Impunidad, presos políticos, desempleo y pobreza... los estragos causados por el régimen orteguista a un año del estallido social



Impunidad, presos políticos, desempleo y pobreza… los estragos causados por el régimen orteguista a un año del estallido social

Reflejo de un país hundido en una crisis que parece lejos de resolverse son las voces de las familias de los entre 325 y 535 asesinados exigiendo justicia

15/04/2019
crisis en Nicaragua

Estudiantes de la Universidad Agraria, UNA, se enfrentaron a oficiales antimotines. Foto: Jader Flores/Archivo/ LA PRENSA

A un año del levantamiento social contra la dictadura de Daniel Ortega, a Nicaragua aún “le duele respirar”. Las heridas por las balas disparadas por la Policía Orteguista (PO) y los grupos de choque del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen abiertas en las madres, esposas e hijos de quienes perdieron a un familiar en los brutales ataques contra la población.

La rebelión que estalló el 18 de abril del 2018 no se ha silenciado, aunque la dictadura sigue reprimiendo y se expone vencedora de lo que califica un “intento de golpe de Estado”, como una manera de justificar sus crímenes de lesa humanidad, según de lo que la han responsabilizado organismos de derechos humanos internacionales.

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Iris Magaly Lagos en una de las marchas que exigía justicia por los asesinados por el régimen. Actualmente Lagos está exiliada. LA PRENSA/ CORTESÍA

Reflejo de un país hundido en una crisis que parece lejos de resolverse son las voces de las familias de los entre 325 y 535 asesinados exigiendo justicia; los piquetes y otras formas clandestinas en que jóvenes, junto a más ciudadanos, siguen protestando por la libertad de los presos políticos, así como el deterioro de la economía y la comunidad internacional aplicando sanciones.

Crímenes en impunidad

La Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) fue uno de los bastiones de las protestas donde cientos de estudiantes se atrincheraron desde el 19 de abril hasta el 9 de junio pasados, como parte de las protestas surgidas contra unas reformas a la seguridad social que quitaban el 5 por ciento de las pensiones a los jubilados, aumentaban la cotización laboral y de las empresas.

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Desde tempranas horas de ese 19 de abril del 2018 los estudiantes de las universidades Upoli, UCA, UNAN, UNI y UNA, en Managua, y en las sedes de otros departamentos dieron batalla a los antimotines y grupos de choque que recibieron orden de reprender las protestas. La criminal represión, las cual desde los primeros días dejó decenas de muertos, impulsó al pueblo en todo el país a lanzarse a las calles exigiendo la renuncia de Ortega y Murillo.

Noel Ramón Calderón Lagos, de 19 años de edad, era uno de los atrincherados en la Upoli. Él murió junto a su padrastro Humberto Antonio Parrales Reyes en una emboscada de paramilitares el 16 de mayo del 2018, cuando a eso de las 9:30 de la noche salieron de la Upoli en busca de una medicina para Noel.

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Desde el exilio Magaly Lagos, madre de Noel y esposa de Humberto, contó vía telefónica a LA PRENSA que la versión del joven que sobrevivió al atentado, es que paramilitares en una camioneta y en un taxi los emboscaron en el sector de la Iglesia Pío X, en Bello Horizonte. Los paramilitares golpearon con sus vehículos y dispararon contra los de la moto, causando que uno de los tripulantes cayera en la calle, pero los otros dos se estrellaron contra un rótulo del restaurante Don Pez.

A Noel los paramilitares lo torturaron hasta causarle la muerte. Humberto recibió un disparo en el lado derecho del pecho, muriendo de forma instantánea, pero también tenía varias fracturas porque lo golpearon con tubos.

“Mi hijo traía en sus pies y manos unos hoyos negros. El médico forense del Hospital Vivian Pellas, donde les hicieron la autopsia, me explicó que a mi hijo lo torturaron con choques eléctricos tan fuertes que le causaron varios infartos. A mi esposo lo destrozaron”, relata Lagos mientras su voz se ahoga en llanto.
crímenes en la impunidad

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— sostiene que en Nicaragua la dictadura de Ortega y Murillo ejecutó “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.

La historia de tortura y muerte de Humberto y Noel es descrita en el informe del GIEI, y es de los cientos de casos constatados —por los especialistas— del excesivo abuso de la fuerza por parte de la PO y paramilitares que incluyó tratos degradantes, violaciones sexuales, tratos crueles e inhumanos contra manifestantes autoconvocados.

