Investigar los actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación nacional, así como tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los mismos, fue parte de los puntos que expuso la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) en un encuentro con Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.
La reunión se dio en el marco del tercer ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cada cuatro años para conocer el nivel de cumplimiento del Estado de Nicaragua con relación a las recomendaciones brindadas sobre libertad de expresión y acceso a la información pública.
De acuerdo con la fundación, se presentaron “tres grandes ejes que adolecen en Nicaragua” respecto a las recomendaciones brindadas al gobierno y “que tienen gran énfasis a raíz de la crisis sociopolítica de abril 2018”.
La FVBCH —que fue delegada de la Sociedad Interamericana de Prensa— recomendó al Estado de Nicaragua “cesar toda represión y amenazas, así como campañas difamatorias en contra de los periodistas”, y “cumplir las medidas cautelares otorgadas por la CIDH favor de los periodistas”.
Asimismo, pidió que los medios de comunicación confiscados —canal 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana— y el material retenido a los periódicos LA PRENSA y El Nuevo Diario sean “inmediatamente regresados”.
La Dirección General de Servicios Aduaneros mantiene desde hace 32 semanas ocupada la materia prima para la impresión del periódico, pese a que el pasado 29 de marzo la Alianza Cívica y el régimen orteguista firmaron un acuerdo para devolverla.
FVBCH recomendó al Estado que para encontrar una pronta salida a la crisis sociopolítica se tiene que trabajar con instituciones nacionales e internacionales para que se garantice un diálogo respetuoso.
Organismos constatan represión de las libertades
Tanto la Sociedad Interamericana de Prensa como Reporteros Sin Frontera visitaron el país en agosto del año pasado para constatar la represión en contra de periodistas y medios de comunicación nacionales ejercida por el régimen de Daniel Ortega.
Los delegados de ambas sociedades hicieron un llamado a que cesara de inmediato todos los actos de agresión, intimidación y amenazas generadas por “parapoliciales y paramilitares identificados con el Gobierno” en contra de los comunicadores.
Durante su estadía en el país la SIP y RSF visitaron la iglesia de La Divina Misericordia donde pudieron ver el alcance de los disparos que realizaron la Policía Orteguista en contra de los jóvenes atrincherados en ese lugar. El ataque dejó dos muertos: Gerald Vásquez y Francisco José Flores.