El régimen de Daniel Ortega se resiste a devolver 29 propiedades (equivalentes a 4,673 manzanas) que mantiene invadidas desde el año pasado, pese a que el 29 de marzo de 2019 se comprometió a “garantizar el derecho irrestricto a todas las formas de propiedad”.
Además en el acuerdo, que incluyó varios puntos relacionados con libertades públicas, la dictadura se comprometió a resarcir el daño económico causado en las propiedades invadidas.
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Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), asegura que todavía se sigue trabajando en los “protocolos para la devolución” de estas tierras, sin aún tener fecha de cuándo comenzará a implementarse el acuerdo.
Según Upanic, hasta el 10 de abril de este año se mantiene la ocupación ilegal de 29 propiedades en siete departamentos del país, representando un área de 4,673 manzanas, infringiendo el derecho a la propiedad privada a sus legítimos dueños.
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“Los afectados de estas áreas aún ocupadas son 18 ciudadanos, de los cuales 14 son nicaragüenses y cuatro estadounidenses, que han recurrido a las instancias institucionales correspondientes sin lograr hasta la fecha una respuesta positiva a sus reclamos y la devolución de sus legítimas propiedades”, según Upanic.
Healy admite que existe el compromiso oficial aún en papel y que incluso se habló de “reparo (a los afectados), porque hay productores que tenían sembrada caña de azúcar, plátano, tenían infraestructura que fue destruida, y fue vendida toda esa producción, por lo tanto tiene que haber un sistema de reparación”.
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Sin embargo el informe de Upanic detalla que de las propiedades que han sido recuperadas a los dueños no se les ha compensado, por lo que tienen cuantiosas pérdidas materiales en insumos, maquinarias agrícolas, infraestructura, explotación y comercialización ilegal de productos, lo que ha provocado que los propietarios tengan que asumir dichas pérdidas en detrimento de su patrimonio personal.
“La dinámica de desocupación ha mermado significativamente, pero se presentan casos en donde los invasores continúan avanzando en la ocupación, realizando obras y construcción de infraestructura sin que sus legítimos dueños cuenten con el respaldo de las instituciones correspondientes para evitarlo”, señala Upanic.
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No obstante en algunos casos los legítimos dueños están siendo acusados ante las oficinas de juzgados locales por delitos de usurpación del dominio privado en su legítimas propiedades.
Crea incertidumbre
Healy señaló que estas invasiones en las propiedades dejaron una gran incertidumbre en el sector, ya que a puertas del ciclo agrícola muchos temen sembrar.
“Las tomas de tierras también han creado una gran incertidumbre en los mismos productores, porque tienen miedo que estas invasiones se vuelvan a repetir, como se dio en mayo y junio del año pasado y como no se ha solucionado el problema sociopolítico, piensan que en cualquier momento puede estallar otra protesta en la que vendría a afectar fuertemente a este sector”, dijo Healy.
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Upanic explicó que la invasión ilegal de propiedades, en su mayoría productivas, ha provocado la destrucción de 9,010 empleos en el campo, 17.1 millones de dólares en pérdidas y 7.4 millones de dólares en lucro cesante.
Healy aún no recupera sus propiedades
Además, el presidente de Upanic, que lidera la exigencia de adelantar las elecciones, denuncia que hasta la fecha las propiedades que les quitaron a su mamá Esperanza Lacayo y a él no han sido devueltas.
“A mí me quitaron una propiedad y a mi mamá le quitaron dos propiedades, nos las quitaron, están invadidas, siguen tomadas y están destruidas, prácticamente las saquearon toditita. En el caso de mi mamá le saquearon su casa de habitación que era en la finca y saquearon las bodegas de fertilizantes y agroquímicos, saquearon maquinarias agrícolas, destruyeron una agroindustria que teníamos que era un trapiche para molienda de la caña de azúcar, y vendieron toda la producción de caña y de plátanos que teníamos. Yo calculo que las pérdidas andan en el millón de dólares”, sostuvo Healy.
Esperanza Lacayo es propietaria de La Chatilla y Santa Lucía, y Healy de la finca El Zopilote.
En La Chatilla estaba la residencia de Esperanza Lacayo, donde además tenía una capilla y un cementerio donde tienen enterrado a 14 familiares.
“Mi mamá vino el año pasado y creeme que esta es la segunda (vez que nos confiscan). En 1980 también fuimos confiscados con el mismo gobierno y en el 2018 volvieron intervenir la misma finca, esto ha afectado a mi familia, sobre todo a mi mamá, una señora de 87 años que dos veces en su vida ha sufrido este tema y creíamos que esto no iba a volver a pasar”, dijo Healy.
Por qué hubo invasión
Los empresarios tienen claro que las tomas de tierras fueron un ataque del Gobierno al sector privado, ya que en el primer Diálogo Nacional los privados tuvieron una posición bien crítica por la represión y se unieron a la exigencia de elecciones adelantadas y retorno de la democracia.
El Grupo Coen es uno de los afectados por las invasiones de tierras en el occidente de Nicaragua por parte de enviados del régimen de Daniel Ortega. LA PRENSA intentó comunicarse con el representante legal del grupo, Carlos Zúniga, para conocer el estado actual de las propiedades tomadas, pero no respondió a las llamadas ni mensajes.