuyos bienes fueron arrebatados por la dictadura a sus dueños, miembros y socios, han apelado mediante recursos la ilegalidad de estas acciones represivas, pero ninguna ha obtenido respuesta.
Para el abogado y exprocurador general de la República, Alberto Novoa, no hay precedentes en la historia reciente de Nicaragua de “esta monstruosidad del estado”.
“Ni siquiera en los años ochenta ocurrió algo así, porque en ese entonces se apeló a la figura de la confiscación como la recuperación de bienes mal habidos a funcionarios sandinistas, donde también se dieron varios abusos que le costaron cientos de millones de dólares al estado de Nicaragua”, recordó Novoa.
“Pero ahora es distinto, esto no es confiscación, esto es llana y vulgarmente, un robo masivo, un asalto armado, asalto con intimidación, abuso de poder policial y estatal, no hay otra manera de calificarlo jurídicamente”, dijo.