Régimen orteguista continúa asedio contra opositores pese a los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica

La Unidad Azul y Blanco registra al menos 14 nuevos secuestros y la CPDH más de 30 denuncias contra la Policía Orteguista

Policía Orteguista detiene a jóvenes que protestaban con pancartas en la Pista Suburbana, Managua. LAPRENSA/O. Navarrete

Mientras el régimen de Daniel Ortega la semana pasada juraba en sendos comunicados que tiene voluntad de cumplir los acuerdos firmados con la Alianza Cívica, entre los cuales incluye el respeto de los derechos constitucionales de los nicaragüenses, la Policía Orteguista (PO) mantiene en lo que va de abril redadas para secuestrar y asediar a autoconvocados no solo en Managua, sino también en los departamentos.

El 29 de marzo la dictadura orteguista se comprometió, entre otras cosas, a restablecer los derechos y las garantías de los ciudadanos. Pero el actuar de la PO en plena luz del día ha dejado en evidencia que el dictador miente en sus comunicados.

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La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) registró hasta este sábado y en lo que va de abril a 14 ciudadanos nuevos secuestrados por la PO, de los cuales seis son de Jinotega y cinco de Masaya.

En tanto, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recibió solo el viernes reciente más de treinta quejas en contra de la Policía Orteguista.

Líderes de la Alianza Campesina del departamento de Nueva Segovia denunciaron el asedio de policías encapuchados y paramilitares orteguistas. LAPRENSA/W. Aragón

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Las denuncias revelan que los secuestros de la PO se caracterizan por agresión y amenazas. Por ejemplo, ayer en Managua, la Policía capturó al joven Melvin Méndez por participar un piquete exprés en la zona de Rubenia. Además detuvo a otros que protestaban con pancartas en la Pista Suburbana, según pudo constatar LA PRENSA.

En Estelí un policía agredió y retuvo a un autoconvocado de 22 años por presunto “daños a una propiedad”. La víctima corresponde a Beiker Antonio Valle Molina, quien fue objeto de una golpiza por parte de un agente uniformado. Durante su detención el policía lo golpeó en el rostro con la culata de un AK. El joven tuvo que ser trasladado a un hospital y posteriormente a una celda de la delegación policial. Horas después fue puesto en libertad.

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Valle, según sus amigos, es un universitario que había participado en las protestas del año pasado.

“Estamos alarmados porque tenemos a una policía que anda indiscriminadamente abusando de su autoridad”, expresó Marcos Carmona, de la CPDH.

Carmona señaló que los jóvenes son la principal víctima de la Policía, porque ellos son la fuerza de esta lucha social, iniciada el 18 de abril del 2018. “Ser joven es un delito porque es objeto de la persecución del gobierno”, lamentó el defensor de los derechos humanos, quien recordó que el 60 por ciento de los muertos registrados en el contexto de las protestas sociales pertenece a los jóvenes.

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La CPDH contabiliza ochocientas denuncias en contra de la PO desde septiembre de 2018 hasta inicios de este mes, cuando antes de la crisis se contabilizaba mil denuncias en un año. El 25 por ciento pertenecía a la Policía.

También usuarios de las redes sociales denunciaron este sábado el secuestro del autoconvocado Juan Ramón Zeledón, originario de la comunidad El Cedro, municipio El Cuá, Jinotega. Según los reportes, Zeledón fue sacado de su casa a golpes por paramilitares sandinistas.

Gobierno se “lava la cara”

Para Silvia Gutiérrez Pinto, de la UNAB, los comunicados que emite el gobierno de mantener la “voluntad” de seguir negociando con la Alianza Cívica son solo un “llamado hacia afuera” para tratar de “lavarse la cara (ante la comunidad internacional), pero la realidad es otra”.

Al respecto, Carmona manifestó que el actuar del régimen en las negociaciones es para ganar tiempo de que no le apliquen sanciones internacionales, lo que iría en detrimento de los nicaragüenses.

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“Mientras no haya voluntad del gobierno de resolver esto va a continuar la represión. Nicaragua ha tenido con sus funcionarios un doble discurso, y mientras no haya un diálogo verdadero y honesto y que se piense en la ciudadanía no vamos a tener resultados”, declaró.

Cita líderes de autoconvocados

Otra de las maneras de operar de la Policía Orteguista es por medio de citatorios judiciales, con que se busca intimidar a las voces críticas del régimen. Danilo Ramírez, originario de Carazo, fue parte de ese plan, así como lo fue en enero de este año Javier Hernández, conocido como Lady Vulgaraza.

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Ramírez es líder de los azul y blanco de El Rosario, Carazo. En la cédula de citatoria de la Policía, se señala que el motivo es para entrevista sin dar más detalles. Ramírez es compañero de lucha de Tamara Dávila Hernández, quien fue secuestrada por la PO y luego puesta en libertad la semana pasada.

“Acusamos a las autoridades municipales si llegase ocurrirle algo a quienes pretenden encarcelar injustamente. El pueblo ha sido paciente, pero seguirá en rebeldía hasta el fin de la dictadura”, denunciaron pobladores de la zona.

Asedio a campesinos en Ocotal

Por otro lado, la Alianza Campesina denunció que durante dos días permanecieron asediados por patrullas de la PO y paramilitares, cuando se encontraban reunidos en un hotel en la ciudad de Ocotal.

Denis Montano Zúniga, dirigente de la Alianza Campesina de Nueva Segovia, informó que desde el pasado jueves los 21 dirigentes campesinos de esa organización opositora se habían dado cita en un hotel. Sin embargo, fue hasta el viernes cuando llegaron patrullas de agentes policiales vestidos de uniformes negro y con capuchas.

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“El acoso e intimidación de la Policía Orteguista fue desmedido, lo que generó miedo en los vecinos cercanos al lugar al ver las camionetas de los uniformados que cercaron el sitio en el que estábamos reunidos”, dijo Zúniga.

Y añadió: “A este cerco se agregaron hombres de civil y a bordo de motocicletas que no se quitaron los cascos de protección”.

Reportes a la CIDH

Silvia Gutiérrez compartió que la UNAB realiza cada día reportes sobre la situación en el país y que son enviados al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH, y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Enviamos reportes diarios para que realmente vean que es necesario que ellos hagan presión (y) para que el gobierno cumpla de verdad”, reveló.

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Gutiérrez señaló que la CIDH le pidió a la UNAB que la “mantuviera informada” para nutrir sus informes” y ser expuestos ante encuentros internacionales.

“Los reportes ayudan a que ellos (la CIDH) puedan brindar un informe más claro y eso nos ayuda para que las sanciones puedan avanzar un poco más rápido”, aseveró.

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