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“Mi muchacho decía que Nicaragua merecía ser libre, que no era justo que le robaran su pensión a los ancianos. No sabía que mi hijo y mi esposo serían víctimas de un gobierno criminal”, lamenta Lagos.

A un año del estallido de la crisis, el crimen de ambos autoconvocados, al igual que del resto de más de 325 nicaragüenses asesinados, continúa en la impunidad.

En este año, que se cumple el próximo 18 de abril, Ortega y su séquito han puesto distintos tranques sobre la mesa de negociación para evitar que los crímenes sean investigados para llevar ante la justicia a los responsables.

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En la mesa de negociación con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia —establecida el 27 de febrero pasado— la delegación del régimen propuso que su Comisión Porras, la PO y otras cinco instituciones criticadas por defender a la dictadura, sean las que investiguen los violentos sucesos.

La Alianza Cívica exige que se conforme una Comisión de la Verdad independiente y a la CIDH como garante de los acuerdos sobre derechos fundamentales.

Para el sociólogo Cirilo Otero, “es una desfachatez de Ortega poner a los mismos criminales subordinados y obedientes servidores políticos a investigar los crímenes”.

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“Tenemos consecuencias políticas, sociales, económicas, psicológicas, humanas, culturales e históricas. Las más graves son psicológicas y humanas, porque ambas no se curan fácilmente, requieren tiempo y atención profesional.

Ambas son generadoras de odio, están en la conciencia individual, generan miedo a la vida y al poder político, y ambas están ligadas a las acciones humanas que desconocemos cuáles serán”, explica Otero.

Economía hundida

Igual de herida está la economía, que como efecto de la crisis cayó 3.8 por ciento en 2018, dejando más de 417 mil personas sin empleos entre formales e informales. La falta de un acuerdo entre el régimen de Ortega y la Alianza Cívica en torno a libertad, justicia y democracia está hundiendo más la economía de Nicaragua.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que en el 2019 la economía nicaragüense caerá 5 por ciento, mientras Funides prevé una contracción entre el 7 y 10 por ciento.

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El economista Enrique Sáenz explica que esos números significan que habrá más desempleo y subempleo, más empresas cerradas, más problemas para los empresarios y mayor penuria para las familias.

“Lo que todos debemos saber es que mientras Ortega permanezca en el poder no habrá solución posible: ni inversiones, nacionales o extranjeras; ni turismo; ni créditos a empresas y productores; ni cooperación internacional.

Y el costo de la vida seguirá elevándose, lo mismo que las deudas de empresarios y familias”, dijo Sáenz.

Gobierno sin liberar a presos políticos

A pesar que Ortega y sus delegados en las negociaciones juran tener voluntad de lograr un acuerdo que ponga fin a la crisis, ha incumplido los acuerdos ya firmados al negarse a liberar a todos los 779 presos políticos (encarcelados y excarcelados) entre los que están los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora. Más bien persiste el asedio y secuestro a quienes se atreven a protestar.

Tampoco se devuelven los medios de comunicación independientes confiscados ni entrega la materia primara retenida a LA PRENSA, Hoy y El Nuevo Diario.

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Carlos Tünnermann y José Pallais, de la Alianza en las negociaciones, tienen grandes expectativas sobre las propuestas de implementación de los acuerdos sobre la liberación de los presos políticos y derechos fundamentales que les presentarán a las partes los testigos y acompañantes de las conversaciones como son el nuncio Waldemar Sommertag y Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la OEA.

Los testigos citaron a las partes el próximo 23 de abril. Pallais dice que el nuncio y Rosadilla estarían asumiendo “un rol más activo, dado el estancamiento de la negociación, siendo mediador con el objetivo de superar el impasse, y ojalá sus propuestas hagan que el gobierno empiece a cumplir, por ejemplo, liberando a lo inmediato a los 262 presos políticos ya consensuados en las listas por la Cruz Roja Internacional”.

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Tünnermann dijo que Ortega pierde una oportunidad porque su incumplimiento de los acuerdos es observado por la comunidad internacional. “Si vienen sanciones de parte de un gobierno o de la comunidad europea, el responsable claramente ha sido el gobierno”, afirmó.

Y aunque en Nicaragua, la Organización de Estados Americanos y el Vaticano están intentando ayudar a Nicaragua a salir de la crisis, el régimen aún no muestra voluntad para alcanzar ese objetivo a través de reformas institucionales y electorales, que den paso a elecciones anticipadas y encauzar al país hacia la democracia.

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