José Adán Guerra Pastora entregó su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 9 de abril de 2019, un día antes de que se venciera su período constitucional de cinco años, confirmó a LA PRENSA el ahora exfuncionario judicial.
Guerra forma parte de los 46 altos funcionarios, entre magistrados judiciales, electorales y contralores a quienes se les venció este 10 de abril el período de cinco años para el que fueron nombrados por la Asamblea Nacional.
Hasta ahora, solo Guerra ha cumplido con la Constitución Política de Nicaragua, mientras el resto de magistrados, contralores y fiscales sandinistas y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se aferran al puesto.
“Habiendo concluido mi período constitucional para el que fui electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, he terminado mis funciones como tal”, dijo a LA PRENSA Guerra, quien cuando fue propuesto por el Partido Liberal Independiente (PLI), esta facción política estaba presidida por Eduardo Montealegre.
Según Guerra, con días de antelación al vencimiento de su período como magistrado de la CSJ, entregó todos los expedientes que tenía a cargo en su despacho a las secretarias de salas donde era miembro.
“Lo que se acostumbra en estos casos es que los expedientes que estaban en estudio o pendientes de sentencia de la Sala Civil y de la Sala Contencioso Administrativo, donde era miembro, se entregan a sus respectivas secretarias”, explicó el exmagistrado.
Entre los funcionarios con cargos vencidos están los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ocho conjueces, diez magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) —siete propietarios y tres suplentes— y ocho contralores —cinco propietarios y tres suplentes—.
Puede leer: Alianza Cívica demanda cambios de magistrados en Poder Judicial
También se venció el período de la fiscal general, el fiscal adjunto, el superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras y del subprocurador para los Derechos Humanos, quienes fueron juramentados en “masa” por la Asamblea el 10 de abril de 2014. En el caso del superintendente de Bancos, el puesto está disponible tras la renuncia de Víctor Urcuyo el 15 de enero pasado. También está vencido el cargo de procurador de Derechos Humanos.
FSLN no cederá nada
Los diputados de la Asamblea se irán de vacaciones de Semana Santa sin cumplir con el mandato constitucional de convocar a la presentación de candidaturas para nombrar a los altos funcionarios que se les venció su período, afirmaron fuentes legislativas.
Jacinto Suárez, diputado orteguista, dijo que “no habrá cambio de magistrados sandinistas” en la CSJ ni en el CSE.
Suárez, también secretario de relaciones exteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en declaraciones a La Voz de América, descartó que el régimen orteguista acepte en las negociaciones sobre la crisis sociopolítica que sostiene con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que haya una renovación de todos los poderes del Estado nombrando a funcionarios profesionales que no respondan a intereses partidarios.
“Resulta que le estás pidiendo al Frente Sandinista que con sus votos, con su mayoría parlamentaria se haga el harakiri y comience a elegir magistrados de otros sectores. Eso es imposible porque esa no es negociación, eso es pedir la rendición del contrario sin tener fuerza para hacerlo. La oposición no tiene fuerza alguna, toda la fuerza está de parte del sandinismo que ha estado buscando por la vía negociación una salida que sea aceptada por la oposición”, aseveró Suárez.
También: Orteguismo mudo ante la renuncia del magistrado Rafael Solís
Con la entrega de cargo de parte de Guerra Pastora, la CSJ queda operando con 12 magistrados, de 16, es decir, está al límite para formar corte plena.
De tal manera, que los únicos activos son Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar, Juana Méndez, Virgilio Gurdián, Armengol Cuadra, Ellen Lewin, Armando Juárez, Gerardo Arce, Ileana Pérez, Francisco Rosales, Yadira Centeno y Manuel Martínez. Estos dos últimos ya están en edad de jubilación, o sea, pasan los 75 años de edad que permite la ley.
Los magistrados que renunciaron a su cargo son Rafael Solís Cerda (a quien el FSLN se ha negado a aprobar) y Carlos Aguerri. La otra plaza vacante perteneció al fallecido magistrado Antonio Alemán Lacayo.
Guerra Pastora fue nombrado por primera vez como magistrado de la CSJ el 10 de abril de 2014, junto a los nuevos magistrados sandinistas Armando Juárez, Ellen Lewin, Gerardo Arce, Carlos Aguerri, quien renunció a su cargo meses atrás, y Virgilio Gurdián (por el PLI). Este último no ha respondido a las consultas de LA PRENSA sobre si permanecerá o no en el cargo.
Además: Magistrado viola ley expresa al representar al FSLN en un congreso
Entre los contralores con cargos vencido está María Dolores Alemán Cardenal, hija del jefe del PLC, Arnoldo Alemán.
La Constitución Política de Nicaragua establece el período de cinco años para cargos de los altos funcionarios en los poderes del Estado. Sin embargo, después de la crisis del 2010, cuando las fuerzas políticas no lograban acuerdos para nombrar a funcionarios, el dictador Ortega emitió el decreto ilegal 3-2010 para prorrogar en sus cargos a 29 funcionarios que estaban de facto en sus funciones.
Este decreto logró fuerza constitucional en enero de 2014, cuando la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial a la Constitución, entre estos al artículo 130, donde agregaron un párrafo segundo que dice: “Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política”.
Ese párrafo fue desempolvado de un artículo transitorio de la Constitución política de 1897.
Debido a que la Asamblea no se ha pronunciado sobre los vencimientos de períodos constitucionales, opera automáticamente la reforma constitucional del artículo 130, aunque fue reformado de forma amañada, según constitucionalistas.
Fraude a la Constitución
El constitucionalista Gabriel Álvarez dice que los diputados violarían la Constitución si no convocan al nombramiento de los cargos en los distintos poderes del Estado donde se les venció período a 46 altos funcionarios. Álvarez explicó que si bien el artículo 130 de la Constitución les permite permanecer en sus cargos a los actuales funcionarios hasta que se nombren a nuevos, jurídicamente no significa que es por tiempo indefinido.
“Sí tiene fundamentos normativos que los funcionarios se mantengan en sus cargos, sin embargo eso debe interpretarse como materia para perpetuarse porque la Constitución es clara en que el período es de cinco años, y si los diputados no cumplen su mandato, sería faltar a la lealtad institucional y un fraude a la Constitución”, afirmó Álvarez.
El jurista reveló que si el dictador Daniel Ortega mantiene “la lógica pactista” en el nombramiento de altos funcionarios “para retener su dominio absoluto”, sería un mensaje terrible a la nación y a la comunidad internacional de que no tiene interés de reconstruir el sistema democrático en Nicaragua.