Ninguno de los acuerdos sobre los derechos y garantías ciudadanas firmados el pasado 29 de marzo entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y los comisarios políticos enviados por Ortega a la mesa de negociaciones del diálogo se ha cumplido, valoró el exvicecanciller José Pallais Arana, miembro del equipo negociador de la Alianza.
Además de los 18 acuerdos que registra el documento Acuerdos para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, “se han incumplido dos más” añade Pallais Arana.
Lea además: Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Bancorp y Laureano Ortega Murillo
Uno de ellos fue acordado en la hoja de ruta, sobre la reforma electoral y que incluía una invitación a la misión de la OEA, para avanzar en el tema. El otro incluye la liberación definitiva de los presos políticos.
Al respecto, dijo que como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han “emplazado” al régimen orteguista su cumplimiento, pero esta falta de voluntad política de Ortega ha impedido que se retomen los temas acordados de justicia y democracia.
Propuesta “in extremis” de los testigos y garantes
Sobre la próxima reunión del martes 23 abril, aclaró que esta es una invitación de los testigos y garantes en la mesa del diálogo, Waldemar Sommertag y Luis Ángel Rosadilla, y esperan que asuman “un rol más activo” y presenten una propuesta de implementación que es lo que la “Alianza exige ante los incumplimientos” y acciones amañadas de Ortega.
Aseguró que no van a restablecer la mesa sino escuchar y valorar una propuesta “in extremis” de parte de los testigos y garantes, los que están preocupados porque los acuerdos se firman y no se cumplen.
“Por eso ahora se verán obligados a impulsar e implementar los acuerdos”, es la postura que espera Pallais Arana. Mientras tanto Ortega no muestra voluntad política, sino que continúa reprimiendo las manifestaciones e incumpliendo lo acordado.
“Hay 232 presos políticos consensuados que podrían iniciar su salida”, los que todavía continúan en las cárceles, denunció Pallais Arana.
También se continúan reportando a través de la articulación en redes sociales y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denuncias sobre allanamientos y detenciones ilegales en varias partes del país.
Asimismo hay otra lista de cerca de doscientos que el régimen niega están detenidos para los cuales han abierto una línea para confirmación o actualización en conjunto con el Comité Pro Liberación de Presos Políticos.
Al respecto observó que el procedimiento de liberación de los presos políticos consensuados a través de la Cruz Roja Internacional no ha empezado a funcionar.
También: Policía Orteguista secuestra y posteriormente libera a preso político Fredrych Castillo
Tampoco se ha logrado invitar a garantes internacionales (como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Meseni y CIDH) que velen el cumplimiento estricto de los acuerdos.
Libertad total de los presos políticos
Por su lado Daniel Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, comentó que el proceso de excarcelaciones del régimen ha sido unilateral.
“O sea ha sido un relajo, el cumplimiento ha sido nulo hasta el día de hoy”, cuestionó Esquivel lo que ve como burla para los presos.
Según organizaciones humanitarias y de derechos humanos han registrado más 800 presos políticos. Desde el 20 de marzo a la fecha, 230 han sido excarcelados bajo el recurso de “casa por cárcel”, es decir aún no han sido liberados legalmente, señala Esquivel.
En un intento de actualizar y depurar las listas, tanto la Alianza Cívica como el Comité Pro Liberación de Presos Políticos han abierto las líneas telefónicas en Movistar y Whatsapp: 8879-3343 y 8687-3298.
Derechos políticos reprimidos
Pallais Arana también detalló que en los acuerdos se habla de libertad de expresión y derecho de manifestarse los que “tampoco se han implementado”.
En las últimas marchas la policía ha reprimido y encarcelado, golpeado a manifestantes y robado equipos a periodistas.
Le puede interesar: Nicaragua retrocede 24 puestos en informe sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras
Recordó que el papel, tinta y otros insumos para la impresión de LA PRENSA y El Nuevo Diario aún no ha sido liberadas de aduana; tampoco han sido devueltas las personerías jurídicas a diversas organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo sigue pendiente el tema del desarme de los paramilitares, el control del armamento de guerra en manos de la Policía Orteguista, y la revisión jurídica del concepto de “terrorismo” que el régimen orteguista en su campaña de odio y persecución aplica a los manifestantes que han osado levantar sus voces y la bandera azul y blanco.
“Ninguno se ha cumplido”, reiteró Pallais Arana.
Justicia: tema pendiente
“A diferencia de la Alianza que aún no ha presentado, nosotras las Madres de Abril vamos a dar a conocer cuál va a ser la propuesta de justicia.
Este es un tema que nadie quiere tocar”, destacó Francis Judith Valdivia Machado, de la Asociación Madres de Abril (AMA).
Lea también: Padre del periodista Ángel Gahona, asesinado hace un año, sigue demandando justicia
Esperan presentar los casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su fin es que estos crímenes sean esclarecidos por medio de una fiscalía especial, apegada a la verdad y los derechos humanos.
Diálogo inició un 16 de mayo del 2018
Semanas después del estallido de sucesos de abril del 2018, un 16 de mayo se instaló el diálogo nacional en un intento de frenar el estallido social. Como mediadores a los obispos.
Los participantes demandaron a Ortega cesar la represión, abandonar el poder y convocar a elecciones. Este se suspende al mes siguiente.
Lea: Así te contamos el inicio del diálogo nacional en Nicaragua un 16 de mayo del 2018
Parte de sus actores son obligados a irse al exilio, otros son encarcelados. Ortega habla de intento de “golpe de estado” y acusa a los protestantes de “terroristas”.
El 27 de febrero del 2019 se abre otra fase del diálogo mediante el mecanismo de la Hoja de ruta definen la agenda. Participa la Alianza Cívica. La Unidad Azul y Blanco, que aglutina a más de 40 agrupaciones críticas, queda fuera del diálogo.
Se pacta la liberación de presos políticos supervisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en un plazo máximo de 90 días. El régimen inicia la excarcelación gradual a partir del 20 de marzo, hace un mes.
El 29 de marzo se anuncia los Acuerdos para fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas. A inicios de abril quedan aún pendientes los temas de adelanto de elecciones y de justicia. Se va a cumplir un año de inicio de los acuerdos, su huella es represión e incumplimientos de acuerdos firmados.
Actualmente el régimen de Ortega se enfrenta a presiones y sanciones internacionales de parte del parlamento europeo, y los Estados Unidos, quienes han demandado la liberación de los presos políticos y adelanto de elecciones.