El jueves de la semana pasada, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emplazó al régimen orteguista a que el lunes 22 de abril presente su plan de reformas electorales.
Según la Alianza Cívica —que es la contraparte opositora de la dictadura en la mesa de negociaciones en busca de una salida de la crisis que sufre el país desde el estallido social de abril del año pasado—, la propuesta electoral gubernamental debe ser presentada en la mesa de negociaciones ante una delegación del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, la cual tiene que ser invitada por el régimen y debería estar en Nicaragua en la fecha señalada.
Después de casi dos meses de negociaciones en la segunda etapa del diálogo nacional ha habido acuerdos importantes, pero secundarios, que de todas maneras el régimen no los ha cumplido. De allí que la posición de la Alianza Cívica sea exigir al régimen que cumpla los acuerdos firmados pero también comenzar a discutir de inmediato el tema electoral.
En realidad, liberar a todos los presos políticos y aclarar el caso de los posibles desaparecidos es un tema muy importante, por su sentido humanitario. Y lo mismo se puede decir del regreso de los exiliados, acerca de lo cual tanto la Alianza como el régimen dicen haberse presentado propuestas una y otro.
Pero lo crucial, lo neurálgico y determinante en la crisis de Nicaragua, y por lo tanto en el proceso de diálogo y negociación política, es la reforma democrática del sistema electoral, la depuración y reestructuración inclusiva del Consejo Supremo Electoral y la convocatoria anticipada de elecciones auténticas, transparentes, vigiladas internacionalmente como fueron las del 25 de febrero de 1990.
La verdad es que Ortega podría hacer todas las concesiones formales y reales que quisiera, pero si no hay un acuerdo electoral de fondo como punto de partida del proceso de reconstrucción del orden político democrático del país, nada sustantivo se estaría haciendo para resolver la crisis. Una crisis que, dicho sea de paso, ha sido creada por el mismo Daniel Ortega al haber impuesto una dictadura que no solo barrió la institucionalidad democrática del Estado, sino que masacró a la población que reclamaba en las calles la devolución de sus derechos y libertades.
La restauración del orden político democrático no implica solo lo electoral, por supuesto. También hay que reconstruir el poder judicial, establecer un eficaz sistema de control y rendición de cuentas en el Estado, depurar democráticamente y reconvertir profesionalmente las fuerzas militares y policiales, atacar la corrupción, etc. Pero antes es indispensable devolver al pueblo el derecho de elegir a sus gobernantes y representantes, que le ha sido arrebatado por la dictadura orteguista.
El dictador Ortega no está dando muestras de entender y aceptar esa imperiosa necesidad. Hay que obligarlo a que lo entienda y que lo acepte, lo cual se puede lograr con la presión de la calle, de la mesa de negociaciones y de la comunidad internacional que es determinante.