Mientras el régimen de Daniel Ortega incumple los acuerdos ya firmados —continúa sin liberar a los presos políticos y mantiene prohibición de las protestas en las calles— presiona a la Alianza Cívica para que hagan gestiones con la comunidad internacional para que desistan de aplicar las sanciones a Nicaragua.
Las negociaciones entre las delegaciones de la Alianza Cívica y la dictadura orteguista están suspendidas desde el jueves pasado debido a que el Gobierno se niega a que se conforme una nueva comisión de la verdad integrada con especialistas independientes, rechaza el adelanto de elecciones, así como tampoco permite el ingreso de garantes internacionales.
Juan Sebastián Chamorro, miembro propietario en la delegación de la Alianza Cívica en las negociaciones, afirmó que mientras no hayan gestos creíbles de parte del régimen de Ortega y Rosario Murillo, que consisten en que cumplan los acuerdos ya existentes, no se retomarán las conversaciones.
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Chamorro confirmó que la delegación orteguista les insiste en acelerar las gestiones para frenar las sanciones políticas y económicas anunciadas contra el país como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos a la población por la represión del régimen.
“Ese es el planteamiento que han puesto ellos como tema original en las negociaciones. Nosotros les decimos que cómo vamos a tener llamados a detener sanciones si hay presos políticos. Eso será cuando sea oportuno y hayan condiciones, pero eso está lejos”, afirmó Chamorro.
Cinco condiciones
La oposición exige cumplir cinco puntos para retomar las negociaciones como son liberar de inmediato a los 232 reos políticos conciliados en listados de la Alianza y el régimen; reconocer a otros 53 como presos políticos por participar en las protestas y dejarle de atribuir delitos comunes.
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Otras condicionantes es que se acepte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como garante de los acuerdos sobre derechos individuales y libertades, restituir a sus dueños los medios de comunicación confiscados y entregar la materia prima retenida ilegalmente a los periódicos LA PRENSA, Hoy y El Nuevo Diario.
Un quinto punto es definir el protocolo para que puedan retornar los nicaragüenses exiliados que tienen órdenes de detención por participar en las protestas. Acá se busca que estos regresen y tengan seguridad de que no serán detenidos.
Todo eso fue rechazado por la delegación del Gobierno, que exige a la Alianza Cívica acelerar sus acciones con la OEA y el Parlamento Europeo para que frenen sus sanciones, y con Estados Unidos para que no aplique la Nica Act ni otras presiones políticas y económicas a Nicaragua.
El gobierno sigue emitiendo comunicados en los que dice tener “voluntad” para procurar “avanzar en la discusión de los temas pendientes, según la agenda aprobada” y “adelantando posibles acuerdos”.
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José Adán Aguerri, delegado de la AC en el diálogo, dijo que “la voluntad no se muestra con solo comunicados sino con hechos concretos”.
Pese a la suspensión del diálogo formal, existe contacto entre la Alianza y el régimen para implementar los 17 puntos ya acordados sobre garantías ciudadanas. Entre esos definir los protocolos de liberación de los 779 presos políticos, que incluye la excarcelación, anulación de los procesos y sobreseimiento definitivo. En ese proceso participan los testigos y garantes como son el enviado especial de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla y el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag junto al Comité Internacional de la Cruz Roja.
Actualizan lista de reos
D e la lista presentada por el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos el régimen solo reconoce como tales a 232 personas, mientras a otros 53 les atribuye delitos comunes y hay otros 200 autoconvocados que dicen no tener encarcelados.
Desde ayer equipos jurídicos de la Alianza, el Comité y las Madres de Abril trabajan en determinar con los familiares de los más de 200 reos si estos siguen detenidos o fueron liberados; y habían confirmado que más de 10 sí están en las cárceles.
Brenda Gutiérrez, del Comité de Presos, dijo que en el caso de los 53 que atribuyen delitos comunes preparan los expedientes con pruebas como videos y fotografías para demostrar que fueron detenidos en el contexto de las protestas.