El régimen de Daniel Ortega reforzó la capacidad de su principal fuerza represora, como es la Policía Orteguista (PO), pues en el 2018, año del levantamiento del pueblo contra la dictadura, “capacitó” a 7,390 oficiales entre sus filas, según el reporte de ejecución presupuestario anual del Gobierno, lo que equivale a casi el 50 por ciento del total de agentes .
Además de reforzar al personal represor formal, la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra señala que en el informe aparece que 102,573 “jóvenes en situación de riesgo” fueron parte del Programa de Seguridad Ciudadana.
Siendo ese “un dato inverosímil”, que para la analista permitiría confirmar que la PO usó fondos públicos “para financiar a grupos paraestatales”.
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Esos grupos fueron útiles para reprimir a las protestas ciudadanas.
El Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2018 está disponible en la página web del Ministerio de Hacienda. En él se refleja el desempeño de los programas de los ministerios, entidades descentralizadas y los poderes de Estado.
Cuadra explicó que ese informe oficial revela un dato muy importante con relación a las actuaciones policiales durante el año 2018, pues “consigna que para ese período se había programado atender a 9,000 jóvenes en situación de riesgo y que en realidad se atendieron 102,573 jóvenes; lo cual indica un cumplimiento del 1,140 por ciento”.
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No existe una explicación en el reporte gubernamental del porqué de ese brutal aumento de jóvenes supuestamente en situación de riesgo que fueron parte del Programa de Seguridad Ciudadana de la PO.
Cuadra sostiene que el hecho que más de cien mil jóvenes fueron parte de la PO “es inverosímil y no tiene comparación con las ejecuciones de años anteriores”.
A la Policía Orteguista se le acusa de ser la causante de haber organizado a paramilitares para asesinar a más de quinientos nicaragüenses desde las protestas del 18 de abril, así como de secuestrar, torturar, violar y hasta quemar a familias enteras en defensa de la dictadura de Ortega y Rosario Murillo.
Organismos, como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), han sostenido que para reprimir las protestas pacíficas de la población el régimen armó a delincuentes y pandilleros de los barrios en varias partes del país, los cuales fueron dirigidos por la PO en su accionar represivo.
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El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó la existencia de estos “grupos paraestatales”, a quienes a partir de mayo de 2018 se les comenzó a observar su participación como arma para reprimir violentamente las protestas ciudadanas que estallaron en abril.
Cuadra, especialista en temas de seguridad, refiere que el reporte de Liquidación del Presupuesto 2018 “lo que revela es que en efecto, la Policía utilizó recursos estatales para financiar a los grupos paraestatales que realizaron acciones de represión contra los ciudadanos durante todo ese año”.
“El dato llama todavía más la atención porque fue esa institución, la Policía, y no el Programa de Fomento a la Participación Juvenil, quien tuvo ese exponencial sobrecumplimiento presupuestario”, afirmó Cuadra.
El presupuesto asignado el año pasado a la PO fue de 3,654.7 millones de córdobas, el cual ejecutó un 97 por ciento, según el informe público.
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Al programa de “Prevención, Seguridad Ciudadana Humana” se le asignó 2,012.4 millones de córdobas, es decir, se le destinó el 55 por ciento del presupuesto total de la Policía.
Ese programa gastó el 98 por ciento de los fondos asignados. No obstante, Cuadra señala que hay una incongruencia porque el dinero presupuestado para el Programa de Seguridad Ciudadana no fue incrementado en el año, por tanto no hay explicación de los recursos utilizados para supuestamente capacitar a los más de cien mil “jóvenes en situación de riesgo”.
“Una pregunta que surge de esto es si la ejecución presupuestaria de la Policía para el 2018 fue del 97 por ciento, ¿con qué fondos se ejecutó ese sobrecumplimiento del programa de prevención?”, cuestionó Cuadra.
Mayor represión
Para el analista político Eliseo Núñez el reforzamiento de la PO en cuanto a personal, así como en transporte en el último año, demuestra una vez más la estrategia del dictador Ortega en reforzar su aparato represor y “su desesperación de mantenerse en el poder a través de las balas y muerte”.
El informe de liquidación del Presupuesto 2018 sobre la PO indica que en esa entidad se tenía previsto capacitar a 2,064 funcionarios, pero terminaron siendo 6,466.
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También en “nuevos” policías capacitados la meta eran 415 y terminaron siendo 924.
Es decir, entre los funcionarios y los “nuevos” capacitados suman 7,390 oficiales.
Núñez sostiene que al tener miles de antimotines y tropas especiales más el régimen “deja claro que la prioridad es sostener y reforzar la represión”, para “intentar ahogar la rebelión de los nicaragüenses que quieren fuera a Ortega del poder”.
“Eso lo que te dice es que Ortega actuó con desesperación para sostenerse en el poder a través de balas y la muerte, porque no le interesa el consenso con los grupos que le adversan ni está dispuesto a restaurar el proceso democrático en Nicaragua”, afirmó Núñez.
El analista señaló que con su actuación criminal la PO finalizó su transformación de una institución nacional a un “cuerpo partidario que ahora es sinónimo de violación de derechos humanos”.
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“La Policía ató su destino al de Ortega y por eso es tan peligrosa actualmente, es una enemiga enorme para la sociedad, porque decidió hacer lo necesario para mantener en el poder a Ortega”, dijo Eliseo Núñez.