Más de 80 personas fueron capturadas durante la Semana Santa por la Policía de Daniel Ortega, en la represión de las diversas protestas públicas que se hicieron contra la dictadura.
Las principales capturas fueron el Miércoles Santo, en Managua, con el fin de impedir la marcha convocada por la Unión Nacional Azul y Blanco para conmemorar el aniversario del estallido social de abril de 2018 y el comienzo de la masacre perpetrada por la dictadura, en la represión de la rebelión popular.
La represión más dramática fue la del Viernes Santo, en Managua, al terminar el viacrucis penitencial. Durante el trayecto jóvenes que enarbolaban banderas de Nicaragua se tomaron la rotonda de Metrocentro, lugar de emblemáticas manifestaciones de la resistencia pacífica democrática. Al terminar el viacrucis, un grupo que protestaba en los predios de la Catedral fue atacado por los policías con bombas ruidosas y disparos de armas de fuego al aire, que afortunadamente no mataron ni lesionaron a ninguno de los manifestantes.
En otras ciudades también hubo represión policial a las protestas pacíficas contra la dictadura, registrándose numerosos detenidos. Masaya, Diriamba y Jinotepe, que en las intensas batallas de la rebelión cívica del año pasado fueron reprimidas sangrientamente, han seguido bajo estado de sitio de facto y permanente, con masiva presencia de fuerza policial para intimidar a la población e impedir manifestaciones callejeras de protesta.
Pero lo más importante políticamente, de la Semana Santa, no ha sido precisamente la represión sino la lucha de los valerosos ciudadanos autoconvocados, la rebeldía y la resistencia cívica contra una despiadada dictadura policial que viola masiva y sistemáticamente los derechos humanos.
La resistencia es un derecho de los ciudadanos no reconocido formalmente por la ley, pero justificado por la necesidad humana de libertad y la obligación histórica de los ciudadanos conscientes y del pueblo, de rechazar a un régimen arbitrario que impide el ejercicio de las libertades civiles y políticas, que masacra a la población y pretende desconocer el principio de soberanía popular establecido en la Constitución Política de Nicaragua.
El dictador Ortega no cesa la represión, atropella la Constitución y no cumple su compromiso de respetar el derecho de manifestación pacífica, que sus operarios políticos han firmado en la mesa de negociación ante el nuncio apostólico y el representante de la OEA.
Ortega teme que las multitudes vuelvan a tomarse las calles como durante el épico y glorioso año pasado. Pero la gente se las ingenia para seguir manifestándose de diversas maneras, porque el proceso histórico iniciado en abril de 2018 no tiene marcha hacia atrás.
Nicaragua no será un sepulcro social, como dijo el obispo Báez en su mensaje de despedida a los nicaragüenses. La rebeldía y la resistencia cívica continuarán hasta lograr la liberación de Nicaragua y la conquista de la democracia.