Un aspecto que se ha evidenciado en la historia política de Nicaragua es la concurrencia de tres expresiones diferentes y contradictorias: la concertación, la confrontación y la confabulación.
La práctica política ha configurado esos diversos puntos de vista a través de las formas siguientes: como concertación, cuando perspectivas diversas pueden ser complementadas mediante una actitud integradora; como confrontación, cuando posiciones irreductibles reafirman de manera radical, y no pocas veces irracional, los criterios que tratan de imponerse a toda costa; y como confabulación, cuando se negocian intereses personales o de grupos, ajenos a los intereses de la sociedad.
La concertación, parte de la necesidad de alcanzar un acuerdo en el que estén representados los intereses de los distintos sectores, de forma tal que se construya un consenso en el que todos conservan u obtienen parte de sus aspiraciones y ceden otras de sus expectativas. La síntesis que resulta de un ejercicio de esta naturaleza es la unidad en la diversidad, la esencia del contrato social.
La confrontación, a su vez, se produce mediante el enfrentamiento radical que elimina todo verdadero debate de ideas racionalmente sustentadas, el que viene sustituido por la descalificación y el intento de demolición política.
La confabulación, por su parte, es el acuerdo para repartirse cuotas de poder entre las cúpulas, sacrificando los verdaderos intereses de la ciudadanía. Es lo que en Nicaragua se le llama el “pacto”, desvirtuando así el significado real de la palabra y el concepto.
Destruir el péndulo que oscila entre la confrontación y la confabulación, entre el pacto y el facto, exige la construcción de una cultura política de la concertación y la democracia, lo que constituye un desafío fundamental en la vida política nicaragüense. Por eso considero que la situación actual que vive Nicaragua representa un momento crucial en su historia. Y lo es porque en medio de la represión y la violación de los Derechos Humanos de parte del poder, ha surgido como respuesta una actitud que constituye la conciencia moral de la sociedad nicaragüense.
Las exigencias legítimas de la ciudadanía, están respaldadas por muchos sectores de la sociedad nicaragüense, entre ellos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación de la misma en la mesa del diálogo, lo mismo que por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), de la que forma parte la Alianza Cívica.
La libertad de todos los presos políticos, el respeto a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, el respeto a la integridad y dignidad del ser humano, constituyen el fundamento moral y jurídico de esta acción. Lo anterior, por supuesto, sin disminuir la importancia fundamental que tiene el adelanto de las elecciones y las garantías necesarias para que se realicen en forma democrática, libre y transparente.
De significativa importancia es la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, la OEA, el Nuncio Apostólico, junto a la que debería confirmarse la participación de organismos internacionales de Derechos Humanos, particularmente la CIDH, y la representación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU todo lo que contribuye a garantizar lo acordado.
Por todo ello, y principalmente por la construcción de esa conciencia cívica, política, social y sobre todo moral de la sociedad nicaragüense, este es un momento de singular significación en la historia de nuestro país.
Una verdadera concertación puede superar la crisis política. Una actitud totalitaria del Gobierno puede destruir esa posibilidad. Por ello, reiteramos, en este momento surgen del pueblo nicaragüense valores y principios que reafirman su configuración moral y la integridad, dignidad y libertad de la persona y la sociedad.
El autor es filósofo y académico.