La Fiscalía de El Salvador tomó control este miércoles de 61 propiedades adquiridas con supuestos fondos públicos por personas cercanas al expresidente Mauricio Funes, acusado del desvío de 351 millones de dólares durante su gestión, entre 2004 y 2009.
Entre los bienes inmuebles, que en conjunto suman 23.8 millones de dólares, figuran empresas, locales comerciales, una hacienda, residencias exclusivas y hasta una casa en Chile, informó la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un comunicado. “Las propiedades pasan provisionalmente al control del Estado por medio de la Ley de Extinción de Dominio”, precisó la FGR.
Los bienes inmuebles se encontraban a nombre de familiares y exempleados de confianza o miembros del círculo más cercano del expresidente, como su compañera sentimental Ada Mitchell Guzmán, y el acaudalado empresario Miguel Menéndez.
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En total los bienes intervenidos por la Fiscalía al entorno de Funes suman 85, luego que el año pasado fueron incautados 24 inmuebles, ubicados en los departamentos de San Salvador y La Libertad, en el centro del país, Sonsonate, en el oeste, y La Unión Usulután y San Miguel, en el este del territorio.
Este miércoles, Funes reaccionó desde Nicaragua por medio de su cuenta en Twitter: “la FGR debería ser más seria”, debido a que “las propiedades de las sociedades de Miguel Menéndez a las que se les está aplicando la extinción de dominio no son mías y no están relacionadas conmigo”, remarcó.
Supongo que alguna cuota de responsabilidad debe tener @oscarortizsv en la derrota electoral de Marzo pasado puesto que estaba al frente del gabinete económico y social en su calidad de Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia. Yo que él no buscaría la Sría General https://t.co/1IWXVnnree
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) April 24, 2019
El pasado 4 de abril, el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó la detención de Funes por el delito de evasión de impuestos al no declarar ingresos por 271.857 dólares en 2014, además de evadir impuestos por 85.157 dólares.
Fue el quinto pedido de arresto en su contra, Funes se encuentra asilado en Nicaragua con su familia desde septiembre de 2016, cuando huyó de El Salvador aduciendo “persecución política”.
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El expresidente enfrenta también otros procesos penales ante la justicia salvadoreña, principalmente por delitos relacionados con corrupción.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó el pasado 21 de marzo solicitar su extradición.
A inicios de abril el gobierno nicaragüense notificó a la Corte salvadoreña que Funes no será extraditado porque goza de asilo político.